Este martes comienza el paro indefinido convocado por Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia (CNLAJ), el Unión Progresista de Abogados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación independiente de abogados de la administración de justicia (AINLAJ). Más de 200 abogados en ejercicio de sus funciones en Canarias podrían sumarse a una huelga que afectará gravemente al desarrollo de la judicatura en las islas.
Las asociaciones de destitución han insistido en que se trata de una huelga evitable. “Lo normal es que el Ministerio de Justicia supuestamente contactó al comité de huelga y no lo hizo. No pedíamos nada que no estuviera ya acordado, solo queríamos que se pusiera en práctica”, explica el delegado del Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia de Las Palmas. «Desde octubre no tenemos noticias del ministerio»asegurada por los grupos convocantes.
Se han propuesto mediadores
“Con el paro indefinido seguiremos hasta que se encuentre una solución, por un lado que el ministerio respete todo lo negociado y prometido y por otro, para ello tendrá que ponerse en contacto con el comité de huelga”, explican. a Atlántico Hoy Isabel Moralesdelegado en Las Palmas del Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia.
Para evitar, en la medida de lo posible, perjuicios irreparables al servicio público, el Comité de Huelga remitió a la Ministra Llop la propuesta de que un mediador independiente haga una propuesta para solucionar este conflicto, para lo cual hemos propuesto a las siguientes personas, todas ellas los miembros del CGPJ, personas de reconocido prestigio en el mundo judicial y conscientes de los conflictos de intereses: María Concepción Sáez Rodríguez, María Ángeles Carmona Vergara, Álvaro Cuesta Martínez and Gerardo Martínez Tristán.
El Comité de Huelga cree que algunos o todos tienen un conocimiento profundo del problema. Ante todo, para evitar los perjuicios que un paro permanente puede causar a la Administración de Justicia, con consecuencias imprevisibles e irreparables para los ciudadanos de este país. El Ministerio de Justicia hasta el momento no ha respondido a la oferta realizada.
