el fenómeno de casas de vacaciones Vivió su momento de eclosión hace más de quince años y desde entonces no ha parado de crecer por todo el mundo, con especial incidencia en destinos turísticos como Canarias.

Un sector que actualmente factura en el archipiélago más de 1.500 millones de euros al año, un crecimiento del 50% respecto a lo recaudado hace ocho años. Fue entonces cuando el ex presidente de la Gobierno de Canarias, paulino riveroprometió regular esta nueva forma de entender el turismo que el Ejecutivo ve como una amenaza para los hoteles y apartamentos tradicionales.

Sin embargo, los jueces declararon nulos los preceptos más controvertidos del decreto promovido por el consejo regional en 2015 y desde entonces las casas de vacaciones se rigen por una ley, el Decreto 113/2015, que FECAM (el Federación de Municipios de Canarias) trabaja para derogar esta práctica a través de un nuevo decreto-ley, encontrando la oposición directa del Asociación Canaria de Casas de Vacaciones (ASCAV).

Pérdida del 95% de las viviendas

Según la ASCAV la borrador del decreto estás trabajando con significa desaparición de casas de vacaciones. Hasta el 95% de los que existen hoy en las Islas, más de 40.000, privando de ingresos a 37.000 personas y afectando a 70.000.

Según el documento al que tuvo acceso Atlántico hoy Hay varias razones para una regulación más estricta de las viviendas turísticas (VUT), como ahora pretende llamarlas. Entre estos, el derecho constitucional a la vivienda, ya que a raíz de los usos turísticos los precios suben en algunas zonas y dificultan el acceso al apartamento, por lo que argumenta que “los límites a la actividad deben fundarse en una razón imperativa de interés general».

Sin embargo, desde ASCAV se comenta que “todos los partidos, ayuntamientos y ayuntamientos de Canarias disponen de un informe de más de 150 páginas elaborado por la ULPGC que desmiente este mito”.

problemas del vecindario

Este proyecto también prevé, y esto es de particular importancia, que los municipios vecinos deberán emitir un permiso expreso para que en ellos pueda haber pisos turísticos.

Mientras que los inmuebles provistos de dicha autorización puedan comercializar su actividad, en los que no esté expresamente permitido o prohibido «el propietario que pretenda ejercer la actividad deberá solicitar una pronunciación expreso de la comunidad.

Sin embargo, el cambios en los estatutos de los municipios vecinos requieren unanimidadPor tanto, un solo voto en contra imposibilitaría a un particular alquilar su vivienda para uso turístico. Sin embargo, la comunidad autónoma no tiene competencia para regular las comunidades de vecinos, ya que son materia de legislación civil, exclusiva del estado.

Prohibir el ejercicio de la actividad.

Es por ello que ASCAV lleva meses denunciando que el proyecto prevé la «desaparición» de viviendas vacacionales y «concentrarlas en manos de fondos de inversión y grandes gestoras», tal y como informó este medio el pasado mes de octubre.

Entiende que las condiciones fijadas por el decreto son imposibles de respetar para el ciudadano de a pie y afectan también a sus derechos, ya que en caso de pérdida de la habilitación por «posible incumplimiento», no sólo la corrección de los errores no previstos, sino que está prohibido llevar a cabo el negocio durante cinco años.

También estarían sujetos a ella quienes no estuvieran en cumplimiento del Decreto 113/2015 en el momento de la adaptación a la nueva norma. Por ello, la asociación señala que es «absolutamente desproporcionado y contrario a derecho que si una vivienda vacacional pierde la inscripción en el registro, no pueda presentar una nueva solicitud solucionando las incidencias de los extremos necesarios y sea expulsada por un tiempo». de cinco años después de la regulación, lo que supone un auténtico anuncio reglamentario».

Desacuerdos con hoteleros

El presidente de la hostelería española (CEHAT) y los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, dicho recientemente en Foro Turístico BTM ocurrido en Lloret de Mar (Cataluña) que la turismofobia No volvería a España mientras la oferta de viviendas vacacionales siga siendo «una jungla» por la pasividad de las administraciones públicas.

Para Marichal, se está haciendo «un uso sin sentido común» de los edificios residenciales, «mezclando agua y aceite», a gente que se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar con otros que llegan de fiesta a esa hora. Tampoco tiene sentido que los gobiernos definan los metros cuadrados que debe tener una habitación de hotel pero hayan acordado “por acción u omisión” que el alquiler vacacional se ha convertido “en una jungla”.

Por ello, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, avergonzó al presidente de Ashotel por haber utilizado una «palabra preocupante y extremadamente peligrosa» que «causó un daño irreparable, tanto en la percepción de la sociedad como en la política». También aseguró que “la saturación de turistas no la provocan los propietarios privados de las casas de vacaciones”.

Dice que «la mayoría de las ofertas en el mercado provienen de empresas e inversores con grandes carteras y los anfitriones privados están siendo expulsados ​​del mercado», por lo que «no se trata de casas de vacaciones o no, sino de todo para mi”.

Análisis y contribuciones

Por su parte, FECAM explicó en un comunicado enviado a los medios hace dos meses que el texto ha sido trasladado a los municipios para su análisis y aportes y, una vez implementado, se iniciará un proceso de diálogo con las partes interesadas, es decir, con ASCAV y Ashotel. .

“Lo que ha hecho FECAM es iniciar un proceso participativo con sus asociados, como es costumbre en la gestión de la federación, y como respuesta a la necesidad identificada a nivel municipal derivada de la problemática existente en este sector, que se agudizará con la paso del tiempo”, se lee en la nota.

Con las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), 50 de los 88 municipios de Canarias han registrado un incremento en la cuota de alojamiento turístico en los dos últimos años, lo que sitúa al Archipiélago como la segunda comunidad con mayor porcentaje de este tipo de piso respecto al total de viviendas.