Jue. May 30th, 2024
La Audiencia investiga si Miguel Ángel Ramírez aprovechó la Reserva de Inversiones de Canarias para lucrar con ella

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario Miguel Ángel Ramírez de los delitos contra Hacienda y Seguridad Social por los que estaba investigado desde 2014 en el juicio judicial en el que intervino el corrupto ex juez Salvador Alba Mesa, actualmente en prisión .

Precisamente la contaminación que Alba provocó en aquel procedimiento, con el que pretendía dañar la carrera profesional y política de la jueza Victoria Rosell, es una de las causas determinantes de la absolución del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El otro, la falta de definición de algunas investigaciones de la Agencia Tributaria, cuyos representantes no lograron establecer con precisión ni en la disposición ni en la audiencia celebrada el pasado mes de julio de 2023, los conceptos en base a los cuales se produjo el fraude con el que el muelle atrapó a los emprendedor.

Esta sentencia, recién hecha pública, supone un duro golpe para la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, que con esta instrucción, Procedimiento Previo 644/2014, inició una larga serie de acusaciones contra Miguel Ángel Ramírez que en un primer momento no no conduce a ninguna condena para el empresario. En este caso, el fiscal pedía para él 21 años de prisión por defraudación por importe de 36 millones de euros, 30 a la Seguridad Social por las aportaciones entre 2009 y 2017 y 6 al Hacienda por retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). entre 2009 y 2013.

Junto a Ramírez también fue absuelto el exadministrador de Seguridad Integral de Canarias (SIC), Héctor de Armas. Ríos pidió una pena más leve para él, cinco años.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, existe un voto particular firmado por la jueza Mónica Herreras, que respalda la condena de los dos imputados. Herreras fue designada inicialmente como relatora del fallo, cargo del que fue relevada porque su criterio no contó con el respaldo de la mayoría de la Cámara.

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La sentencia se refiere expresamente a la contaminación producida en este caso por el corrupto exjuez Salvador Alba Mesa, que intentó utilizarla en 2016 al pactar con Ramírez para perjudicar a la jueza Victoria Rosell cuando se presentó a las elecciones por Podemos, con el que llegó a formar gobierno. delegado contra la violencia de género. Ramírez grabó la conversación en la que Alba le pidió pruebas falsas para integrarlas al caso, que terminó con la condena del ex juez a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación. Actualmente cumple esa condena en la prisión madrileña de Estremera, en la que ingresó en octubre de 2022.

La sentencia concluye que la acción penal no puede darse por concluida por los delitos que abarcan los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 y por las cotizaciones a la seguridad social de 2009 a 2012, porque no se emitió a los imputados la declaración preceptiva exigida por estos hechos. .

Sin esta declaración, sostiene la Sala, no es posible la delimitación de la base punible, ni la consiguiente acusación «y mucho menos su condena, ya que quedarían expuestos a una clara y determinante situación de desamparo».

Esta decisión del Juzgado es consecuencia de la declaración de nulidad de la instrucción del caso durante el período en el que estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y, por tanto, del ex magistrado responsable de este caso. Salvador Alba, cuyos autos procesales quedan totalmente invalidados.

Para tomar esta decisión, el Tribunal se basa en los elementos probados de la sentencia que condena a Alba a seis años de prisión por prevaricación, corrupción y falsificación de documentos, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). el 10 de septiembre de 2019 y confirmado por el Tribunal Supremo.

La Sala presume que “el mismo día” que Alba tomó posesión de su cargo en la Instrucción 8, dictó una resolución que acordó el cobro de las declaraciones del empresario Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, sin precisar nada más, y con “falsas y propósito distorsionado, ajeno a las investigaciones.

