Abogado Federico José Vicente Marín Ha vuelto a acabar en los tribunales en su cruzada personal contra la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria rechazó la denuncia que este abogado interpuso el pasado mes de enero en nombre de la ex trabajadora del hogar Simona Chambi por acusación falsa. El expediente se decretó sin más diligencia investigativa que la declaración de la denunciante y la denuncia perentoria del Ministerio Fiscal, que entre otras cosas no reconoce delito en los hechos atribuidos a Victoria Rosell.

El abogado de la demandante, vinculada en el pasado a Vox en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), que ya ha fracasado en su intento de condenar también a la magistrada Victoria Rosell por el despido de su ex criada, la denunció en esta ocasión por cuenta de su cliente por haber considerado que la denuncia que interpuso en 2020 ante la Policía del Estado por coacción y extorsión, entre otros delitos, era una denuncia falsa. La denuncia del delegado del Gobierno contra la violencia de género fue finalmente archivada por la instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, expediente luego ratificado por la audiencia provincial a finales de 2022.

Este expediente animó a Federico José Vicente Marín a volver a la carga. Y lo hizo después de dejar sin asistencia letrada a su defendido en última instancia que había dejado ante el Tribunal Supremo por la causa laboral que había perdido tanto en primera instancia de lo Social como ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para ejercer este derecho, Simona Chambi tuvo que acudir a la justicia gratuita, pero el abogado que le correspondía desaconsejó el recurso por inverosímil, dada la contundencia con que las dos sentencias obtenidas hasta ese momento habían derribado los frágiles argumentos jurídicos de el abogado desertor.

Pero Federico José Vicente Marín aún no se había rendido, aunque lo pareciera. Al conocer el expediente definitivo de denuncia de Rosell contra su cliente por extorsión, defraudación procesal, amenazas y coacciones, se reincorporó como su representante para interponer una denuncia de agresor. Posteriormente, él y Simona Chambi repitieron el ritual de una nueva peregrinación a través de diferentes medios, algunos de los cuales regresaron adquirir los bienes de que la denuncia era gravísima, que había sido ingresado a tratamiento, que Rosell habría sido llamado a declarar como sospechoso inminente, e incluso relataron -en interés de sus interlocutores- las durísimas penas de prisión que tenían previstas solicitándolo en un proceso que ni siquiera pasó la etapa de instrucción.

La denuncia nunca fue admitida a trámite, ni Victoria Rosell fue citada a declarar como sospechosa o imputada. En este proceso, solo la actriz declaró ante el juez para ratificar su denuncia y responder preguntas de su honor. Ni el Ministerio Fiscal ni el juez de instrucción han valorado la existencia de un posible delito, tal y como consta en el auto ya notificado a la querellante hace una semana, sin que hasta el momento se haya transmitido su contenido a los medios de comunicación que han creído la versión de los hechos. abogado Federico José Vicente Marín.

Victoria Rosell se acercó a la Policía Nacional en 2020 cuando escuchó una conversación de un abogado en la que un directivo de Vox en Las Palmas anunciaba una demanda laboral contra ella mucho antes de que fuera notificada, que luego solidificó con la confirmación de la demanda y con las declaraciones a una emisora ​​de radio del mismo abogado explicando su táctica hacia «celebridades, políticos, actores de Hollywood o empresarios» para exigir dinero a cambio de un acuerdo de confidencialidad y no salir en televisión, dando como resultado en este caso una petición formal de 15.000 euros como condición por retirar el crédito.

El juez de instrucción 7, Francisco Javier García García-Sotoca, incluye parte de esta conspiración en su auto de inadmisibilidad de la querella, recordando que Rosell, en su querella, «ha anudado un acto legítimo, como es la solicitud de tutela judicial efectiva ante los juzgados del orden social, de la señora Simona Chambi Ramírez, a la información que la acusada señora Rosell manifestó haber recibido de terceros, diversos informes sobre el caso que fueron brindados por algunos medios de comunicación, deduciéndose de todo ello una suerte de conspiración , promovida por el partido Vox, para intentar chantajearte».

El fiscal, por su parte, argumentó que la denuncia policial de Rosell de julio de 2020 “nunca carece (según los datos y documentos existentes al día de hoy) de la verdad y de la realidad fáctica conocida, es decir, la presentación de un voto de conciliación ante la Semac, que tuvo lugar el 07-08-2020. Las valoraciones o caracterizaciones jurídicas que la presente acusada, Victoria Rosell Aguilar, haya podido hacer en dicha comparecencia policial, o que de ella se hayan derivado, exceden con creces el concepto de denuncia o denuncia falsa, ya que se encuentran plenamente dentro de las facultades (más o menos veraz y en todo caso más o menos prudente) de quien presenta la denuncia y más precisamente en la interpretación absolutamente subjetiva de que el referido acto (presentación del cupón de conciliación) puede ser aportado por quien en ese momento ejercía la actividad política , con toda la fortuna de cargos, informaciones -opuestas y no- y maniobras de todo tipo que conlleva esta actividad”.