Afirman que la Comunidad Autónoma de Canarias no siempre utiliza el nombre adecuado, tanto en los procesos selectivos ordinarios como en otros procesos

Aprovechan reunión con la ministra de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para pedir atención detallada

Julio Pérez se compromete a «escrutar» la candidatura de este colectivo, ya que «dar seguridad jurídica a los candidatos y al personal administrativo no es solo una comodidad, es una obligación»

El decano del Colegio Oficial de Licenciados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, José Antonio Marrero, y su asesor jurídico, Pedro Quintana, han pedido al Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una visita realizada esta semana, que la Administración Autonómica utiliza la correcta denominación de sus cualificaciones en las ofertas y ofertas públicas de empleo (OEP).

Según la Asociación que agrupa a estos profesionales, la Comunidad Autónoma de Canarias no siempre utiliza la denominación adecuada de sus títulos académicos, de los que derivan sus atribuciones profesionales, tanto para los procesos ordinarios de selección como para otros procesos.

Los cambios producidos en estas denominaciones no siempre se trasladan al lenguaje actual, que sigue hablando de títulos que ya no deberían estar en uso, como por ejemplo, dijo el decano, el de los titulados «superiores», que en su opinión, es inadecuada.

Por ello, y para respetar los derechos de sus colegiados, el Colegio Oficial de Licenciados e Ingenieros Industriales ha solicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y al Gobierno de Canarias que preste mucha atención a los nombres que utilizan en sus llamadas

El concejal prometió investigar el asunto de cerca. Según ha afirmado, “no sólo por los intereses de los profesionales y los derechos que puedan tener, que habrá que estudiar con detenimiento, como se exige, sino para evitar conflictos y disputas, que no han sido infrecuentes en los últimos años”.

Julio Pérez explicó que “brindar seguridad jurídica a los solicitantes y al personal de nuestras administraciones no es sólo una comodidad, es una obligación”. En este sentido, ha añadido que “los requisitos de titulación establecidos en nuestras ofertas, concursos y listas de puestos de trabajo deberán ser adecuados a lo establecido en cada momento por las leyes reguladoras de las cualificaciones profesionales”.

• En la imagen, de izquierda a derecha, José Antonio Marrero, Julio Pérez y Pedro Quintana