Este es otro general de división relacionado con el empresario valenciano José Santiago Suárez, Amigo y acusado de Espinosa en el juicio por el pago de comisiones a cambio de obtener contratos de venta de sus drones al Ministerio del Interior, de Defensa y a una fundación integrada por altos exponentes Gobierno de Pedro Sánchez que gestiona las misiones europeas lideradas por España en los países africanos del Sahel.

Antonio Tocón Díez no aparece investigado por ningún delito en el sumario judicial, pero su nombre y cargo, incluida una foto, figuran en uno de los informes remitidos al juez de instrucción por el cuerpo de investigación. Interior de la Guardia Civil. En la imagen, fechada el 3 de marzo de 2021, aparece Tocón junto a José Suárez, apodado los Drones, tras una visita de este a su despacho en la Dirección General, en la calle Guzmán El Bueno de Madrid.

Antonio Tocón era entonces General de División en Jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Dejó su mando el 14 de marzo de 2021, es decir 11 días después de fotografiarse con El Drones en su despacho, pero antes de marcharse el 9 de marzo firmó una carta de recomendación y colaboración para que el Seprona trabajara con Suárez como director general.

Colaboración

«Como es bien sabido de su parte», escribe el general, «el cuartel general de la seprona está firmemente convencido» de que el uso de aeronaves no tripuladas puede dar «buenos resultados» en actuaciones encaminadas a la defensa y protección del medio ambiente. Por ello, Tocón pide la «colaboración» de Suárez como consejero delegado de la compañía Drones Eteccon el fin de implementar un plan de muestreo atmosférico a gran altura para monitorear los puertos y preparar un estudio aeronáutico para realizar sus investigaciones.

Entre los diez contratos investigados por el magistrado María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres hay uno por 100.000 euros para la compra de drones para la Guardia Civil. El concurso se publicó el 21 de septiembre de 2021 y lo ganó Servicio de Drones SL, la empresa del empresario valenciano, amigo de Espinosa. Los agentes no encontraron las ofertas de las otras tres empresas que se habrían presentado al concurso, según la Plataforma de Contratación del Sector Público consultada por los investigadores.

En la Aplicación Logística y Financiera de la Guardia Civil (Alfi) hay más relaciones comerciales entre el Instituto Armado y las empresas vinculadas al amigo de Espinosa. En 2019, la facturación fue de 9.160 por el suministro de baterías y recambios de drones, de nuevo a través del sistema de anticipo de efectivo (gastos extrapresupuestarios), mientras que entre 2020 y 2022 el coste de los drones se disparó hasta los 37.751 euros, con dos contratos menores para la compra de embarcaciones no tripuladas al Seprona y otras unidades de la Benemérita.

Espinosa lideró misiones en el Sahel desde 2017 hasta su jubilación en enero de 2021, mientras continuaba trabajando con los Grupos de Acción Rápida en la vigilancia de esa región. De las conversaciones a través de móviles entregadas a los agentes se desprende que éste encargó a sus compañeros la realización de un informe interno sobre las condiciones y necesidades del servicio de drones en la Guardia Civil, hazaña de la que presumió el empresario valenciano ante su interlocutor, Antonio Navarro Tacoronte, cuyo La labor de mediación en el cobro de comisiones y sobornos de empresarios da nombre al caso, investigado desde Santa Cruz de Tenerife por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres.

Hasta el momento se han realizado una veintena de registros y 13 detenciones, entre ellas la del diputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, conocido en la conspiración como Tito Berni, y la de su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de la ganadería de Canarias. Gobierno. Ambos fueron expulsados ​​del PSOE cuando se supo de su implicación en la organización, a la que le gustaba organizar visitas de trabajo al Congreso de los Diputados, que acababan con cenas o fiestas con prostitutas y cocaína.

La amenaza de utilizar el nombre del Seprona para realizar inspecciones en explotaciones ganaderas y queserías es una de las líneas de investigación abiertas junto al cobro de coimas para evitar multas o la pérdida de subvenciones públicas, entre otros posibles favores urbanísticos.

Los dirigentes, apoyándose en la influencia de Espinosa, que fue jefe de la Guardia Civil en Las Palmas, también acusaron a los empresarios de facilitar el establecimiento de sus negocios en la Zona Especial de Canarias.