Canarias cumple con el plazo dado por la Ley orgánica de eficiencia judicial para transformar la organización del Servicio Público de Justicia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha culminado el proceso de transformación del Servicio Público de Justicia dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Así, el 31 de diciembre, se pusieron en marcha los tribunales de instancia de los partidos judiciales de la tercera y última fase, que comprende Santa Cruz de la Palma, Santa María de Guía, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, agrupando a un total de 152 juzgados unipersonales, así como las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justicia, en total 179 órganos judiciales. Hoy, todos ellos funcionan con normalidad, salvo pequeñas incidencias derivadas de la adaptación a la nueva organización.

“Ha sido un proceso complejo que las Comunidades Autónomas teníamos que completar en tan solo un año y asumiendo, además, el coste económico con nuestros propios recursos. En el caso de Canarias, este coste ha superado los 13 millones de euros, con la dificultad añadida de que la ley entró en vigor en enero de 2025, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados”, explica la consejera, poniendo en valor que esta transformación de los juzgados de primera instancia en tribunales de instancia y de los juzgados de paz en oficinas municipales de justicia se ha desarrollado en tres fases, siempre dentro de la fecha límite impuesta por la ley. “Aquí ha sido fundamental la labor de la Viceconsejería de Justicia, del TSJC, de la Fiscalía, de los órganos de gobierno de los Letrados de la Administración de Justicia, los colegios de abogados, de procuradores y de graduados sociales y, por supuesto, la colaboración de todo el personal de la Administración de Justicia”, apunta.

En Canarias 220 juzgados unipersonales se han transformado en 19 tribunales de instancia y 69 juzgados de paz han sido reconvertidos en oficinas municipales de justicia. En total, son más de 2.400 funcionarios afectados.

La primera fase de implantación de los tribunales de instancia se puso en marcha el 1 de julio y afectó a 25 juzgados que quedaron transformados en nueve tribunales de instancia, además de nueve registros civiles, 34 juzgados de paz que pasaron a ser oficinas judiciales municipales y 277 funcionarios afectados.

El 1 de octubre entró en funcionamiento la segunda fase, con 43 juzgados, más cuatro registros civiles, once juzgados de paz y 490 funcionarios afectados.

La tercera y última fase, con la que culmina la implantación de la nueva organización del Servicio Público de Justicia es la que se ha puesto en marcha este pasado 31 de diciembre afectando a un total de 1.675 funcionarios, incluyendo magistrados y letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que desempeñan su trabajo en tribunales de instancia, oficinas de justicia municipal y registros civiles.

Todo el proceso ha requerido la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la mesa sectorial de negociación, en un proceso liderado desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.