El juicio contra Ramírez se está agotando. Este martes tuvo lugar la penúltima sesión en el ciudad de la justicia de la capital grancanaria contra el empresario y presidente de ustedes las palmas; Y Héctor de Armas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social. El día transcurrió con relativa normalidad hasta que el último llamado a declarar, un inspector de Hacienda en excedencia, impugnó lo expuesto por el resto de técnicos desde el inicio del proceso judicial: «No se puede solicitar la retención a Seguridad Integral Canaria”.

Juan Luis Sendín Fue llamado al estrado como experto y presentó una tesis contraria a la de los demás. Asegura que la compensación se debió buscar a los empleados de la empresa de seguridad, y no a la empresa misma. Para argumentar su posición, invocó «el criterio de Corte Supremadel audiencia nacional e inspección de Agencia Tributaria”.

golpea a los trabajadores

Quien actualmente es asesor fiscal concluyó de una nota emitida por Hacienda que “parece conveniente que el requerimiento de la deuda sea en el domicilio del beneficiario”. O, lo que es lo mismo, que el trabajador sea el responsable de pagar los impuestos. Sus palabras no dejaban lugar a dudas. “La Agencia Tributaria debió dirigirse a cada uno de los trabajadores y no a la SIC«, ha declarado.

Para sorpresa de unos y tranquilidad de otros, Sendín declaró que «no ha quedado suficientemente probado que esto constituya un delito contra el erario público». Ante las insistentes preguntas de la defensa de la fiscalía y del fiscal, fue contundente: «Se deberían haber hecho más investigaciones.”.

asumir la responsabilidad

Otro de los llamados a declarar fue Pedro Bermejo. Examinó las denuncias relativas a la actividad de la empresa correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. Su función es la de inspector-coordinador de delitos contra la Hacienda Pública. Estudia si la conducta de los diferentes casos que se le presentan es punible e informa al inspector jefe para que actúe como le parezca.

A una pregunta de la Abogacía del Estado sobre el tema que Sendín se pronunciará dos horas después, dijo que “lo que no se pudo hacer fue exigir una compensación a ambas partes, es decir, al pago inicial y al beneficiario”. Continuó señalando que hay varios fallos de la Corte Suprema desde 2020 que dicen que se debe abordar al pagador porque él es quien conoce los detalles. Por supuesto, a la hora de asumir responsabilidades en las que se haya podido incurrir, no se trata de acudir a uno u otro.

Sin «errores excusables»

Una de las claves para entender este caso es que Ramírez y de Armas están acusados ​​de haber disfrazado las horas extraordinarias pagándolas como jornales porque no tuvo que retener cantidades en el IRPF y no contribuyó a los pagos de la Seguridad Social. Bermejo aclaró que nada de esto había pasado como “un error excusable”, pero que “había sido disfrazado de extraordinario”.

“Nunca deciden si las dietas están sujetas a retención, hay una inspección que detecta el fraude”, expresó. Agregó que la compañía estaba actuando con la esperanza de que no fueran descubiertos. Además, puso sobre la mesa que en los años que ha analizado nunca se ha despedido a ningún trabajador. Además, se constató que muchos de los trabajadores despedidos recibían un salario.

tarde con los documentos

La segunda persona llamada a sentarse ante el tribunal fue Ana Pérez, inspector de trabajo y seguridad social que tenía jurisdicción en la provincia de Las Palmas. Recuerda que el 23 de febrero de 2016 solicitó a la SIC los horarios de los trabajadores. Poco después de un año de la redacción de la escritura, entregaron algunos documentos, pero no todos los solicitados.

Explicó que pasó más de un año enviando correos electrónicos al representante de SIC, nuria faraldo, para aportar documentación. “Me dijeron que no había planes de horas extras para el 2012«, Él admitió. Lo que proporcionaron fue la nómina de 49 trabajadores.

salario base congelado

Pérez estudió el período de marzo de 2012 a febrero de 2013. En cuanto al salario base, dijo que en ese período de tiempo estaba congelado en las tablas de 2011”.De las dietas ni el motivo ni el lugar me justificaron, en 2012 las liquidó el Madrid«, ha indicado.

El inspector emitió un descargo por infracción porque, dijo, los hechos eran muy graves. “Hubo perjuicio económico para los trabajadores porque no habían recibido«, ha declarado. Reveló que en una reunión con Héctor de Armas le dijo que quería cambiar el humor de la empresa y que pagaría según lo pactado. «Le dije que debería haber hecho esto hace mucho tiempo», dijo.

crímenes

Ramírez fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. El Ministerio Público, la Seguridad Social, Hacienda y el Sindicato de Trabajadores (USO) lo acusan a él y a Héctor de Armas de recurrir sistemáticamente a una serie de «preceptos» en el pago de nóminas a sus empleados, articulados con la excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas reemplazó al empresario en el cargo de único director en 2011. Sin embargo, Ramírez, con el 91,4% de las acciones de la empresa, presumiblemente ha continuado al frente de la misma.

La fiscalía, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez ha cometido cinco crímenes contra Hacienda y tres contra la Seguridad Social y pide la condena de 21 años y medio de prisión y 105 millones de multa. El Ministerio Público acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y pide la condena total a 14 años de prisión y 79,32 millones de multa.