los
Comité de Huelga de la Administración General seguir informando de la
violación del Acuerdo 23Ala falta de una negociación real con el único organismo legítimo que actualmente representa al grupo después de más de 20 meses de huelga.

A través de un comunicado, el grupo denuncia «un día más que la ejecución de los procesos de estabilización previstos por la ley 20/2021 no conducirán a la estabilización de todo el personal afectado por abusos temporales».

También advierten que «el Gobierno de Canarias sigue mostrando indiferencia ante el incierto futuro de este colectivo,
sin evaluar el daño humano, moral, económico y social que Estos procesos tendrán un desenlace incierto, negando la posibilidad de establecer y/o negociar bases que, como se ha publicado en otras Administraciones Públicas, permitan a los afectados conservar sus puestos de trabajo.

“Como nos pidió el presidente Ángel Víctor Torres el 4 de septiembre “en la nota de 2022 en un medio escrito” -añaden en la nota- “analizamos cómo eran Canarias y cómo son ahora en cuanto al apartado que somos responsable de la estabilización del personal temporal según se apruebe en las Cortes. En este sentido lo afirmamos
aunque este presidente aplauda a un jefe de gobierno que intenta poner las medallas, lanzando un eslogan de precampaña en el que habla de “la mayor creación de empleo en las administraciones públicas de todos los tiempos”, no quita que la sociedad y en particular los afectados no puedan leer entre líneas. No, señor Ángel Víctor Torres, no creará empleo, impulsará el mayor ERE encubierto de la historia de las administraciones públicas y lo hará en connivencia con organizaciones sindicales con intereses espurios».

«Señor Presidente, usted y su equipo de gobierno están
participantes en el desmantelamiento de los servicios públicos, siendo los canarios y canarias los que pagan una vez más, la incompetencia de los líderes políticos del actual gobierno. Tendrán la tarea de enviar al paro a muchas personas con dificultades para reincorporarse al mercado laboral, en su mayoría mujeres y sobre todo, por no haber defendido y ejecutado un Acuerdo que permita hacer justicia VERDADERA y EFICAZ con las personas afectadas” , agregan en la Nota.

“Os recordaremos”, concluyen, “cuantas veces sea necesario
los funcionarios somos las victimasque los procesos de estabilización NO son la sanción para la Administración, sino para los empleados que l
la indemnización por despido será de millones y es irresponsable destinar dinero público para buscar o pretender “reparar” el daño causado por líderes políticos que tienen nombre y apellido”.