el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdesmagistrado designado por la Sala de Gobierno de la Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar los posibles desajustes que se hayan producido en la investigación de la muerte de romina celesteconcluyó que, en los cuatro años que duró el juicio, la causa «nunca quedó paralizada», sino que, por el contrario, la emisión de resoluciones por parte del magistrado y los dos suplentes que se encontraban en
ese período al frente del tribunal de instrucción n. 1 de Arrecife «era prácticamente continuo».
El instructor del procedimiento de información iniciado de oficio por la Sala de Gobierno ha concluido, tras dos días la semana pasada examinando detenidamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, que «no hay indicios» de que ninguno de los tres instructores que actuaron en el caso en estos cuatro años «podría haber incurrido en algún tipo de responsabilidad».
Como era de esperar, Moya Valdés presentó su informe sobre la caso romino, de carácter reservado, ante la Sala de Gobierno, de la que es miembro nato. Este organismo precisa que, a la luz del contenido del documento, se verifica que Es «un asunto muy complejo que se está procesando por el delito de asesinato sin existencia de cadáver»lo que requirió la realización de numerosas pruebas, incluidas pruebas periciales, algunas de las cuales son indispensables para la correcta investigación del caso y que, al ser actos de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse. sobre su pertinencia o utilidad.
Solicitud de más medios
El órgano rector de jueces canarios asegura que, sin embargo, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la redacción de algunos informes pericialesa pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el que nos ocupa con un preso, debe evitarse».
La Sala de Gobierno anuncia que, «lamentando profundamente lo sucedido», para contribuir a que en el futuro la investigación dure «lo menos posible», se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias solicitar que se dote de los medios necesarios «al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuya compleja relación evidentemente llevó más de dos años», así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para que que, en todos los documentos judiciales en que proceda, se haga constar y se destaque visiblemente la mención «caso con reo», y ello para que no quede duda sobre el carácter preferente en su tratamiento.
