El empresario argumentó que la Seguridad Social «no ha llegado a la conclusión» de que las dietas disimulan las horas extraordinarias, como pretende el fiscal.

El empresario Miguel Ángel Ramírez lo apoya Completa seguridad canaria hoy sería «una de las primeras empresas del país» en su sector si no fuera por el procedimiento presunto fraude fiscal y de seguridad social por el que está siendo juzgado en el Juzgado de Las Palmas y en el que defiende que no ha cometido ningún delito y asegura que en Seguridad Integral le han pagado viáticos y kilometraje debido a la naturaleza del servicio que realizaban sus guardias y que también se pagaban horas extras.

El empresario argumentó que la propia Seguridad Social, en un informe, «no concluyó» que los pagos realizados por su empresa en concepto de indemnizaciones encubrieran las horas extraordinarias, como pretende la misma acusar y el resto de cargos testificaron en la audiencia ex empleados e inspectores de Hacienda y Seguridad Social.

Ramírez siempre ha enfatizado esto él cumplió «escrupulosamente» a todas las solicitudes de información que realicen las autoridades, brindando la información que solicitan, y que no es responsable de que uno de los jueces de instrucción del caso utilice esta información «para otro fin», como lo hizo salvatore alba en los hechos por los que cumple seis años de prisión.

Miguel Ángel Ramírez destaca que la gestión de Héctor de Armas en 2011 fue un éxito

Asimismo, defendió el manejo del otro imputado, Héctor de Armaslo que le sucedió como administrador único en verano 2011porque fue «un éxito», hasta el punto de convertir a Seguridad Integral Canaria en la quinto del pais.

Fue Héctor de Armas, según Ramírez, quien «tuvo la brillante idea» de aprovechar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy salir del convenio colectivo sectorial en España y dotar a la empresa de un contrato de trabajo propio con sus trabajadores y también preparó un segundo contrato que se activó en cuanto el juzgado anuló el primero.

El empresario también afirmó que el sindicato que denunció las supuestas irregularidades de Seguridad Integral Canaria, USAR, «no le interesaba» que la empresa fuera la quinta de su sector en España. «Esta es la realidad», agregó.

Miguel Ángel Ramírez subrayó que «nunca» ha sido interdicto judicialmente y recordó que la condena que le impusieron hace años por los trabajos realizados en su vivienda, en sentencia anulada posteriormente, sólo le prohibía dirigir una empresa del sector de la construcción, actividad a la que no se dedicaba.