El personal tradicional dependía casi exclusivamente de los médicos y ahora se necesitan más psicólogos y trabajadores sociales

La viceministra de Justicia, Carla Vallejo, reconoce las carencias en el Parlamento y enumera las acciones en marcha para subsanarlas

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que preside Julio Pérez, tiene el compromiso absoluto de dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla del cuerpo científico institutos de medicina a la realidad y necesidades actuales de la sociedad y de la Administración de Justicia. Para ello, precisó, su departamento propondrá una nueva lista de cargos (RPT), una vez resueltos otros compromisos, como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación del personal público.

Carla Vallejo presentó ante el Parlamento de Canarias las actuaciones en curso contra el personal del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, integrado por 26 profesionales de Medicina Legal, 11 de Psicología y 6 del Servicio Social, igual número de personas de más de 15 años. Una plantilla que, para el viceconsejero, no es la adecuada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto condicionado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de la psicología.

Detalló las acciones que está desarrollando el Ministerio de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tanto en lo inmediato como en el mediano plazo, para revertir esta situación. Así, y de forma inmediata, según se informó, se reforzó la colaboración externa a través de empresas especializadas, a las que se encomendó la realización de peritaciones urgentes.

Asimismo, indicó, se llevó a cabo un procedimiento extraordinario de licitación, para fortalecer la mencionada colaboración externa con un programa para la designación de profesionales de la Psicología con especialización en la atención a víctimas de violencia de género y en la atención a niños víctimas de violencia. , sufragados con los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El viceministro indicó que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para disponer de personal de refuerzo interino para cubrir la situación de incapacidad temporal de los profesionales y la acumulación de carga de trabajo.

“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se ha centrado mucho en la actuación del personal forense, la sociedad y la delincuencia han cambiado mucho, al igual que las exigencias de la administración de justicia. Señaló Vallejo, para quien es fundamental la inclusión de profesionales de la psicología y los servicios sociales, así como personal de laboratorio en los institutos forenses.