Él Abogados de la Administración de Justicia (LAJ) en todo el país comenzaron este martes a las Huelga indefinida para presionar al Ministerio de Justicia para que se siente a negociar con ellos sus pretensiones con respecto a la negociación colectiva y remuneración acorde con las funciones que llevan a cabo desde el cambio legislativo que les afectó en 2009. En Islas Canariaslas huelgas fueron secundadas, según los propios abogados, por entre 75 y 80% de ellos, aun cuando funcionarios proporcionados por el Ministerio de Justicia sitúan el seguimiento a nivel nacional en un 28,23%.
«Basta de ninguna a la que nos someta el Ministerio de JusticiaPreguntó Leticia Rexach, una de las abogadas que se concentraron frente a la puerta de la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria. Según su versión, el área dirigida por la socialista Pilar Llop no ha cumplido lo que prometió a los abogados “Nunca se convocó a la comisión de huelga para hablar con el ministro, se hicieron una serie de acuerdos en abril que no se han cumplido hasta la fecha”, dijo.
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Las declaraciones de la secretaria de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que este lunes Los tildó de «golpistas» por convocar al paro indefinidos y desacreditando sus afirmaciones. La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Familia 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Santamaría Gutiérrez, lamentó que la única respuesta que llegó desde la justicia fuera una «burla» hacia sus pretensiones. “No está diciendo la verdad cuando dice que esta huelga es política: ninguno de los que estamos aquí somos políticos, sino por razones profesionales. No dicen la verdad cuando nos llaman golpistas, solo tienen un problema encima de la mesa que no saben manejar«, ha indicado.
negociación colectiva
Los excancilleres argumentan que el Ministerio no convoca a la junta de secretaría, órgano que actúa como mesa sectorial en la que se debaten los asuntos que le competen, al igual que hace con el Consejo Fiscal -del Ministerio Público-. Además, niegan que los únicos agentes con los que negocia el departamento de gobierno son los sindicatos, con los cuales acusarlos de dejarlos «a los pies de los caballos» y de no velar por sus intereses. Es por ello que una de sus principales demandas es, precisamente, que no se bloquee la negociación colectiva y que puedan funcionar sus órganos representativos.
Sumado a esto, en 2009, una reforma legislativa les otorgó mayores facultades en el ejercicio profesional con el objetivo de liberar al Poder Judicial de una labor que no es exclusivamente judicial. De esta manera, argumentan comenzaron a tener un aumento del «300%» en sus funciones diarias sin que se refleje en su salario. Por ello, piden una actualización de sus salarios de acuerdo a estas nuevas tareas, así como su categoría profesional en administración, dentro de la categoría A.
Un año de denuncias
ES No es la primera vez que los abogados de la administración de justicia se detienen pedir al gobierno español que negocie sus demandas. En el último año se han producido varias huelgas que han llevado a la suspensión de cientos de juicios, pero también de otros procesos judiciales, como el pago de multas, indemnizaciones o prestaciones de diversa índole que tienen su origen en la justicia.
Para Rexach, estas movilizaciones terminarán “cuando (el ministerio) se siente a hablar con el comité de huelga y se respete lo acordado el 22 de abril”. Entre estas promesas, una aumento de sueldo de 195 euros al mes, una figura que no deja de convencerlos porque es «bajito».
Durante la concentración en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a la que asistieron una treintena de abogados, se colocaron carteles con la consigna «Por la dignidad, por la justicia, por la igualdad». Rexach también pidió disculpas al resto de operadores jurídicos y al público en general por los problemas que les pueda causar esta huelga indefinida, «pero nos vemos obligados por las circunstancias» en las que se encuentran.