La investigación por la muerte de Romina nunca se ha detenido, según el presidente de la audiencia provincial de Las Palmas. No hay «ningún indicio» de que alguno de los instructores tuviera «algún tipo de responsabilidad»
El Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdesmagistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar las posibles disfunciones que se hayan podido producir en la investigación de la
muerte de romina celesteconcluyó que, durante los cuatro años que duró el juicio, el caso «nunca quedó paralizado».
Por el contrario, la emisión de resoluciones por parte del magistrado y de los dos jueces suplentes que estaban a cargo del juzgado de instrucción núm. 1 de Arrecife en ese período «fue prácticamente continuo».
Después de dos días la semana pasada, el investigador del procedimiento de información iniciado de oficio por la Sala de Gobierno examinó detenidamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife, Lanzarote, que no hay «indicación» que ninguno de los tres instructores que actuaron en la causa durante esos cuatro años «podría haber incurrido en responsabilidad alguna».
asesinato sin cuerpo
Como se planeó, Moya Valdés Este viernes presentó su informe sobre el caso Romina, de carácter confidencial, ante la Cámara de Gobierno, de la que es miembro nato. Desde este órgano se señala que, a la luz del contenido del acta, se constata que estamos ante «un asunto muy complejo que se persigue por el delito de homicidio sin existencia del cadáver», que ha exigió la práctica de numerosos peritajes, entre ellos peritajes, algunos de los cuales son indispensables para el buen desarrollo de la causa y que, por tratarse de acciones preliminares, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad.
Duración excesiva de las tasaciones
El órgano rector de jueces de Canarias señala que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste, «se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de unos informes pericialesa pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el que nos ocupa con un preso, debe evitarse».
La Sala de Gobierno anuncia que, «lamentando profundamente lo sucedido», para contribuir a que en el futuro la investigación dure «lo menos posible», se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias pide que «se dote de los medios necesarios para Instituto de Medicina Legal de Las Palmascuyo informe, evidentemente complejo, demoró más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de la citada Dirección General, responsable del sistema de gestión de procedimientos, para que, en todos los documentos judiciales en que proceda, se declare y se destaca claramente la mención «caso con detenido», y esto para que no quede duda sobre el carácter preferencial de su trato.
El imputado en el presente proceso, actualmente en libertad en espera de juicio y sujeto a medida cautelar, hasta el momento ha venido cumpliendo con todas las obligaciones que le han sido impuestas.
