B. HERNÁNDEZ Las palmeras de Gran Canaria

lunes 5 diciembre 2022, 01:00

Los alcaldes de Canarias pedir a los grupos políticos de la
congreso de los diputados Que
cambiar la ley de residuos De manera que la
nuevo impuesto sobre el deposito de
la basura del vertedero tiene tres años de retraso.

El objetivo es que no entre en vigor
hasta 2026. Esta nueva tarifa se recoge en el reglamento 7/2022, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular del que
El objetivo es desincentivar el traslado de residuos al depósito.

Si bien está de acuerdo con la filosofía de la norma,
la Federación de Municipios de Canarias (Fecam) critica que los ayuntamientos
debe empezar a cobrar este impuesto a partir del 1 de eneromientras que “se concede un plazo de tres años para definir una estrategia y establecer los mecanismos necesarios para mejorar la situación y reducir el volumen de residuos a tratar”.

Los alcaldes entienden que, hasta que no se establezcan estos criterios, la nueva tarifa no debería aplicarse y algunos
gobiernos locales ellos presentaron
movimientos En este sentido.

Según explican, esta figura tributaria incrementará significativamente el coste económico que supone para los Ayuntamientos la gestión de los residuos bajo su responsabilidad, por lo que
se verán «obligados» a impactar a la audiencia.

En este sentido, creen que el contexto socioeconómico actual, caracterizado por un fuerte impacto de la inflación, el aumento del gasto energético o la subida de los tipos de interés, genera una pérdida de poder adquisitivo que también se vería perjudicada por este nuevo impuesto.

Costo

Asimismo, si su coste no fuera repercutido en la ciudadanía, la medida sería «extremadamente grave», ya que las administraciones municipales también deben hacerse cargo de la
impacto de la inflación y el sobrecosto de obras y proyectos en ejecución y por contratar, sin olvidar el aumento de los gastos e inversiones municipales para cumplir con la nueva ley, vigente desde enero de este año, explica la Fecam.

Según una primera estimación realizada por los municipios del archipiélago, la
costo Para el
88 municipios de las islas estaría alrededor
40 millones de euros el próximo año, mientras
a nivel estatal la cifra se acerca a los 800 millones.

Este principio introduce la obligación de las autoridades locales de dotarse de un
tarifario, diferenciado y específico de los servicios que prestan en relación con los residuos de los que son responsables.

El plazo para su implantación es de tres años, por lo que los ayuntamientos tienen un margen hasta 2025 para su aprobación. Por ello los alcaldes proponen como
solución para posponer temporalmente, o ralentizar, la entrada en vigorel impuesto de tres años establecido por la ley para las entidades locales que se establezcan.

En este sentido, la comisión ejecutiva de la Fecam aceptó estos argumentos, que ya habían sido aprobados por la Comisión de Economía y Hacienda y la Comisión Insular de Gran Canaria de la Federación, así como aprobó un paquete de actuaciones encaminadas a que esta ley se cumpla. el menor perjuicio posible para el comercio local.

Válido

Este tipo de tarifa sobre residuos destinados a almacenamiento o incineración ya se
vigente en algunas comunidades, pero no en Canarias.

El estado lo aprobó como
Impuesto estatalincluso si lo sé
prevé su traslado a las autonomíaslo que les permitiría aumentar la financiación de medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las menos sostenibles.

La aplicación de este impuesto ha sido mucho
discusión entre alcaldesquienes -insiste- no se niegan a aplicarlo, pero entienden que su cobro a partir de enero de 2023, en el contexto económico actual, tendría un impacto negativo.

Por eso piden que se posponga tres años hasta que se defina la estrategia para reducir el volumen de residuos producidos. Asimismo, los alcaldes del archipiélago entienden que también hay que ofrecer la posibilidad que los municipios pueden ofrecer
alternativasporque -dicen- son los primeros interesados ​​en la sostenibilidad y la economía circular».