Los dos policías locales condenados por torturar y herir a un vendedor ambulante senegalés en enero de 2011 en un centro comercial del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, ya han entrado en prisión para comenzar a cumplir su condena. Gilberto Julián Macías, con antecedentes penales por violencia machista, ingresó el viernes 5 de mayo en la prisión de Juan Grande, en la misma isla. Tres días después lo hacía Carlos Javier Hernández en el pequeño centro penitenciario de La Palma, ubicado en el casco urbano de la capital y con capacidad para unos 60 reclusos.

La sentencia, celebrada desde el 15 de marzo, consideró probado que estos dos agentes atacaron grave y reiteradamente al migrante tras una persecución en el centro comercial de Puerto Rico, violando su integridad moral y causándole una fractura en el brazo izquierdo. El Tribunal Supremo, no obstante, redujo las penas que les había impuesto la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2021 por la excesiva duración de las actuaciones. De los siete años y medio iniciales de prisión a cuatro años y ocho meses y de los diez años de prohibición especial a nueve.

Los policías condenados nunca han recibido una multa por parte del Ayuntamiento de Mogán. Ni siquiera se ha abierto un expediente disciplinario. Ni cuando se conocieron los hechos, con el Partido Popular (PP) de Francisco González en el gobierno, ni en las posteriores etapas judiciales que se produjeron con la actual alcaldesa y candidata de Coalición Canaria al Parlamento regional, Onalia Bueno (entonces con Ciuca, ahora en Juntos por Mogán, aliado de CC), en el poder: la apertura del juicio oral y la formulación de las acusaciones (2017), la primera condena por el Juzgado de Las Palmas (2021) y la confirmación por el Tribunal Supremo (2023) .

Uno de los agentes, Gilberto Julián Macías, está fuera de servicio desde hace años por otros motivos. Sin embargo, Carlos Javier Hernández siguió en activo sin interrupción hasta que ingresó en prisión. Su número de identificación policial siguió apareciendo hasta el pasado domingo en las hojas de servicios que recopilan la organización del trabajo de la Policía Local de Mogán. Esos documentos decían que este agente estaba «de licencia». El Ayuntamiento de la localidad sureña no respondió a las preguntas formuladas por esta redacción sobre la situación laboral en la que se ha encontrado este policía tras quedar firme su fallo en marzo.

Cuando el ataque llegó a los medios con la difusión de un video tomado por las cámaras de videovigilancia de un supermercado del centro comercial, Mencey Navarro, entonces concejal opositor en el Ayuntamiento de Ciuca y ahora primer teniente de alcalde y alcalde responsable, entre otros, de el área de Seguridad de la Ciudad, solicitó la celebración de un pleno para solicitar la apertura de un expediente disciplinario contra los dos agentes, que ostentaban la condición de sospechosos. Esa sesión acabó celebrándose en 2014, con un año de retraso por la negativa del comisario a convocarla. «El señor (Francisco) González (entonces alcalde) es el único que tiene serias dudas sobre lo que allí se ve (en el video), pero es evidente e indiscutible que las imágenes muestran un ataque real a un ciudadano senegalés», agregó. dijo en ese momento el actual número dos de la empresa moganera.

Sin embargo, luego de asumir funciones de gobierno tras las elecciones realizadas en mayo de 2015, Ciuca no hizo nada de lo que se le había pedido al alcalde anterior un año antes. Uno de los agentes implicados, Carlos Javier Hernández, hijo de un exconcejal del PP y de un policía municipal, fue incluso ascendido a oficial en enero de 2022 y, diez meses después, condecorado con el distintivo Cruz de Servicio Activo durante veinte años. Unos elogios que le llegaron cuando ya había sido condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El fallo final de la Corte Suprema se hizo público el 21 de marzo de este año. Dos días después, se celebró en el Ayuntamiento de Mogán una mesa general de negociación en la que la UGT solicitó la apertura de un expediente sancionador para el único agente aún en activo, Carlos Javier Hernández. Tampoco hubo respuesta del concejal Mencey Navarro, que instó a que se pida «por otros medios».

