El presidente de la región destaca la aprobación de la adenda al actual convenio por 407,5 millones, que se suma a los 38 ya firmados y los 500 ya reconocidos e incluidos en los Presupuestos del Estado de Canarias en 2021, 2022 y 2023

Junto al vicepresidente y ministro de Hacienda, Román Rodríguez, y el ministro de Obras Públicas, Sebastián Franquis, Torres subrayó la sabiduría de apostar por la negociación para solucionar un problema de una década

El consejero delegado cree que las medidas aprobadas hoy por el Gobierno español para seguir haciendo frente a la inflación están bien dirigidas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado esta tarde la importancia del Consejo de Ministros de hoy para resolver definitivamente el conflicto de las autopistas surgido hace 10 años por el incumplimiento del Acuerdo 2006 por parte del Ejecutivo español presidido por Mariano Rajoy -2017 . Torres compareció en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, junto al vicepresidente y ministro de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el ministro de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. Según Torres, el apoyo a la firma de una adenda por 407,5 millones de euros en las próximas semanas demuestra el éxito de la apuesta de diálogo y negociación de ambos Gobiernos, al tiempo que «resuelve una injusticia cometida por el Gobierno del PP sólo con las Comunidades Autónomas de la Islas Canarias».

Torres considera muy importante poner fin a este conflicto con la autorización de esta adenda, cuyo importe (407 millones) se suma a los 500 millones de euros ya reconocidos e incluidos en los presupuestos autonómicos de 2021 (100 millones). (200) y 2023 (otros 200 millones más 40 de intereses de demora), sujetos a cesión por el Estado. El presidente ha recordado el daño que ha causado la violación de ese acuerdo por parte del Gobierno de Rajoy “porque hubo que parar o suspender las obras adjudicadas, que se hizo sólo con Canarias. La sentencia fue contundente, porque no se puede anular un acuerdo cuando hay obra en curso por mucho que se aprovechen de la crisis, aparte de que no se respetó la REF, fue contra nuestra jurisdicción y perjudicó la economía y la conectividad”. Según ha remarcado, “se pisoteó a una comunidad y, por tanto, fue una gran decisión acudir a la justicia”.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo canario considera aún más importante que “ahora, y sin volver a acudir a los tribunales, el conflicto se resuelva mediante la negociación”. Torres espera que lo ocurrido “no vuelva a ocurrir, pero que tampoco se olvide, ya que el PP afirma que el Gobierno español está violando ahora la REF sin ponerse rojo. Hay mil millones que están resueltos”, insistió.

500 millones para gastos ordinarios: financiación de servicios y obras esenciales

Por su parte, Román Rodríguez recordó que, en 2018, los 500 millones reconocidos se colocaron en la Contabilidad Nacional como superávit de Canarias y que el Gobierno regional no lo aceptó, «porque esto no afectaría a la vida de Canarias». ya que solo amortizaría la deuda pública de la Comunidad Autónoma. Por ello firmamos un convenio y pedíamos que esos 500 millones se pudieran destinar a gastos ordinarios en cualquier área de competencia, así como que se buscara una fórmula para que lo que se acordó y no se ejecutó también se transfirió a la Comunidad, algo que se está logrando hoy, aunque no ha sido fácil”.

Rodríguez insistió en que algo se ha resuelto “que genera Rajoy y que el Gobierno de Canarias no resuelve de 2015 a 2019, pero ahora nosotros. Había 500 millones en el limbo y desde 2021 se han gastado en servicios y obras, mientras que a día de hoy se han aprobado 445 millones, de los que ya se han concluido 38 (el resto es la cifra de 407 millones).

En su intervención, Sebastián Franquis ha explicado que, en 2019, se certificaron las obras realizadas antes de 2018 por esos 38 millones, por lo que la adenda sube a 407, “que son las aprobadas hoy por el Consejo de Ministros”. El concejal ha recordado que, hace un mes, el Gobierno central autorizó a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a firmar la adenda y que el Ejecutivo autonómico pueda certificar otros 134 millones de obras ejecutadas, cifra que ahora se anticipa, “con lo que se paga la deuda de las obras realizadas y certificadas (407 millones)”. De estos 134, 125 fueron certificados el 15 de septiembre y 9 más lo serán el próximo enero.

