La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) muestran su preocupación y alertan sobre el riesgo que supone la Ingreso obligatorio al sistema de seguridad social para estudiantes universitarios realizar prácticas de formación en instituciones colaboradoras a partir del 1 de octubrefecha de entrada en vigor de la disposición adicional 52 del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para ampliar los derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y establecer un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tanto la ULPGC como la ULL, como el resto de universidades españolas, rechazan esta medida, ya que no ofrece una mejora sustancial en la protección de los estudiantes en prácticas y, sin embargo, es una elemento disuasorio para que las empresas y los organismos públicos acojan a estudiantes. De hecho, muchos sujetos, tanto privados como públicos, han comunicado a ambas universidades que no pueden tomar esta medida adicional, lo que, unido al escaso tejido empresarial de esta comunidad, con una fuerte propensión al sector turístico, hace que sea muy Difícil encontrar otros sujetos que colaboren.

Las prácticas externas son una herramienta muy valiosa en la calidad educativa del alumnado, siendo su primer contacto con el mundo laboral y contribuyendo un factor muy importante en su inserción laboral. Por tanto, se debe hacer todo lo posible para mantener el modelo actual y asegurar una oferta razonable y de calidad de puestos en las instituciones. De implementarse esta medida, la oferta de prácticas externas a disposición de los estudiantes se vería drásticamente reducida, afectando significativamente la calidad de su educación.

Además, se da la circunstancia de que el Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias establece la prestación de un periodo de prácticas externas de al menos 12 créditos en todos los estudios de posgrado. Por tanto, en caso de que las instituciones no asuman sus obligaciones con la Seguridad Social, las universidades deberán cumplir con las obligaciones de matrícula, baja y cotización, para que sus alumnos puedan realizar las prácticas formativas con las garantías suficientes, con el consiguiente incremento de costes. y, sobre todo, los recursos humanos destinados a asumir la alta carga burocrática.

El tejido empresarial que en la actualidad acoge a los estudiantes en Canarias está formado mayoritariamente por pequeñas empresas y administraciones públicas, que por su falta de capacidad económica para hacer frente a los costes adicionales derivados de esta tasa y su gestión, limitarían las oportunidades formativas de los cuerpo de estudiantes. Además, esta obligación supondría la revisión de cientos de convenios ya establecidos con las instituciones, que no pueden ser actualizados en su totalidad a partir del 1 de octubre, y puede ocurrir que muchas prácticas curriculares que se realizan en la actualidad no puedan ser ofertadas. Por otra parte, resulta paradójico que sean precisamente las administraciones públicas, que acogen en torno al 60% del alumnado universitario, las que ya pongan trabas a la adopción de una normativa dictada por el propio Jefe de Estado.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el ‘Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito empresarial’, que actualmente está redactando el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la Mesa de Diálogo Social, definirá la disciplina de las prácticas universitarias externas , ambas universidades consideran absolutamente imprescindible que no entre en vigor la citada disposición adicional 52 del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.