La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha decretado la prisión provisional «comunicada e incondicional» del general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, detenido este martes en el marco del llamado caso Mediador, que investiga una supuesta conspiración para cobrar comisiones a empresarios a cambio de ciertos favores.
Espinosa es la única de los doce sospechosos que acabará en prisión. El resto de los imputados, entre ellos Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y su tío Juan Bernardo Fuentes, exdiputado nacional del PSOE, quedaron en libertad tras emitir un comunicado, con la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Tres sospechosos comparecieron este miércoles ante el juez de instrucción, mientras que los otros nueve, entre ellos Fuentes y el general retirado, lo hicieron este jueves. Se les acusa de cinco delitos: cohecho, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
El general Espinosa fue jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas entre 2008 y 2012. En el momento de los hechos (2020 y 2021) trabajaba en un proyecto de formación de gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África. La investigación pretende determinar si usó su influencia para intermediar y reclamar comisiones a los empresarios a cambio de facilitar su asentamiento en la Zona Especial Canaria (ZEC) o si advirtió a los ganaderos y queseros que enviaran al Seprona a inspeccionar sus fincas. si no les han pagado muerde
Espinosa fue detenido el martes en su domicilio de Madrid. En el interior de la vivienda se encontró una considerable suma de dinero (unos 58.000 euros, según fuentes cercanas a la investigación) que guardaba en cajas de zapatos. Según fuentes del instituto de armas, su salario anual en el cuerpo, antes de jubilarse, superaba los 200.000 euros. Los investigadores tratan de descubrir el origen de su herencia.
El general retirado ya fue investigado en 2009 en el llamado caso Unión, una de las tramas de corrupción más importantes de Canarias por número de piezas e implicados, aunque el caso acabó archivándose. Se sospechaba que Espinosa avisó a la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz (Coalición Canaria), que sería detenida.
La segunda rama de la investigación implica a Taishet Fuentes y a Juan Bernardo Fuentes, miembros de una familia con considerable influencia en el PSOE de Fuerteventura, en una trama para extorsionar a empresarios del sector primario de las Islas, que presuntamente reclamaban, aprovechándose de sus cargos en la administración autonómica (ambos eran directores generales de cría del Gobierno de Canarias) para pedir el pago de determinadas cantidades a cambio de evitar inspecciones o agilizar o desbloquear expedientes sobre subvenciones europeas.
Juan Bernardo Fuentes renunció a su cargo de diputado el mismo martes. Taishet Fuentes fue destituido de su cargo en el verano del año pasado por una «pérdida de confianza» en el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y aspiraba a presentarse a la alcaldía de Antigua en las elecciones de mayo. El PSOE les suspendió provisionalmente de la militancia y abrió un expediente disciplinario contra los sospechosos el mismo día que tuvieron conocimiento de la operación.
Entre los sospechosos hay varios empresarios. Hasta este jueves había trascendido el nombre de los propietarios -desde 2016- de Leche Sandra (en Gran Canaria), Esteban Banús e Inmaculada Roca, que también son propietarios de MEC Suministra. Canarias 7 publica que los otros empresarios investigados son Julián de Santa Bárbara Pérez, criador miembro de la Federación Nacional de Criadores de Cabra Majorera; Alberto Montesdeoca, administrador de Biogranja Montesdeoca, Quesería Montesdeoca, Granja Caprina del Sur y Lácteos Montesdeoca (en Tenerife); Miguel Ángel Robayna, responsable de Hispano Robysa, empresa constructora con sede en Puerto de la Cruz; Antonio Bautista, director de Cleanergetic Seers Solutions (empresa de energías renovables con sede en Madrid); José Santiago Estévez, empresario valenciano dedicado al negocio de los drones y amigo del General Espinosa, y Raúl Gómez, empresario del sector de las energías renovables también en Madrid.
El otro sospechoso es Marco Antonio Navarro, quien aportó a los investigadores las pruebas documentales de la supuesta trama corrupta. Esa información estaba guardada en sus dos teléfonos y la facilitó en una causa en la que se defendió de una denuncia de fraude presentada por Ángel Pérez, exdirector general deportivo del Cabildo de Tenerife. Los fiscales consideran a Navarro una figura clave en esta trama, ya que habría actuado como mediador de los presuntos sobornos. Entre los archivos que recogen sus terminales se encuentran grabaciones del general de la Guardia Civil manteniendo conversaciones comprometedoras, así como vídeos de los eximputados socialistas investigados.
