Las denuncias presentadas ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, por negar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública se han triplicado en la presente legislatura respecto a la anteriorcomo se exhibe en Informe anual: Informe sobre transparencia en la X Legislatura de Canarias presentado por el propio Cerdán el viernes al Parlamento regional. Durante la legislatura que cerró ayer el presidente Ángel Víctor Torres tras firmar el decreto de disolución de la cámara autonómica, se contabilizaron 1.730 peticiones frente a las 615 recibidas entre 2015 y 2018.
Cerdán atribuyó las 575 solicitudes de información registradas en 2022 -50 más que el año anterior- a la «visibilidad propia» del comisario en los medios y en la web, las solicitudes telefónicas anuales y los «correos masivos» a miles de operadores en las Islas y el creciente uso de este derecho por parte de los funcionarios para solicitar información «a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus líderes administrativos».
El incumplimiento de las resoluciones favorables emitidas el año pasado por el Comisionado aumenta respecto a 2021. Si bien en 2022 en 338 juicios el ciudadano accedió, en el 17,7% de los casos no se cumplió el mandato del órgano de transparencia. En 2021, ese mismo porcentaje se situó en el 10,5%.
Sin embargo, ¿Qué entidades son las menos cumplidoras en 2022? El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (23 solicitudes no atendidas), el Servicio de Salud de Canarias (11), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (7) y los de Puerto del Rosario, San Cristóbal de La Laguna y Teguise, con tres cada uno. El informe destaca a los siete municipios como puntos de referencia en este tema, con la evasión del 98% de las solicitudes de acceso a la información pública.
Además, El comisario destaca que las declaraciones se formulan con cada vez mayor certeza y precisión porque en los dos últimos años no ha habido ningún recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Entre 2015 y 2022, de las 2.040 resoluciones sobre derecho de acceso aprobadas por la institución, 1.671 fueron aceptadas y 369 rechazadas. De las exitosas, nueve fueron impugnadas ante el TSJC. “En ocho de ellos se confirmaron plenamente nuestras resoluciones y en el noveno el solicitante estuvo parcialmente de acuerdo”, dice Cerdán.
En cuanto a la transparencia de las instituciones insulares, en esta legislatura los órganos evaluados se han multiplicado por 15 respecto a la anterior, 5.068 inspecciones entre 2019 y 2022 frente a las 342 que se habían realizado en la legislatura anterior. En particular, este aumento se evidencia en 2022, cuando se registraron 3.161 casos, o el 62,4% de la evolución del mandato. Cerdán explica que este fuerte aumento se debe al aumento de las subvenciones covid respecto al año anterior.
Índice de transparencia
En base a estas valoraciones se elabora el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que mide la calidad de los portales de transparencia de las entidades públicas y privadas subvencionadas de Canarias.
El último estudio, referido al año 2021, marca al sector público con una media destacable, 7,82, dos décimas más que el año anterior. Las asociaciones públicas (8,80), las universidades (8,74) y las instituciones autonómicas (8,51) son las que obtienen mejores notas. Mientras tanto, las mancomunidades ponderan el promedio, superando el suspenso transparente del año anterior, pero sin despegarse del cinco. Las empresas de derecho público, que comenzaron a valorarse en 2019, lograron pasar de 4,52 en ese año a 6,35 en 2021.
¿Cuáles son los organismos públicos con peor calificación? El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación con cero, la Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte (0,09) y el Consorcio El Rincón de La Orotava (0,30).
En reversa, El sector privado de Canarias no ha conseguido pasar del cinco, pero para Cerdán un 4,48 “no es bajo porque es el más alto que conocemos en toda España”. Explica que la suspensión se debe a que, por lo general, en las licitaciones, anuncios de concesión y resoluciones de concesión no se informa a las entidades de que tienen la obligación de cumplir con las leyes de transparencia si reciben más de 60.000 euros. .
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias fue creado en 2015 a raíz de la Ley de Transparencia de Canarias y es elegido por el Parlamento regional.
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