En una decisión histórica, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de un hombre a percibir una indemnización sustancialmente mayor a la inicialmente otorgada por el Ministerio de Justicia. Este individuo pasó 1.448 días en prisión preventiva por un delito del que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas, lo que ha generado un debate legal sobre la compensación por el tiempo injustamente privado de libertad.

El caso se remonta al año 2005, cuando el denunciante fue acusado de ser cooperador en el transporte de una gran cantidad de cocaína en un buque. Tras un largo proceso judicial, la Audiencia Provincial de Las Palmas lo absolvió en 2009 al no encontrar pruebas que lo incriminaran en el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, su calvario legal no terminó ahí.

Después de su absolución, el individuo presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la cual fue inicialmente desestimada. A pesar de diversos recursos legales, fue finalmente el Tribunal Constitucional en 2019 quien ordenó una revisión del caso, garantizando los derechos fundamentales del denunciante.

En mayo de 2022, el Ministerio de Justicia reconoció una indemnización por daño moral de 47.000 euros, pero negó la compensación por los salarios perdidos durante su tiempo en prisión preventiva. La Audiencia Nacional, en su reciente fallo, ha decidido otorgar alrededor de 27.487,8 euros adicionales por «lucro cesante», sumando un total de aproximadamente 74.000 euros de compensación.

Esta decisión marca un precedente importante en materia de compensación a individuos injustamente encarcelados, demostrando la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales en el sistema judicial. La sentencia aún no es firme y puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que indica que la batalla legal podría continuar en los próximos meses.

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