JAVIER DARRIBA Las palmeras de Gran Canaria

viernes 18 noviembre 2022, 01:00

Los vecinos de la calle Joaquín Costa, en la zona del Puerto de la capital grancanaria, barajan la posibilidad de
presentar una denuncia penal a los responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la inacción municipal ante el ruido que sufren las actividades lúdicas y de restauración.

«Estamos explorando la posibilidad de la jurisdicción penal, como se ha hecho en algún lugar de la Península, porque aquí la inercia (de la administración) es total», dijo el portavoz de la plataforma vecinal que denunció las molestias provocadas por el Ruido, Albert Álamo. .

Según la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Contra el Ruido, Yomara García
la persecución penal es factible en este tipo de situaciones y destacó que para ello es importante «que los vecinos tomen medidas».

Subrayó que el código penal contempla la figura del delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente,
en su modalidad de contaminación acústica con riesgo para la salud de las personas, en competencia con el delito de lesión; También recuerda el artículo referente al delito continuado de abuso ambiental.

El letrado recordó que en Cáceres fueron condenados a prisión un exalcalde, un exconcejal y varios encargados de locales de ocio por el ruido constante en un barrio.

Vecinos de la zona del Puerto de la capital grancanaria insisten en que «hasta hoy nada ha cambiado» y no les sorprende el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le condenó por inacción en el caso del ruido e impuso una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los afectados.

“El recurso sólo consigue que esto se eternice en el tiempo”, prosiguió el portavoz de la plataforma vecinal, “dentro de un año se habrá ido el alcalde y dejará este problema a quien venga”.

El presidente de la asociación nacional Juristas contra el Ruido cree que el recurso municipal es una «tortura» para los vecinos ya que
«prolonga la agonía» para soportar el ruido durante años.

En cuanto a la defensa que ha hecho la abogada municipal de las actuaciones del Ayuntamiento en la zona -con multas o con la elaboración de un mapa de ruidos-, Yomara García ha recordado que ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostienen que la Los procedimientos de regulación o las mediciones de ruido, por sí solos, no se consideran suficientes actuaciones de los municipios para solucionar los problemas de ruido.

En este sentido, ha recordado que cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habla de los esfuerzos que hace en los controles de las dobles puertas de los locales o los restrictores, «esto no sirve para las terrazas porque en este caso habla de un ruido aéreo transmitido a las viviendas”.

En su opinión, en el caso de las terrazas, sería necesario
gran influencia en el control de aforo, distancia a fachadas y control de horas de funcionamiento.

Error ofensivo, según el PP

Por su parte, el PP, a través de su portavoz adjunto, Ángel Sabroso, interpretó el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del TSJC como un «error ofensivo para los vecinos y el sentido común». El alcalde indicó que “el PSOE comete un error ofensivo con la presentación de este recurso. El mensaje que lanzan los socialistas es demoledor: no solo no protegen los derechos de los vecinos, les obligan a acudir a los juzgados para que alguien defienda su derecho al descanso, sino también cuando los juzgados dan la razón a los vecinos hasta en dos ocasiones consecutivas , utilizan los recursos públicos , los impuestos de los vecinos afectados, para combatir y prolongar una agonía judicial sin solucionar los problemas de ruido que no les dejan descansar.

En un comunicado, el PP recuerda que aunque el alcalde socialista había anunciado que cumpliría la sentencia e indemnizaría a los vecinos, ahora se sabe que el PSOE ha impugnado la sentencia en el Tribunal Supremo. Y es que desde 2019, los vecinos que residen en las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme que han denunciado al Ayuntamiento los graves problemas de convivencia y descanso en el barrio, cansados ​​de ver que no se hace nada, se han embarcado en un camino judicial que supuso un enorme esfuerzo en tiempo y dinero y que le dio la razón en dos ocasiones consecutivas (Primera instancia y TSJC), sentencias que el PSOE decidió impugnar en Casación en Casación

y seguir sin aceptar que hay un problema grave que solucionar, apoyar a las personas afectadas y promover la convivencia entre los vecinos y las actividades recreativas.

“Que los vecinos tienen que pagar sus propias mediciones de ruido porque la Municipalidad no tenía personal ni sonómetros para realizar este trabajo, que tuvieron que denunciar la inacción ante un problema evidente, que vieron como hechos establecidos en los dos juicios ganados, al igual que los índices de ruido registrados, han sido impugnados por los mismos funcionarios municipales que debían protegerlos y ahora están a la espera de un nuevo recurso de su propio Concejo Municipal contra ellos, atentos al mínimo de sentido común”, dijo el popular lamento.