La Fiscalía Europea ha decidido investigar el caso Mascarillas, porque cree que la posible estafa de cuatro millones de euros que habría sufrido la sanidad canaria al inicio de la pandemia de la COVID-19 podría afectar a los fondos europeos y, en consecuencia, a pidió al juez competente que se «abstenga» de realizar nuevas diligencias.
En un decreto emitido por su sede en Madrid, la Fiscalía Europea anuncia que activa su «derecho de revocación» para tomar jurisdicción sobre el caso y sus investigaciones, ya que sospecha que el dinero adelantado por el Servicio Canario de Salud para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió podría salir del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Sin embargo, fuentes del Gobierno de Canarias negaron ayer durante el Pleno del Parlamento autonómico que se hayan destinado fondos europeos para ello, según informó Televisión Canaria.
El texto del decreto de la Fiscalía Europea, adelantado ayer por el diario El Close Digital, recuerda que, en virtud del derecho comunitario, las autoridades nacionales que investigaban esta supuesta malversación de fondos públicos (el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción) “están obligados a presentar sus actuaciones”. Esta intervención de la Fiscalía Europea no tiene un carácter especialmente excepcional, hasta el punto de servir de ejemplo en el sentido de que actúa de la misma manera incluso en un caso muy similar que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, donde el presidente su hermano, Isabel Díaz Ayuso, estaba implicado.
Sea como fuere y tras conocer la resolución que nos atañe, el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria suspendió las declaraciones que tenía previstas para mañana tras recibir esta comunicación, en una causa en la que el exdirector del Servicio figura como Acusó a Sanidad Canaria, Conrado Domínguez, que dimitió la semana pasada, precisamente por esta causa; la ex directora de recursos económicos del sistema sanitario público de Canarias, Ana María Pérez; el empresario Rayco Rubén González, propietario de RR7; la madre y hermana de Rayco Rubén González, Adoración Sánchez y Belén Alemán respectivamente; Otro empresario vinculado a González se llama Kevin Sánchez y, según anunció ayer Canarias 7, se sumó un conocido de Conrado Domínguez llamado Oswaldo Lastras.
Según los hechos investigados, el Servicio Canario de Salud pagó en 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus, cuatro millones de euros por un lote de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegó a recibir de la empresa RR7, empresa dedicada a los revendedores de autos sin experiencia previa en importación de material sanitario. Las mascarillas contratadas llegaron al aeropuerto de Gran Canaria, pero la aduana intervino y las destruyó, por tratarse de productos falsificados de la empresa 3M. Dicho esto, el Servicio Canario de Salud ha decidido revocar la asignación del RR7.
Y un año después, en 2021, Conrado Domínguez autorizó la reactivación de ese contrato, a pesar de que ya había sido rescindido judicialmente, y RR7 tuvo la oportunidad de importar otro lote de 1,2 millones de mascarillas de otra marca por el dinero que ya se habían recogido, mascarillas que ni siquiera la SCS recibió.
Parlamento
Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se opuso ayer a la apertura de una comisión de investigación sobre este caso, al tiempo que criticó el «uso político» que, a su juicio, quieren hacer CC y PP. Ante preguntas de grupos nacionalistas y populares en la sesión de escrutinio, Torres pidió «que se deje trabajar a la justicia» y no entiende por qué se requiere una comisión «cuando ya está investigado» en los juzgados y una vez que Conrado Domínguez tuvo que irse. oficina, dada la pérdida de confianza en la misma tras las investigaciones judiciales.
