El paro general que mantienen los abogados de la Administración de Justicia (LAJ) desde el pasado 24 de enero
provocó la suspensión en la provincia de Las Palmas de 1.345 juicios, la finalización de 1.608 actuaciones y un importe total de 2.787.241 euros las cuentas entrantes no pueden moverse, según el comité de huelga. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia aún no se ha reunido con los convocantes, por lo que no se vislumbra una solución a corto plazo.

Este miércoles ha vuelto a tener lugar una protesta de la LAJ del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria en la puerta de la Ciudad de la Justicia -además del resto de edificios judiciales- en la que
la respuesta de los abogados fue mayoritaria. Se le han agregado
numerosos jueces que ha querido ser solidario con este organismo en un momento tan difícil.

En este escenario, las noticias desde Madrid no han sido positivas, ya que la reunión mantenida por los representantes del Ministerio con los secretarios de Gobierno -los superiores de los letrados de la administración de justicia- no ha arrojado novedades. Fuentes cercanas aseguran que en esa reunión representantes de la LAJ
Insisten al Ejecutivo en la necesidad de reunirse con el comité de huelga para desbloquear la crítica situación esa Justicia que está atravesando, que está destinada a derrumbarse si no hay acuerdo.

“El silencio sigue haciendo daño a todos”, dijo a este diario la representante del comité de huelga en Gran Canaria, Isabel Morales. «No sabemos nada,
no hay comunicación con el Ministerio y no hay intento de diálogo«, agregó.

«No sabemos cuándo se dignarán a vernos, pero después de las palabras del secretario de Estado de que estábamos a punto de morirnos de hambre, pues somos muy pesimistas.
Lo único que han tratado de hacer con sus declaraciones es desacreditarnos y desmoralizarnos.pero en realidad lo que consiguieron con base en los insultos es que hay más unidad en el cuerpo y que más compañeros se van a la huelga”, dijo Morales.

Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Abogados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Abogados de la Administración de Justicia (Ainlaj)-
Se requieren mejoras salariales acordes a las nuevas funciones que les fueron atribuidos tras sucesivas reformas legislativas.

Entre las solicitudes destaca una cláusula de pago inicial en la ley de remuneración de jueces y fiscales para abogados
Nunca cargues menos del 85% sobre estos dos operadores jurídicos. Cabe señalar que en España hay
4.760 funcionarios en esta categoría.

Para este jueves se han reunido los LAJ
otra concentracion en la puerta de la Ciudad de la Justicia a partir de las 11:00 horas.

denuncias de abogados

Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía ha instado al Ministerio de Justicia y a los letrados a llegar a un acuerdo antes de la
«daño desproporcionado» que su huelga está provocando en los ciudadanos, con miles de audiencias suspendidas en los juzgados.

La profesión jurídica cree que «la realización del derecho de huelga
no debe debilitarse otros como el derecho a la defensa y el derecho de acceso a la justicia”.

El Consejo asegura que tanto el Ministerio como los propios convocantes «tienen la obligación de continuar las conversaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a la
daño desproporcionado al que son sometidos los ciudadanos y permitir que los tribunales reanuden su actividad en condiciones normales”..

Los letrados entienden que la huelga «perjudica gravemente el funcionamiento de los juzgados y tribunales», ya que ha provocado «la
suspensión de miles de vistasperdiendo a los que se dedican a las mismas decenas de miles de horas».

En el ámbito local, la Asociación de Jóvenes Abogados de Las Palmas y Tenerife expresó en un comunicado su «firme apoyo» al derecho de la LAJ «a convocar una huelga en busca de
reclamar las mejoras y el reconocimiento que crea conveniente. Pero, además, solicitaron que esta interrupción «pueda y no deba ejercerse sin límites, entendiéndose como tal, la
falta de consideración por la ciudadanía, la profesión legal, la contratación, etc, lo cual se observa”, dijeron.

«No es necesario suspender in situ, con pérdida de tiempo y dinero, a la abogacía, al fiscal y al ciudadano en
acudir a los juzgados y tribunales »argumentan, «por no querer dar una mínima antelación,
prohibiendo a los subsidios, procesadores y administradores informar sobre ello», dicen los miembros de estas asociaciones provinciales.

Juan Francisco Vargas. / C7

Se suspende juicio contra Juan Francisco Vargas

El juicio que debía realizarse este miércoles contra Juan Francisco Vargas, padre de la fallecida Yéremi Vargas, fue suspendido por la huelga de abogados. Se le acusa de haber cometido un presunto delito de abuso sexual de una de sus propias hijas, una menor de edad. Por estos hechos Vargas -que acudió a la Municipalidad de Justicia acompañado de su representante legal- se enfrenta a una solicitud de pena de seis años de prisión y de indemnizar a la víctima con 15.000 euros, según informó la fiscalía. Por su parte, la familia que ejercía el poder notarial privado pide a Vargas una indemnización de 20.000 por el daño moral causado.