Caso de las mascarillas: el director del Servicio Canario de la Salud se escuda en el contexto y niega haber sido invitado a dimitir

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Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la Junta Directiva semanal. La misma ministra de Justicia ha añadido que el objetivo es conseguir, «en la medida de lo posible», la recuperación de los cuatro millones de euros que Canarias reclama a la empresa a la que el Servicio Canario de Salud (SC) adjudicó el contrato de urgencia para comprar mascarillas en los primeros meses de la pandemia. Esas mascarillas, que se suponía que eran del tipo FFP3, nunca llegaron a los hospitales de la isla.

Ser parte del caso, explicó Pérez, permitirá «actuar en el proceso, proponer procedimientos y hacer reclamos».

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción interpuso denuncia contra el director de la SCS, Conrado Domínguez; la exjefa de la dirección general de recursos económicos del organismo público, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la adjudicataria de ese contrato de emergencia (RR7 United SL, una empresa de automoción sin experiencia en el sector sanitario), aprecian carteles de los delitos de prevaricación, tráfico ilícito, estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos con cargo al empresario.

La Fiscalía Anticorrupción calificó este procedimiento de «extraordinariamente irregular», incluso «grotesco». La denuncia destaca que el contrato se negoció durante 21 días vía Whatsapp y que en ese lapso en ningún momento se cuestionó la solvencia de la empresa, su capacidad para obtener y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos exigidos. Destaca que, pese a estar justificado por la necesidad «urgente e imperativa» de dotar de mascarillas FFP3, esas de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al precio más elevado. que se pagó durante toda la pandemia (más de un euro más por unidad que el segundo más caro). También reprocha a la SCS haber aceptado un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de los dependientes y después de dos jefes de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos de la entidad pública advierten que el riesgo de fraude «era notorio» y que RR7 United era «una empresa fantasma, pirata». O que en junio de 2021, cuando ya se había rescindido el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar un cambio en el que el adjudicatario se compromete a entregar un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro al mismo precio., un compromiso que ni siquiera él ha respetado y que hizo tres meses después de la llegada a Gran Canaria de un cargamento de poco más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía, que fueron destruidas en la aduana tras ser declaradas falsas.

Ayuda en la Secretaría General de la SCS

En cambio, Julio Pérez destacó que el Consejo de Gobierno decidió este jueves nombrar a Esther García Cabrera como nueva secretaria general del Servicio Canario de la Salud (SCS). «Usted es un funcionario público del inspector de Hacienda con una larga trayectoria en las administraciones de Canarias». Su antecesor, Abraham Cárdenes, esgrimió «motivos personales» cuando pidió su destitución.