La Fiscalía Europea ha decidido intervenir en el caso de las Mascarillas al entender que se podrían utilizar fondos europeos en
los 4 millones de euros pagados del Servicio Canario de Salud (SCS) a RR7 para la compra de un millón de mascarillas, material que nunca se ha entregado.

El caso fue investigado en el juzgado número 7 de la capital grancanaria y la Fiscalía Europea anunció su intención de hacerse cargo de la jurisdicción fiscal,
abriendo lo que se conoce como un llamamiento de poderes. Para ello hizo uso de un decreto del 7 de noviembre, cuyo contenido fue anticipado por el sitio ‘El Cierre Digital’.

Sin embargo, ocurre que, según fuentes del Gobierno de Canarias, hay un informe de la Intervención que demuestra que
en ese contrato no se utilizaron fondos de la Unión Europea.

En la práctica, esta cuestión de competencia en el ámbito judicial debería ahora ser resuelta, lo que supondrá un retraso en la investigación.

En tanto, el juzgado suspendió este viernes las declaraciones de tres imputados:
la esposa, madre y prima del director único de RR7el empresario Rayco Rubén González.

Los tres fueron imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción cuando sus nombres aparecían en las empresas que supuestamente recibían dinero de RR7 tras recibir los 4 millones de Sanidad.

Las declaraciones de Rayco Rubén González le costaron el puesto a Conrado Domínguez, que dimitió como director del Servicio Canario de Salud el pasado jueves al conocer que el Consejo de Gobierno le habría despedido si no hubiera dimitido antes.
Rayco Rubén González confirmó que mantuvo contacto con Conrado Domínguez antes de la formalización del contrato y durante la tramitación de los mismos, contradiciendo lo que siempre ha sostenido Domínguez. Los mensajes del móvil proporcionados por el dueño de RR7 desmontaron la tesis de Domínguez.

El juez decretó el secreto de las diligencias la semana pasada al darse cuenta de que el «punto de inflexión radical» de la investigación se debió a esa declaración del Rayco Rubén González, así recomendó la posibilidad de nuevos imputados y la revisión de más contratos, a lo que fue añadió el cansancio judicial por las «fugas hasta la saciedad».

¿Qué es la Fiscalía Europea?

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Fiscalía Europea (EPPO) Es un organismo independiente de la Unión Europea cuyas funciones se enmarcan en la lucha contra los delitos económicos a nivel europeo, como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la corrupción. Está formado por 22 Estados miembros de la UE (es decir, todos excepto Hungría, Irlanda, Polonia, Suecia y Dinamarca).

La EPPO inició su andadura el 1 de junio del pasado año 2021.

El principal objetivo de la Fiscalía Europea es la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Estos delitos incluyen varios tipos de fraude: blanqueo de capitales, corrupción, fraude transfronterizo del IVA, etc.

Su sede se encuentra en Luxemburgo. Además, la Fiscalía Europea tiene delegaciones en cada uno de los 22 Estados miembros que participan en esta cooperación reforzada.

Para llevar a cabo sus funciones, la Fiscalía Europea necesita personal de diferentes perfiles y características, vinculado principalmente al ámbito jurídico, pero también a otras áreas como la gestión administrativa y financiera, o la comunicación, entre otras.