Jue. May 30th, 2024
Miguel Ángel Ramírez.  /EFE

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que absuelve a Miguel Ángel Ramírez de todos los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social de los que le imputaba el Ministerio Fiscal y de acusaciones particulares, en relación con su gestión al frente de la La empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) tiene un asterisco. También es destacable el recordatorio de la nota: el voto disidente de la jueza Mónica Herreras, quien en 63 páginas sostiene y cree -sobre la base de hechos probados y declarados- que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas debería haber sido condenado.

El planteamiento contrario de Mónica Herreras, cuya presencia no es habitual en la zona noble del Estadio de Gran Canaria durante los partidos oficiales del equipo amarillo o en las inauguraciones de concesionarios de coches, Es la nota disonante de una sentencia absolutoria que continúa con la mayoría formada por los jueces Miguel Ángel Parramón —presidente de la Sala— y Pedro Herrera. La sentencia absolutoria declara nula la investigación del caso llevada a cabo por el juez Salvador Alba, juez que cumple una pena de seis años de prisión por haber cometido prevaricación, falsedad y corrupción.

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Hechos probados

La conclusión a la que llega el juez Herreras, «sobre la base de todo lo expuesto, de las pruebas practicadas y de la valoración según las reglas de la lógica y la experiencia de la pluralidad», es que «el imputado [Ramírez y Héctor de Armas] “Debieron haber sido condenados como autores de los delitos por los que fueron acusados ​​en la calificación de la Fiscalía”. En el caso del presidente de la UD Las Palmas, El juez denuncia cinco infracciones contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2009 a 2013 y otras dos contra la Seguridad Social, delitos por los que el empresario grancanario fue expuesto a una petición de pena de 21 años de prisión.—.

Miguel Ángel Ramírez.  /EFE
Miguel Ángel Ramírez. /EFE

Entre los hechos probados, Herreras destaca que «además de ser director, primero de derecho y luego de hecho, el imputado don Miguel Ángel Ramírez ostentaba la propiedad del 91,45% de las acciones en que estaba dividido el capital social de la SIC. [Seguridad Integral Canaria]. De modo que Básicamente fue él quien aprovechó los beneficios obtenidos a través de la SICAsí, para explicar el fraude, el magistrado informa que «con el fin de reducir su partida de gasto y con la intención de perjudicar así los ingresos correspondientes al erario público, cuya recaudación está encomendada a la AEAT, así como la de la Sistema Público de Seguridad Social, que recauda la TGSS, En los años comprendidos entre 2009 y 2013, los imputados recurrieron a una ficción consistente en disfrazar como pago de dietas lo que en realidad era el pago de horas extras pagadas por los trabajadores del SIC y otros conceptos no exentos.«.

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Retenciones por IRPF

“Esto es por una razón obvia”, añade Herreras, “y es que Las dietas quedan excluidas de la obligación de retención que pesa sobre todo empresario respecto del IRPF de sus empleados y también de la base de cotización. a partir del cual Calculan las contribuciones que deben pagar a su seguridad social. Por eso fue salvo, La SIC prevé el pago de las retenciones del IRPEF de sus trabajadores y sus aportes a la SS por todo les pagaron bajo la intencionada y errónea clasificación de viáticos en lugar de horas extras y otros conceptos no exentos.»

El juez, en su texto, también subraya que «A partir de 2012 implementaron otro mecanismo complementario al anterior y también apuntaba a seguir reduciendo de manera fraudulenta la base de cotización de los trabajadores del SIC.«, entonces Se beneficiaron de un convenio firmado con el Comité de Empresa de la entidad de Las Palmas. «La SIC ha tomado medidas para despedir a los trabajadores del Seguro Social», agrega, «por aquellos períodos de vacaciones devengados y no disfrutados al finalizar la relación laboral, evitando así cotizar por este concepto una vez producida la terminación». empresa decide aprobar un Una empresa que seguía perpetuando la situación precaria de la mayoría de sus trabajadores, convenio que luego la SIC no respetó para seguir realizando pagos por conceptos que se decían suprimidos, siempre por un monto inferior al establecido en el Acuerdo de Estado. , y sin incluirlos en el precio base».

Evite la cita

Para Herreras, «esta subcotización deriva, como en el caso anterior, de dos circunstancias: la primera porque la SIC paga a sus trabajadores tanto en concepto de remuneraciones como de complementos cantidades inferiores a las que les corresponden, no sólo respecto del Contrato Nacional , eso por supuesto, pero también respecto de los establecidos en el propio Convenio y el segundo porque muchos de estos trabajadores no perciben las prestaciones a las que tenían derecho” Así – continúa el juez -;Se observa que: en primer lugar, a pesar de que el Acuerdo acuerda eliminar la compensación por fines de semana y feriados, los trabajadores de la empresa realizan labores en esos días, la empresa lo inserta en las listas y se lo descuenta de los cuadrantes de turnos, pero solo una pocos ven estos pagos reconocidos en los recibos de pago de salarios«.

En la imagen, Ramírez (i) observa la declaración del exadministrador de la SIC y también imputado en la causa, Héctor De Armas (d) / EFE - ELVIRA URQUIJO A.
En la imagen, Ramírez (i) observa la declaración del exadministrador de la SIC y también imputado en la causa, Héctor De Armas (d) / EFE – ELVIRA URQUIJO A.

