El empleo indefinido es una de las puntas de lanza de la ansiada reforma del sistema científico español que el pasado jueves obtuvo el visto bueno del Congreso de los Diputados. “Hay que celebrar la estabilización de la plantilla”, insiste Carlos Navarro, director de la Agencia Canaria para la Investigación, la Innovación y la Sociedad de la Información (ACIISI) porque, como señala, las precarias condiciones del sistema científico siempre han sido una de las los problemas del «sistema más apremiante». La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) estima que 352 investigadores se beneficiarán de este centro, entre los que destacan los 192 contratados mediante convenios y contratos. En la Universidad de La Laguna (ULL) la cifra asciende a unos 400.

Mejoras en el reclutamiento

Este nuevo contrato indefinido no está sujeto a Oferta Pública de Empleo ni a retribución sustitutiva, ni requiere autorización previa si se dispone de financiación externa -que permite la contratación por proyectos- y, por primera vez, reconoce los derechos de los contratados y trabajo predoctoral postdoctoral, como remuneración, ccuando quedan desempleados después de terminar un proyecto de investigación.

La ley también prevé un nuevo curso posdoctoral que exige una edad menor para ingresar al sistema científico y permite la inserción de un contrato de más de seis años. En el caso de que, concatenando varios contratos posdoctorales, se supere esta barrera temporal, las universidades y centros de investigación no tendrán problema en seguir contratándolos indefinidamente. Aunque la estabilización es una de las medidas más celebradas por los científicos, la nueva disposición también ha causado revuelo entre los ejecutivos.

¿El origen? Subsidio para jóvenes investigadores. Y es que, en principio, Las universidades y los centros de investigación se harán cargo de la carga. Aunque el objetivo es dar respuesta a este obstáculo aumentando el porcentaje de costes indirectos que se pagan en los programas de investigación -del 21% al 25%-, lo cierto es que al menos en los próximos años serán las universidades autofinanciadas. que tienen que pagar por la terminación de muchos contratos que no han previsto indemnización.

“En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una cincuentena de investigadores predoctorales que terminarán su contrato en los próximos dos años y será la universidad la que tendrá que pagar su sueldo”, subraya el vicerrector de investigación de la UULL, Ernesto Pereda. Esto significa que en los próximos años la universidad tendrá que pagar 100.000 euros a estos estudiantes. Como apunta Pereda «lo haremos sin ningún problema y estamos contentos de que se hayan adquirido estos derechos sindicales», pero advierte que «el dinero no crece en los árboles» y los fondos propios de las universidades «son limitados».

Para el futuro, ACIISI ya está considerando mejorar sus contratos de alguna manera. “En función de lo que consigamos aumentar los presupuestos para el año que viene, aumentaremos la cuantía de cada programa o ampliaremos el número de plazas”, subraya Navarro, que insiste en que el Gobierno de Canarias está trabajando para que, en ningún caso, estas los programas se ven «perjudicialmente afectados».

Otra de las propuestas de esta nueva ley, que sustituye a la de 2011, es aumentar la inversión en I+D en España hasta el 3% del PIB en 2030, más del doble de lo que es hoy. Esta es una de las reformas más esperadas del sistema científico, ya que España se encuentra a la cola de Europa en lo que a financiación de I+D se refiere.

“Los objetivos de Canarias confluirán con los del Estado”, dice Navarro, quien insiste en que, en el caso del Archipiélago, habrá que hacer un esfuerzo adicional para poder impulsar el sistema científico de la empresa. Por ello, la nueva Ley Científica de Canarias -actualmente en redacción- ptendrá «énfasis» en lo privado con incentivos específicos para generar un ecosistema de I+D+i en las Islas.

En este sentido, la Ley del Estado favorece la conexión entre universidades y empresas creando nuevos mecanismos de transferencia de conocimiento, como el sexenio de transferencia, la compra pública de innovación o, uno de los más solicitados, el permiso para invertir en empresas comerciales.

Perplejidad en los pronósticos

A pesar de estas previsiones, las universidades aún muestran dudas sobre este objetivo para los próximos 8 años. “20 de los 27 estados miembros de la Unión Europea tienen un crecimiento de sus inversiones superior al de España, por lo que, a pesar del crecimiento, en 2030 aún podríamos quedarnos por debajo de la media”, explican desde el vicerrectorado de investigación de la ULPGC. . El vicerrector de la UULL, por su parte, cree que existe el riesgo de que en unos años España no disponga de los fondos suficientes para hacer frente a este esperado crecimiento del sistema científico. “En estos momentos estamos haciendo mucho uso de los fondos europeos para la recuperación, pero dentro de unos años ya no estarán disponibles”, advierte Pereda. Por eso cree que la meta del gobierno es «imposible» por «cómo va la economía».

La nueva ley estatal también reducirá el nivel de burocracia al que están sujetos los científicos, garantizará la reducción de la brecha de género y fomentará la innovación. Canarias, por su parte, reforzará en su próxima normativa algunos aspectos característicos de las Islas, como la cooperación al desarrollo en África, la consideración de las Islas como laboratorio natural y estímulo empresarial, así como la reforma de la gobernanza para aunar experiencia científica en el ejecutivo Regional.