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Por ello, la Corte considera contrarios a derecho tanto esa resolución como las declaraciones vertidas ante el corrupto ex juez Alba. “No está acreditado que el monto global que la SIC no pagó a la Agencia Tributaria en el ejercicio fiscal 2009 en concepto de retenciones no pagadas sobre las sumas que debía retener en concepto de IRPEF a sus empleados por el pago de tales horas extras u otros conceptos incluidas en la subclave L 01 del modelo 190 como dietas superiores a 120.000 euros», se lee en la sentencia.

Movimientos

La Corte admite la irregularidad fiscal al considerar como viáticos lo que corresponde al pago de horas extras y otros bonos de productividad, pero precisa que no todo lo declarado como viáticos debe traducirse en los conceptos antes mencionados.

El Tribunal sostiene que también es lógico pensar que existen trabajadores que, para desempeñar sus funciones de vigilancia y seguridad, se han visto obligados a desplazarse del lugar donde se encuentran los distintos centros operativos de la empresa a otros, y que por tanto bien podrían han generado créditos que entran dentro de las dietas libres de impuestos.

Por otro lado, la resolución considera que el promedio definido como retención en origen -19,70%, según las acusaciones- no se ajusta al promedio real que se deriva de los tipos de retención en origen resultantes de realizar los ajustes derivados del cálculo a cada uno de ellos. de los trabajadores. Por ello se declara que «no es posible establecer si la deuda supera los 120.000 euros».

Convenio con la Seguridad Social

En referencia a la acusación de delitos contra la Seguridad Social en el período de 2009 a 2012, queda fuera del ámbito de sanción, a juicio de la Sala, porque existía un acuerdo entre la Seguridad Social y la empresa según el cual se pagaba una deuda. reconocida, de la que se deriva la liquidación y el compromiso de pago de las cuotas debidas a la Seguridad Social. Esta disposición se vincula a otro precedente de la Seguridad Social respecto de las cotizaciones devengadas en el período comprendido entre 2005 y 2008.

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Existe otra acusación que se refiere a obligaciones con la Seguridad Social que abarcan el período comprendido entre finales de 2013 y 2017, relacionadas con la aprobación de convenios en los que las condiciones laborales son inferiores a lo establecido en el convenio estatal. Estos dos acuerdos fueron declarados nulos de pleno derecho por la jurisdicción social. Por tanto, se deberán regularizar los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social y abonar el importe debido y pagado, con el compromiso a tal efecto por parte de la empresa, que ha pagado las cotizaciones correspondientes a las aportaciones de los trabajadores y con respecto del resto el pago se efectúa según los plazos establecidos.

Si bien la Sala no cuestiona la existencia de una discrepancia y la obligación de remediarla, precisa la sentencia, no se considera probado que ese resultado sea consecuencia de un acto fraudulento, como exige la causa penal aplicable.

Por otra parte, del fallo se desprende que no se formularon cargos por delito contra los derechos de los trabajadores. Finalmente, se cree que, desde que cambió el administrador legal de la SIC y Héctor de Armas comenzó a ejercer la profesión, «aunque estaba claro que Miguel Ángel Ramírez era el accionista mayoritario, no era posible acreditar para efectos punibles que Ramírez también había actuado como administrador de facto”.

“Es nuestra opinión que en el caso en cuestión – leemos en la sentencia – de la prueba practicada no surge con la debida claridad y suficiencia que la calidad de administrador de facto del JIT necesaria para sustentar la acusación en su contra, una vez dejó de existir su cargo de administrador judicial en agosto de 2011.

Por Jose Luis Pastor Gomez

Jose Luis Pastor Gómez es un famoso periodista español. Nació el 5 de mayo de 1966 en Madrid, España. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional como periodista en 1988. Ha trabajado para varios periódicos y revistas como El País, El Mundo y ABC. Además, ha colaborado en diferentes programas de radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, como el Premio Rey de España al Mérito Periodístico (2001) y el Premio Nacional de Periodismo (2002). En la actualidad, José Luis Pastor Gómez es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Editores de Periódicos (AEDE) y de la Asociación Internacional.

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