Los ex cancilleres son una pieza más de la maquinaria electoral. ellos cuidan convocar inicialmente a los cinco miembros que formarán las comisiones -Tres jueces de primera instancia o de instrucción a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de cada ámbito y otras dos personas que se estimen de prestigio y conocimientos para desempeñar la función, generalmente profesores de derecho-. Así, su figura sirve para garantizar la corrección de las actas que se levanten en las reuniones y de la documentación resultanteasí como conservar todos esos papeles durante todo el tiempo que dure el juicio y hasta cien días después de la cita con las urnas.

Según el delegado en Canarias del Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia (Cnlaj) -la asociación mayoritaria del sector a nivel estatal-, Isabel Moralesen el caso de la Diputación Provincial de Las Palmas, en principio, No parece que vaya a haber problema, ya que se espera que el abogado convoque la reunión -generalmente el más antiguo del partido judicial- no está ejerciendo su derecho de huelga. En la comarca de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, la situación sería más complicada, ya que la mayoría de los rectores de las distintas circunscripciones zonales apoyan el paro hoy, incluso el más antiguo de la provincia.

En Canarias, además del Consejo Electoral de Canarias, que agrupa a todo el archipiélago y las dos provincias, existen otros nueve ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, San Cristóbal de La Laguna, Los Llanos de Aridane, La Orotava, San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Valverde-El Hierro. Por su parte, en Las Palmas hay cinco más: Arrecife-Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía y Telde. En las últimas elecciones hubo 581 solicitudes para los distintos municipios Canarias, a las que se suman las de los Cabildos Insulares y las 27 en el Parlamento autonómico, tanto en la circunscripción regional como en las islas.

Incluir en servicios mínimos

Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Péreznotifica a este diario, por su parte, que, de persistir el paro indefinido de LAJ, el Ministerio de Justicia debe modificar su decreto sobre servicios mínimos para incluir estas funciones también En las elecciones.

“Por el momento el decreto de servicios mínimos no lo prevé, otra cosa es que se pueda modificar. Es factible, porque afecta el derecho básico al voto y también el funcionamiento y establecimiento de instituciones clave del Estado, y entiendo que no habría ningún problema en poder incluirlo”, explica Pérez. En cualquier caso, espera que los partidos de la oposición puedan llegar a un acuerdo en las semanas que quedan hasta que se convoquen elecciones y se levante la huelga .

escenario desconocido

El especialista en derecho constitucional también reconoce que, si no se llega a un acuerdo para poner fin a la huelga y si estas funciones no están incluidas en los servicios mínimos, sería considerado un «escenario que nunca sucedió». toda la historia reciente de la democracia en España. “No existe una legislación que prevea esta hipótesiscon lo cual, más allá de decir que sería un desastre, no se puede opinar”, indica.

una situación que sería muy comprometedor para la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, tales como ayuntamientos, cabildos, cabildos y gobiernos autónomos de la mayor parte del país. Pero eso también significaría, matiza Pérez, una golpe a la administración de justiciaque ya vive desde hace años una preocupante saturación, agravada por la crisis del Covid-19 que ha obligado al cierre de los juzgados para evitar la propagación del virus.

Las comisiones electorales se forman entre el vigésimo quinto y el vigésimo noveno día después de la convocatoria de las elecciones, que anuncia el presidente del Parlamento de cada una de las regiones una vez disueltas las cortes autonómicas -casi dos meses antes-. La campaña electoral, que dura 15 días, comienza 38 días después de que se convoque al partido de la democracia. Eso significa, a más tardar a fines de abril o principios de mayose debe resolver la situación para que no se alteren estos plazos y se comprometa la cita con las urnas.