El Servicio Canario de Empleo, en coordinación con la Inspección de Trabajo, ha elaborado este año veinte propuestas de sanción por un total de 39.514 euros a empresas de más de 50 trabajadores por incumplimiento de la obligación legal de que al menos el 2 por ciento de sus empleados son Personas con discapacidad.

La ministra de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ofreció esta información durante una comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en 2022 se realizaron 560 inspecciones específicas en este requisito legal, mientras que el año pasado fueron 417.

Cuando las empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores no contratan al menos el 2% de su plantilla a personas con discapacidad, tienen varias alternativas compensatorias para evitar ser sancionadas y corresponde al Servicio Canario de Empleo valorar si las propuestas comerciales que realmente compensar la falta de contratación.

Estas medidas alternativas son la firma de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad, la realización de donaciones o patrocinios de actividades de inserción y creación de empleo con personas con discapacidad o la creación de un enclave de trabajo. .

En el caso de Canarias, el Servicio Canario de Empleo aprobó 62 medidas alternativas en el periodo 2020 a 2022, de las cuales 41 contratos de prestación de servicios alternativos por 4,2 millones de euros, seis contratos de suministro por 200.000 y quince donaciones por € 300.000.

Elena Máñez compareció en la Comisión de Discapacidad por iniciativa del diputado Carlos Ester, del Grupo Popular, que decidió convocar a todos los consejeros del Gobierno para que cada uno explique las políticas de sus respectivos departamentos en relación a las personas con discapacidad.

Para Carlos Ester, las políticas de discapacidad no corresponden solo al Ministerio de Derechos Sociales, sino que deben ser acciones transversales de todo el gobierno.

Sin embargo, lo que falta es un plan estratégico para todo el poder ejecutivo y una mayor coordinación en las políticas de discapacidad entre los departamentos de derechos sociales, empleo y educación, según Carlos Ester, quien denunció que las 17.000 personas pendientes de reconocimiento de su discapacidad no tienen acceso a un apoyo específico debido a esta falta de reconocimiento.

La concejala Elena Máñez refutó a la diputada del PP y aseguró que la discapacidad, como la igualdad, es una de las políticas transversales del Gobierno de Canarias y afirmó en este sentido que no sólo hay coordinación en el ejecutivo, sino también entre éste y los colectivos discapacitados.

En cuanto al empleo, Máñez ha explicado que en Canarias hay 89.900 personas con discapacidad en edad laboral, un porcentaje del 5,78 por ciento del total, frente al 6,17 por ciento del conjunto de España.

Por otro lado, la tasa de inactividad entre las personas con discapacidad es mayor en Canarias, un 72,9 por ciento frente al 65,6 por ciento del conjunto del país, lo que Máñez atribuye a que el grado de discapacidad predominantemente a nivel nacional es leve y en el caso del archipiélago es grave o muy grave.

No obstante, la evolución del mercado laboral de las personas con discapacidad en Canarias ha seguido la misma tendencia positiva desde 2020 que en el conjunto de la población, en línea con la recuperación económica tras la pandemia y las cifras récord de empleo, ha señalado.

Canarias fue la segunda comunidad en crecimiento de afiliados a la seguridad social entre las personas con discapacidad en 2021 y la tercera en aumentos de contratación, detalló la consultora, aunque el paro registrado en este colectivo a finales del año pasado fue de 8.930 personas, una tasa de 15. por ciento.

Máñez ha explicado que las políticas activas de su departamento para personas con discapacidad se desarrollan en dos líneas: empleo protegido en centros especiales de empleo y ayudas a la contratación en el mercado laboral ordinario.

En total, se han destinado en esta legislatura 23,5 millones de euros para el trabajo tutelado de personas con discapacidad.