Franquis también destacó la importancia de resolver este conflicto de décadas desde la política, el diálogo y el entendimiento. Según se indicó, se espera la firma de la adenda en las próximas semanas.

El consejero ha explicado que, para cumplir con el compromiso de saldar la deuda, el Consejo de Ministros autorizó hoy el pago a Canarias de 407 millones de euros de deuda por obras no ejecutadas en el marco del convenio anterior (2006-2017). Este pago se realizará en dos partidas. Por un lado, el pago casi inmediato y anticipado de 134,5 millones de euros por las obras del anterior convenio de autopistas no realizadas antes de la expiración del mencionado convenio (2017) por falta de financiación del Estado. El Gobierno de Canarias ha realizado finalmente con fondos propios aquellas obras del anterior convenio que quedaron descolgadas entre 2019 y 2022.

El otro pago por parte del Estado, con el que se salda la deuda de 407 millones de euros, corresponde a la firma de la adenda al convenio vial vigente por importe de 273 millones de euros. La adenda se pagará en dos años a dividir entre los años 2026 y 2027 del vigente Acuerdo de Autopistas (2018-2027), años que hasta el momento no preveían ninguna aportación dineraria. Con esta adenda, el actual acuerdo de autopistas pasará de los 1.200 millones firmados en 2018 a 1.473 millones de euros.

La deuda del Gobierno de España con Canarias en materia de carreteras por infracciones del anterior Convenio de Carreteras, 2006-2017, ascendía a más de 1.000 millones de euros al inicio de la legislatura, tanto por obras ejecutadas (419 millones) entre 2012 y 2014 con fondos propios de la Comunidad así como por las obras que no pudieron realizarse por falta de fondos estatales (445 millones). Además, las deudas por obras realizadas con recursos propios generaron intereses de demora por importe de 139,7 millones de euros; por lo que la deuda por obras ejecutadas asciende a 559,2 millones de euros. Esta deuda fue reclamada por la administración regional a través de los tribunales, que se puso del lado de Canarias contra el estado. Sin embargo, el anterior gobierno de España, en manos del Partido Popular, siempre se ha opuesto a este pago, por lo que debió ser el actual gobierno de Canarias el que, de nuevo en colaboración y diálogo, aprobó el pago de esta partida con el Gobierno estatal. Con estos acuerdos del Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno de Canarias da por saldada y liquidada la deuda que el Estado tenía con esta Comunidad Autónoma.

Medidas antiinflacionarias del gobierno central

Torres también se refirió al tercer paquete de medidas aprobado hoy por el Gobierno español para hacer frente a la inflación tras la invasión rusa de Ucrania y destacó su efecto en Canarias. Sin embargo, y como también hizo el ministro de Hacienda, ha recordado que en Canarias no hay margen para rebajar los impuestos energéticos, carburantes o alimentos, ya que el IGIC es cero en estos tramos. Además, considera un acierto que, como está haciendo el Gobierno de las Islas, haya ayudas para los colectivos más afectados, como agricultores o transportistas (que siguen con la subvención de 20 céntimos por litro de combustible), así como para son iniciativas ampliadas para evitar desalojos, cortes de luz y otros servicios básicos para las familias que no pueden afrontar estos gastos.

El presidente ha subrayado que, entre las iniciativas, hay un paquete ampliado de medidas para los afectados por el volcán de La Palma y ha explicado que, a pesar de las dificultades, Canarias ha mejorado su escudo social y ha evitado que cerca de 300.000 personas estuvieran en riesgo de pobreza. Asimismo, recordó el paquete fiscal aprobado por su gobierno con los Presupuestos de 2023 para rentas inferiores a 50.000 euros, los buenos registros de desempleo y afiliación a la seguridad social, los datos del turismo en la temporada de invierno o los avances en la diversificación de la economía.