Mié. Ago 10th, 2022
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acudido al Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife para pedir explicaciones sobre el último retraso en el caso La Bufona, que juzga a los promotores de una urbanización construida en parte en suelo protegido en las afueras de la capital de Lanzarote. El impulsor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los magistrados da así paso a una denuncia realizada el pasado 30 de junio por el demandante de este caso, Gonzalo Murillo, propietario de un terreno que fue ocupado para construir las viviendas donde residen, entre otros. , la actual alcaldesa de Arrecife y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, o el fiscal Miguel Pallarés.



Las contradicciones sobre el enésimo retraso en el proceso penal que azota la quinta del alcalde de Arrecife

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En esta denuncia, Murillo se refirió a la información publicada por Canarias ahora el 24 de junio sobre las contradicciones en torno a la paralización de las actuaciones en los diez meses transcurridos entre julio de 2021 y mayo de 2022. Un retraso que se suma a los innumerables que ha sufrido la causa penal La Bufona desde su apertura hace más de 22 años y esta ha llevado a que, en un juicio inicial anulado por motivos de forma, se rebajaran considerablemente las sanciones impuestas a los promotores de la urbanización, al considerarse indebida una demora de cinco años y siete meses.

Las versiones de la jueza encargada de este abreviado procedimiento, Margarita Gómez (en sustitución de la titular del Juzgado 3 de lo Penal, que se abstuvo), y del Gobierno de Canarias y fuentes sindicales sobre este último retraso no coinciden. Todo ello forma parte del escrito que la magistrada envió al Ayuntamiento el pasado mes de mayo en respuesta a una petición de información de ese organismo a raíz de otra denuncia de la denunciante. En esa respuesta, Gómez negó que hubiera habido una demora «desproporcionada e indebida» desde que se tomó el trámite «con excepción» de esos diez meses. Y lo atribuyó a la licencia sin goce de sueldo del funcionario a cargo de su tratamiento ya que no se habían repartido los argumentos. En respuesta a una pregunta planteada por este diario a través de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), el juez ha precisado que en este informe hace constar «única y exclusivamente» los datos facilitados por el juzgado, cuya dirección Corresponde al abogado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial).

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La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, por su parte, ha explicado que durante ese periodo hubo tres víctimas de larga duración en el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, pero que todas fueron cubiertas «con el paso del tiempo». y en la forma”, según las modalidades habituales que no se extiendan por más de dos meses. Las fuentes sindicales abordadas por Canarias Now también confirmaron que un funcionario llevaba diez meses en situación de incapacidad temporal en ese órgano judicial, pero que su baja había sido cubierta en menos de 40 días, según datos que habían podido consultar a nivel interno.

Ante la «incongruencia» de lo declarado por el magistrado en su informe a la Diputación del Común y «lo recogido de las noticias e informado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y por sindicatos fuentes», el denunciante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, había solicitado la apertura de un procedimiento de investigación al servicio de inspección del CGPJ, servicio encargado, dependiente de la Comisión Permanente, con las funciones de verificación y control el funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia.

Días antes de que se enviara el escrito a la Justicia, el propietario del terreno que ocupa la urbanización La Bufona también se había dirigido al juez de instrucción del partido judicial de Arrecife y le instó a que solicitara el esclarecimiento de estos hechos al Juzgado 3 de lo Penal. Murillo teme una falso cierre del caso. “Los delitos ya reconocidos serían los últimos, siendo los más importantes la negligencia cometida en la investigación del caso y dilaciones injustificadas”, subrayó en los escritos enviados a diversos órganos.

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El primer juicio de La Bufona tuvo lugar en 2015 y se saldó con seis meses de prisión para los procesados ​​(los promotores Antonio Caro y Federico Echevarría) por un delito continuado contra la ordenación del territorio (por haber construido en suelo rústico para proteger el jable), aunque posteriormente el Juzgado de Las Palmas la rebajó aún más (hasta dos meses de prisión, sustituible por 1.200 euros de multa) en el recálculo de dilaciones indebidas (unos seis años). Una sanción que el magistrado ponente definió como «puramente simbólica, por no decir ridícula». En su acusación, de finales de 2011, el fiscal pedía cuatro años de prisión para ellos.

El juicio fue anulado definitivamente en julio de 2018. El Juzgado de Las Palmas estimó el recurso y decidió devolver las actuaciones al estado en que se encontraba en 2011 porque los propietarios no habían sido citados como responsables civiles. Este órgano judicial argumentó que, al presentarse como testigos y no como «heridos» (con la presencia de sus abogados en la audiencia) habían sido privados de la posibilidad de defender su posición en relación con la demolición parcial de las viviendas que requería dicha sentencia.

Tras esta nulidad se inició un nuevo procedimiento abreviado que quedó completamente paralizado entre abril de 2021 y mayo de 2022, fecha del auto por el que el juez admitió las pruebas solicitadas por las partes para fijar posteriormente el nuevo juicio en noviembre.

En los escritos que el querellante de La Bufona ha presentado a diversas peticiones, destaca que, a su juicio, los propietarios de las casas deberían haber sido señalados como responsables penales, y no civiles, de la ejecución de obras ilegales. Murillo afirma que los propietarios ampliaron sus viviendas en suelo protegido años después de firmar las escrituras públicas y actuaron así como promotores.

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La casa del presidente del PP de Lanzarote permanece intacta casi una década después de que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ordenara su derribo parcial con una resolución firme, ya que nunca fue impugnada por el actual alcalde de Arrecife. Los técnicos del Gobierno de Canarias comprobaron que en ese chalet se habían realizado obras de ampliación hasta 2005, cinco años después de la compra por parte de Pérez.

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Por Jose Luis Pastor Gomez

Jose Luis Pastor Gómez es un famoso periodista español. Nació el 5 de mayo de 1966 en Madrid, España. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional como periodista en 1988. Ha trabajado para varios periódicos y revistas como El País, El Mundo y ABC. Además, ha colaborado en diferentes programas de radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, como el Premio Rey de España al Mérito Periodístico (2001) y el Premio Nacional de Periodismo (2002). En la actualidad, José Luis Pastor Gómez es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Editores de Periódicos (AEDE) y de la Asociación Internacional.

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