Los presidentes de los empresarios turísticos de Canarias, durante la rueda de prensa de esta mañana en Las Palmas.

20 de junio de 2023

Empresarios del sector hacen balance de una década de la Ley de Renovación Turística (2013), una eficaz herramienta que ha permitido una mejora de la competitividad y una nueva perspectiva ambiental
Los presidentes de la Federación de Empresarios Turísticos de Canarias de Las Palmas (FEHT Las Palmas), José María Mañaricúa; Asociación Hotelera y No Hotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal; Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga; y la Federación de Turismo de Lanzarote (FTL), Susana Pérez, han subrayado hoy en rueda de prensa en la capital grancanaria la necesidad de impulsar las medidas previstas en la Ley de Reestructuración y Modernización del Turismo de 2013, que el pasado mes de febrero diez años después de su entrada en vigor . En particular, la patronal turística espera un nuevo impulso en la aprobación de instrumentos como los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), que, por su agilidad en la tramitación y resultados positivos en la calificación de los destinos turísticos en los que se encuentran aplicados, han demostrado ser beneficiosos para la actividad económica y el empleo, al mismo tiempo que contribuyen a la mejora de la calidad y la sostenibilidad ambiental.

La patronal turística presentó estas conclusiones tras las Jornadas de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que se desarrollaron en las cuatro islas donde se elaboraron con éxito los PMM regulados por la norma de 2013, a saber: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Este evento, organizado en colaboración con el Gobierno de Canarias, permitió a empresarios turísticos, expertos en urbanismo y derecho, gestores turísticos y responsables de administraciones públicas compartir sus visiones y experiencias sobre una herramienta digna de un nuevo impulso que permite abordar y resolver problemas específicos del sector turístico en materia de ordenación del territorio, como la obsolescencia de algunas estructuras, tanto de alojamiento como de oferta complementaria. Todo ello desde un punto de vista más ágil en el desarrollo de herramientas de gestión, que sean por tanto capaces de garantizar certeza de derecho y plazos razonables que favorezcan las inversiones públicas y privadas, imprescindibles para garantizar la actividad económica y el empleo.

Las conclusiones de las jornadas de debate subrayan que desde febrero de 2023 se ha cumplido una década desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013 de renovación y modernización del turismo en Canarias y su aparición como herramienta imprescindible para abordar un compromiso esencial para la competitividad de la principal actividad económica de las islas. Una iniciativa, subrayan estas conclusiones, que “estuvo cargada de iniciativas que, en su momento, tuvieron un gran dinamismo e intensidad”. “En los últimos años ha disminuido esa efervescencia inicial; Sin embargo, las razones que dieron origen a la ley siguen siendo plenamente válidas”, destacaron los ponentes en los actos realizados en las cuatro islas donde se implementaron los citados PMM.

Por las razones señaladas, el sector turístico canario requiere con urgencia la recuperación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. “Debemos apostar por la recuperación de los PMM de los centros turísticos, ya que son una herramienta que permite que los destinos más antiguos, consolidados y maduros se reinventen, y que los espacios públicos y privados se recompongan en beneficio de una mayor calidad del destino , requerido tanto por el residente como por el visitante”, destacan las conclusiones del acto, posición compartida por las cuatro Asociaciones Turísticas de las Islas en defensa de la calidad del destino, el empleo y el respeto a la sostenibilidad ambiental y social de destinos turísticos, porque, como subrayan las conclusiones, “el proceso de renovación del sistema receptivo y de la oferta complementaria debe constituir el eje fundamental de la cualificación de la oferta turística canaria”.

Los Planes de Modernización, Mejora y Aumento de la Competitividad (PMM) se configuran como un conjunto de actuaciones y proyectos específicos de renovación según un procedimiento abreviado en una única fase. Estos son, por tanto, los tres ejes fundamentales que propone el legislador para la remodelación de la oferta de alojamiento turístico: eficacia, agilidad en la tramitación e impulso de la Administración.

potencial PMM

Siguiendo el análisis expuesto por los ponentes y congresistas, “el potencial del PMM para intervenir en la renovación y modernización de las urbanizaciones y centros turísticos de Canarias, tal y como aparecen diseñados en la ley, es extraordinario y se mantiene en el estado actual a pesar de la importante reducción en la aprobación de estos instrumentos en los últimos años”. Es indiscutible su capacidad para poner en marcha la cualificación y mejora de la oferta de alojamiento turístico y equipamientos complementarios, contribuyendo a la reactivación de la actividad económica.

Y más en un contexto en el que, desde hace unos años, la patronal turística ha coincidido, si no en la parálisis, sí en el continuo retraso de los proyectos de inversión que tienen que ver con el sector turístico, algo que es inadmisible y que dibuja un escenario en el que las Administraciones Públicas no disponen de personal ni herramientas suficientes para atender las necesidades del tejido turístico, por lo que los planes o licencias desarrollados se afianzan en el tiempo y se pierden claras oportunidades de inversión para las islas, en detrimento del interés general.