UGT contrasta este caso con lo ocurrido en 2018, cuando el Gobierno de Onalia Bueno suspendió de su empleo y sueldo a cuatro policías locales durante seis meses, incluido un representante sindical, por realizar un precinto al día siguiente inicialmente previsto, decisión se tomaron para no perturbar el orden en el local, desde el primer día el dueño se había negado cuando el establecimiento estaba lleno. Ciuca negó entonces que esta sanción se deba a razones políticas y que se trate de un «procedimiento estrictamente administrativo, regulado por ley». Lo cierto es que esta suspensión finalmente fue anulada por los tribunales por falta de justificación.

Para los agentes condenados por torturas y lesiones, la Municipalidad ni siquiera ha abierto expediente en estos más de diez años, a pesar del art. facultades y «la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o hostigadores de las personas bajo su custodia».

Además, para este proceso penal, el Ayuntamiento ha contratado por 15.000 euros los servicios del bufete del conocido penalista José Antonio Choclán, el mismo que defiende a la alcaldesa en las causas en las que sigue imputada. La pretensión no era sólo la de liberar al Consistorio Sur de la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, de la obligación de indemnizar a la víctima en el caso de que los agentes condenados no pudieran hacer frente a ella. También exigió la absolución de los agentes del delito de tortura que les imputaba y la transformación de la lesión de grave a leve, reduciendo así al mínimo las penas. No lo logró.

solicitud de indulto

A los policías condenados se les dio el requisito de ingreso voluntario a prisión el 27 de abril. Uno de ellos, Carlos Javier Hernández, solicitó la suspensión provisional argumentando que se había interpuesto un recurso de amparo ante la Corte Constitucional y también una solicitud de indulto. La sección primera de la audiencia provincial de Las Palmas rechazó esta petición y el agente ya ha ingresado en prisión.

A finales de abril comenzó a circular en el Ayuntamiento de Mogán una carta solicitando firmas en apoyo al indulto del policía condenado. En ese documento, que también pasó por otras administraciones y círculos, se hablaba de Carlos Javier Hernández como «un ciudadano ejemplar» que siempre había tenido un «comportamiento impecable» y que los hechos por los que fue condenado habían sido «algo excepcional» en su carrera profesional y ocurrió hace doce años. “No tiene sentido que vaya a prisión ahora a cumplir una condena que ya no sirve a su propósito, lo que le hace merecedor de dicho indulto”, recoge ese escrito en el que también negaba haber discriminado a una persona por motivos de género, raza, religión. o nacionalidad y que especificaba que el policía colaboraba con su parroquia y con asociaciones sin ánimo de lucro.

El propio agente hizo circular esa carta entre sus contactos con mensajes pidiendo que se enviara la firma a su despacho de abogados para poder presentar la solicitud.

La condena de los dos policías se basó en las grabaciones captadas por una cámara de videovigilancia de un supermercado del centro comercial y en las declaraciones de la víctima y varios testigos, entre ellos otros agentes. En las imágenes vemos a uno de los agresores, Gilberto Julián Macías, persiguiendo al vendedor ambulante, haciéndolo tropezar hasta hacerlo caer y propinándole varios puñetazos dentro de dicho establecimiento. Las golpizas, nuevamente según el relato contenido en las sentencias, continuaron hasta las comisarías ubicadas en el mismo centro comercial mientras el migrante, que había sido llamado a declarar por un incidente que involucraba a su primo y los mismos agentes, reclamaba la ayuda. de la Guardia Civil. Tanto la víctima como los testigos dijeron que Carlos Javier Hernández lo golpeó con un objeto contundente, similar a una porra, lo que pudo haberle quebrado el brazo. El juzgado concluyó que los agentes actuaron de esta forma en «represalia» por la actividad que realizaba (narcotráfico) y para «intimidarle» en el juicio en el que debía declarar como testigo.