Sáb. Jun 3rd, 2023
Imagen de fardos de cocaína.

EL La Fiscalía Antidrogas ha pedido 11 años de prisión para dos personas y el pago de una multa de 120 millones cada unapara el transporte -presuntamente- 844 kilos de cocaína a bordo de un velero interceptado en alta mar y transportado a la base naval de Las Palmas de Gran Canaria en septiembre de 2021.

El fiscal entiende que estos dos hombres -uno de nacionalidad española y el otro con pasaporte ítalo-venezolano- Son los autores de un delito contra la salud pública relacionado con sustancias que causan daños graves a la salud y la pertenencia a una organización criminal.

Por su parte, la defensa de ambos intereses i absolución gratuita entendiendo que tanto la investigación como la detención y traslado de la droga a puerto no se realizaron de manera lícita.

Ambos acusados ​​serán juzgados más tarde. 13 de abril en la Audiencia Nacional.

Según la fiscalía antidrogas, el imputado, en fechas cercanas a septiembre de 2021, habría actuado «en el marco de una red criminal transnacional» con el «firme propósito de transportar desde un punto geográfico insuficientemente determinado de América del Sur una cantidad significativa de cocaína, con vistas a una mayor distribución en la Unión Europea», subraya la acusación.

Para ello utilizaban el llamado velero memorándumcuya propiedad estaba documentada a nombre de una empresa de la cual uno de los internos era el único director.

En este escenario, el fiscal precisa que los imputados recibieron la droga «en alta mar de terceros no identificados» en «un lugar próximo a aguas territoriales españolas», todo para «ser trasladados a otro buque de la red criminal para su posterior introducción en el territorio de la Unión Europea».

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Cuando los acusados ​​cruzaron el Atlántico hacia aguas cercanas a las Islas Canarias, la Subdirección de Supervisión Aduanera (DAVA), el Cuerpo Nacional de Policía (Udyco Central) y la Guardia Civil desarrollaron un operativo antidrogas conjunto destinado a atrapar a los narcotraficantes. Los investigadores recibieron el 17 de septiembre de 2021 a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), un informe de Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unidoque se refería a un velero no identificado que se encontraba en coordenadas cercanas al Memo y que había despertado sospechas de ser utilizado como narcovelero.

en alta mar

Con esta información, el 19 de septiembre, la patrullera DAVA nombró Petrel I, que se encontraba en esa zona como parte de la Operación Pascal-Lino 2021, localizó el Memo en su radar aproximadamente a 800 millas náuticas al oeste de Canarias. y estableció «la operación naval propia». En la madrugada del 20 de septiembre de 2021, la mencionada patrullera “procedió a ejercer el derecho de acceso previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, tras informar y solicitar confirmación de abanderamiento mediante su propia documentación.

De esta forma se supo que el velero «navegaba, en efecto, sin ondear ninguna bandera» con ambos procesadores a bordo.

Los agentes observaron «a simple vista» un número indeterminado de fardos, lo que «determinaba su custodia inmediata en lugar cerrado a bordo de la lancha patrullera Petrel, así como la detención de ambos imputados”.

Una vez trasladado a la Base Naval, el Diligencia de entrada y registro de la embarcación y 41 pacas fueron bajadas a tierra «luego encontrando otra paca de las mismas características que las anteriores bajo la mesa comedor del velero».

La cantidad total de droga incautada fue 844,89 kilogramos de cocaína, con un índice de pureza de 72,18% y un valor de venta en el mercado negro de 30.527.654 euros.

Imagen de fardos de cocaína.

C7

Piden absolución alegando nulidad de proceso

Mientras el fiscal acusa, la defensa está interesada en la libre absolución de los dos imputados, entendiéndose que la diligencia es nula por haber sido practicada por los encargados de la investigación al cometer supuestas irregularidades. Según el escrito de defensa firmado por el abogado Rafael Jiménez de Oliva, el policía de la Guardia di Finanza Petrel I se acercó al Memo protegido por el CD”, sin que éste “les hiciera llegar respuesta alguna”. Sin embargo, el embarque se llevó a cabo «sin la autorización de las autoridades británicas o alemanas, siendo este último el país al que realmente pertenece la bandera del buque». Tampoco, insiste este partido, «contaba con autorización judicial española». Este derecho de visita, añade el comunicado de la defensa, “es responsabilidad de los buques de guerra y dentro de una situación de guerra, lo que no ocurre en este caso”. La Vigilancia Aduanera española, añade, “entró en el buque Memo (…) mediante una maniobra de abordaje no autorizada por la ley y sin justificación alguna”. El letrado insiste en que «tras proceder al abordaje injustificado en un punto incierto del mapa», tras lo que considera un «registro ilegal» de la embarcación y la detención de su tripulación, los funcionarios de DAVA «solicitan autorización de entrada y registro a bordo del buque, y la presentación urgente de una demanda por parte del Ministerio Público para subsanar la incompetencia «ex post facto» para realizar este procedimiento. La defensa también denuncia que el traslado del velero fue autorizado por auto de 24 de septiembre «cuando está a punto de llegar a Canarias, habiendo sido remolcado durante más de tres días sin ninguna autorización judicial”. También que 41 de los 42 fardos fueron trasladados al buque sin autorización, sin fe pública y que se superó el plazo máximo de detención del acusado antes de llegar al continente.

Por Jose Luis Pastor Gomez

Jose Luis Pastor Gómez es un famoso periodista español. Nació el 5 de mayo de 1966 en Madrid, España. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional como periodista en 1988. Ha trabajado para varios periódicos y revistas como El País, El Mundo y ABC. Además, ha colaborado en diferentes programas de radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, como el Premio Rey de España al Mérito Periodístico (2001) y el Premio Nacional de Periodismo (2002). En la actualidad, José Luis Pastor Gómez es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Editores de Periódicos (AEDE) y de la Asociación Internacional.

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