El juez precisa en su voto particular que «el resto, además de las horas nocturnas y las horas extraordinarias, Reciben estos pagos bajo el nombre de viáticos para tratar de evitar contribuir a la seguridad social. Por lo tanto, a pesar de haber aprobado su Convenio Colectivo y acordado eliminar este bono, al final lo siguen pagando, pero enmascarando su pago mediante conceptos de salario adicional.permitiendo la total arbitrariedad de la empresa que dicta normas no reglamentarias y contrarias a los derechos de los trabajadores, más allá de la disciplina de su Contrato de Empresa.»

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Cantidades

El objetivo de esta maniobra, para el juez, era «evitar los ingresos adeudados que por todos los conceptos cobra la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuantía indicada anteriormente, y con el consiguiente daño sufrido por el citado Sistema Público en el período comprendido entre marzo de 2013 y octubre de 2017, cuya composición es la siguiente: Año 2013 (marzo-diciembre), 2.591.242,08 euros; Año 2014, 3.934.255,09 euros; Año 2015, 3.898.075,39 euros; Año 2016, 3.862.400,74 euros; Año 2017, 2.744.818,57 euros».

“A esto – aclara – hay que sumarle el importe de la deuda del SIC por falta de pago de cotizaciones derivadas de vacaciones devengadas y no disfrutadas, equivalente a 92.129,63 euros para el período de marzo de 2013 a octubre de 2017. Habiendo omitido voluntariamente la inscripción en el SIC correspondiente y contribución a la seguridad social para las cantidades pagadas por vacaciones devengadas y no disfrutadas al final de la relación laboral y en el período liquidado, el desglose del importe indicado es: Año 2013 (marzo-diciembre), 15.366,85 euros; Año 2014, 26.653,67 euros; Año 2015, 14.194,93 €; Año 2016, 26.009,35 €; Año 2017, 9.904,83 euros».

Hechos declarados

Herrera, por tanto, No tiene duda de que los hechos expuestos y probados en su opinión disidente «se ajustan a la verdad que se desprende de la amplia prueba del proceso que se desarrolló y de los hechos tal como fueron», como ya he mencionado. «El juicio de certeza que me permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que la condición de director de hecho del señor Ramírez de la SIC, una vez cesó su carácter de director de derecho el 2/08/2011, sustenta los siguientes procedimientos de prueba : Sobre la estructura de la SIC, precisó que estaba controlada por la familia Ramírez; Su padre era el director de la empresa, un primo era el jefe de operaciones y otro se encargaba de preparar las nóminas y dar el OK a las operaciones que contaban con el visto bueno del también presidente de la UD Las Palmas, también cuando era ya no era director único«.

El ex juez Salvador Alba, durante un juicio.  /EFE
El ex juez Salvador Alba, durante un juicio. /EFE

Analizando los testimonios del juicio, el juez subraya que «la Sala mayoritaria considera que no es posible entender que se cometió la conducta delictiva típica, ya que entiende que lo único que se pudo probar en este caso es que la empresa concluyó acuerdos con sus trabajadores que fueron lessivos de sus derechos, pero no que dejó de cotizar por dichas condiciones laborales, ni que los ocultó a la seguridad social”, sin embargo, al firmante del informe le queda claro que “El objetivo de los demandados no era reducir los costes salariales eliminando conceptos variables, ya que estaban parcialmente retribuidos, sino simplemente prevenir posibles reclamaciones de los trabajadores y, sobre todo, evitar sus cotizaciones a la seguridad social.«.

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Con base en todo lo anterior, Herreras cree que Ramírez debería haber sido condenado por siete delitos: cinco contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

Alba contamina el caso

Sin embargo, Parramón y Herrera aceptan como válido el argumento de la defensa de Ramírez. Para ellos Alba, expulsada de su carrera judicial, Manipuló la investigación penal del caso que llevó al estrado al presidente de la UD Las Palmas por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, que también es juez.entonces diputado de Podemos.

Alba citó a Ramírez a su despacho a escondidas y sin abogado y ofrecía una serie de ventajas procesales siempre que el día en que fue llamado formalmente a declarar expresaba una serie de circunstancias que querían poner en duda el ejercicio como juez del entonces diputado.

Victoria Rosell, durante su etapa como delegada del Gobierno contra la violencia de género.  / EDUARDO OYANA-EFE
Victoria Rosell, durante su etapa como delegada del Gobierno contra la violencia de género. / EDUARDO OYANA-EFE

El Juzgado de Las Palmas Ahora cree que esta conducta «espuria» del juez Alba invalida la posterior declaración formal de Ramírezcon una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válido, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no ha cumplido con su obligación de citarlo en los plazos legalmente establecidos para darle la oportunidad de presentar su versión. , asistido por su abogado.

Por Jose Luis Pastor Gomez

Jose Luis Pastor Gómez es un famoso periodista español. Nació el 5 de mayo de 1966 en Madrid, España. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional como periodista en 1988. Ha trabajado para varios periódicos y revistas como El País, El Mundo y ABC. Además, ha colaborado en diferentes programas de radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, como el Premio Rey de España al Mérito Periodístico (2001) y el Premio Nacional de Periodismo (2002). En la actualidad, José Luis Pastor Gómez es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Editores de Periódicos (AEDE) y de la Asociación Internacional.

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