En este sentido, cabe recordar que Canarias cuenta con instrumentos legislativos y urbanísticos que permiten canalizar inversiones tanto públicas como privadas hacia los destinos insulares. Sin embargo, la excesiva demora en la tramitación, especialmente de los planes y licencias municipales, crea un grave problema que llega al extremo de desincentivar un buen número de proyectos e inversiones. Por ello, y desde el punto de vista normativo y de la existencia de herramientas que favorezcan la renovación y modernización del turismo, tanto en los núcleos como en la propia oferta, Canarias ha desarrollado un entramado del que probablemente no ha sido explotado. el potencial extraído no ha alcanzado los objetivos fijados, por falta de medios y recursos públicos, pero también por falta de conocimiento por parte de los propios interesados.

Por otra parte, las conclusiones de las jornadas subrayan que los incentivos lucrativos en términos de edificabilidad, número de plazas, densidad de parcelas, etc., derivados de la ley de 2013 “deben ser revisados ​​y actualizados, incorporando auténticos avances en materia de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y la descarbonización”. Los nuevos incentivos deben abordarse en términos económicos vinculados a que la reestructuración sea capaz de acercar a cero la huella del negocio, con la implantación de energía procedente de fuentes renovables, medidas de economía circular, acciones de sostenibilidad o dotación de espacios para la acción social, entre otras medidas sugeridas.

Entre los riesgos manifiestos para la calidad del destino y la competitividad, cabe señalar que gran parte de las instalaciones de alojamiento y la oferta complementaria en los destinos turísticos se está quedando progresiva y rápidamente obsoleta, lo que se traduce en su salida del mercado a medida que se vuelven siendo los márgenes de demanda, además, terreno fértil para un trasvase a la promoción residencial y en un alto porcentaje al arrendamiento turístico, con lo que se cambiará de golpe, y no para mejor, el modelo de las zonas turísticas de Canarias. Con este preocupante panorama y si no se toman medidas para revertir esta tendencia, en unos años en la mayoría de los destinos turísticos de Canarias el porcentaje de establecimientos de alojamiento que se han pasado al sector residencial o de alquiler vacacional será muy superior al de la oferta tradicionalmente regulada, que ya ha sufrido una importante reducción en la última década que ha oscilado entre un 30 y un 45 por ciento en la pérdida de alojamientos fundamentalmente extrahoteleros y miles de plazas de alojamiento.

Pérdida de plazas de alojamiento.

Según datos del Instituto de Estadística de Canarias (Istac), en Canarias, en el periodo 2015-2022 se perdieron 685 instalaciones extrahoteleras (38,4%) y 68.209 plazas (16,3%). En esta situación, Gran Canaria fue la isla que perdió un mayor número de plazas extrahoteleras, unas 35.000. Y la progresiva pérdida de camas implica una merma en la capacidad económica, la recaudación de impuestos y el empleo en el sector.

Además, la reflexión sobre la vigencia y utilidad del PMM ha planteado la situación de los centros comerciales ubicados en zonas turísticas. “Se trata de edificios obsoletos, en muchos casos ruinosos, que lastran nuestro destino turístico, delimitado por los Planes de Modernización, Mejora y Aumento de la Competitividad de forma incomprensible, con una propiedad fragmentada que dificulta enormemente la adopción de medidas razonables para su renovación”, subrayan las conclusiones de los talleres. En este sentido, la patronal turística espera “articulando un compendio de normas, ya sean Planes de Modernización, decretos, ordenanzas o disposiciones de cualquier otra naturaleza que hagan viable su recuperación, mediante incentivos que motiven a los propietarios a acometer la reestructuración, admitiendo el cambio de uso. En definitiva, incentivos que atraigan la propiedad”.

Finalmente, y en el contexto del debate generado por la valoración de una década de vigencia de la norma sectorial de 2013, los ponentes subrayaron que “la intervención legislativa del Gobierno de Canarias es inaplazable para la correcta modulación y gestión de los derechos puramente turismo como el uso turístico de las viviendas y la actividad de campers, parcelas y campings”, de los que actualmente se carece, han destacado, “de los necesarios controles cuantitativos y cualitativos, de la necesaria planificación e integración en términos urbanísticos y territoriales y, más aún en serio, de los requisitos mínimos en materia de sostenibilidad turística y medioambiental».

Además, la renovación y modernización del bloque normativo turístico exige también una profunda revisión y adecuación al ordenamiento jurídico comunitario en relación con los principios de intervención en el ejercicio de las actividades turísticas, «ya que se mantienen regímenes de intervención anteriores, sustancialmente facultativos, incompatibles con eso y con sus normas de transposición y, lo que es más importante, que suponen un enorme lastre en el fomento de las actividades económicas del sector, por lo que el principio de simplificación de tarifas debe presidir realmente la regulación del turismo en Canarias”.