Miércoles, 1 de octubre de 2025, 02:00 La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) ha tomado la decisión de modificar la configuración del órgano responsable de cumplimiento normativo, convirtiéndolo en una herramienta unipersonal. A pesar de no mencionar explícitamente el caso Valka en la documentación de alteración del órgano, esta medida implica la exclusión de dos empleados de Geursa que están siendo investigados en el proceso judicial en curso: Luis Manuel Pérez Cañón, asesor jurídico de la empresa municipal; y Carlos Cabrera Suárez, coordinador de la oficina técnica de Geursa. El caso Valka se centra en descubrir si hubo una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza por permutas de suelo en Tamaraceite Sur que supuestamente perjudicaron el patrimonio público, y se ha expandido para abarcar tanto el ámbito urbanístico, con foco en Geursa, como en el de Parques y Jardines.

Los dos empleados se abstuvieron de participar en la investigación interna sobre Valka impulsada por el órgano de cumplimiento normativo, lo que llevó a la contratación de Isora Roca, una abogada externa que ya formaba parte del instrumento de control interno de Geursa. La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística ha decidido cambiar el funcionamiento de este instrumento, transformando un órgano colegiado en uno unipersonal. Esta modificación, según el nuevo texto aprobado, busca garantizar autonomía, independencia y agilidad operativa para detectar posibles infracciones o ilícitos.

En el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística también se aprobó el presupuesto para 2026, el cual refleja una disminución en los encargos previstos, lo que podría poner en riesgo la capacidad de la entidad para cumplir con sus compromisos legales y financieros. Urbanismo y el Instituto Municipal de Deportes son las principales fuentes de ingresos de Geursa en este momento, tras la retirada de Ciudad de Mar y Guaguas Municipales.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Valka, después de que el gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) vetara el debate solicitado por el Partido Popular. La sentencia confirmó que se vulneraron los derechos fundamentales del PP al impedir el control político del pleno, y obliga a incluir los nueve puntos propuestos por la oposición en el orden del día de la sesión extraordinaria. El TSJC desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento y ordenó que se celebre el pleno con todos los temas vetados, desmontando las excusas utilizadas para denegar la convocatoria.

En resumen, la situación en Geursa se ve afectada por cambios en su órgano de cumplimiento normativo y por la reducción de encargos previstos en su presupuesto, mientras que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha ordenado la celebración de un pleno extraordinario sobre el caso Valka tras una decisión judicial que dio la razón al Partido Popular en su reclamación de participación política.

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