Las Palmas de Gran Canaria (EFE) Canaria, por la que el Ministerio Fiscal pide una pena de 21 años y medio de prisión y 105 millones de multa.

La fiscalía pide, a su vez, 14 años de prisión y una multa de 79,32 millones para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como director único de la empresa de seguridad privada en 2011, en una jugada que la fiscalía ha creado un simulación, porque, desde su punto de vista, el primero seguía «siguiendo tomando todas las decisiones» como dueño del 91% de la empresa.

Durante casi tres semanas, la Sección Primera de la Audiencia Provincial examinará uno de los casos más sonados de los últimos años en Canarias, no solo porque se trata del dueño de un club de primera división (Ramírez preside la UD Las Palmas, de la que es accionista mayoritario) y una empresa que durante años se ha ganado concesiones en las administraciones de media España por sus imbatibles precios (el «rey de la seguridad low cost», se llamaba al empresario grancanario), pero también por su política derivados/judiciales.

De este caso nació el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que llegó incluso a ser imputada ante el Tribunal Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez revocó la causa llevando a la justicia un registro en por la que Alba le ofreció beneficios procesales a cambio de colaborar en la acusación de varios delitos al entonces diputado de Podemos.

Rosell fue absuelta de todos los cargos que se le imputaban, mientras que Salvador Alba perdió su condición de juez y desde el 18 de octubre de 2022 cumple una condena de seis años y medio de prisión por abuso, corrupción y falsificación de documentos.

En el juicio que comienza la próxima semana, la Fiscalía General del Estado, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO buscarán demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron sistemáticamente a una serie de «vergüenzas» en el pago de salarios a sus empleados que se articularon con la excusa de superar la crisis económica de 2008.

Los cuatro imputados argumentan que, en realidad, estas maniobras de Seguridad Integral Canaria tenían como objetivo eludir los pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus prestaciones, aunque ello fuera a costa de «perpetuar la precaria situación de la mayoría de sus trabajadores». .

ocho crímenes

El fiscal acusa a Ramírez de cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas se le imputan tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria ha llevado a cabo desde 2011 para reducir su masa salarial (la mayor parte de los gastos en su actividad), que le han permitido ganar numerosos contratos de vigilancia pública en toda España, a lo que llegó con costos mucho más bajos que su competencia, que pagó el negocio de la industria.

La primera de estas maniobras, precisa, fue «disfrazar» las horas extraordinarias que trabajaban sus guardias y pagarlas como si fueran dietas, «por una razón obvia», subraya el abogado del caso: con las dietas deberá no retener a sus empleados cantidades sujetas a IRPF y aportaciones al ahorro para dichas cotizaciones a la Seguridad Social.

De esta forma, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y otros 11,45 millones a la Seguridad Social.

El resto de las cantidades supuestamente defraudadas por ambos imputados al erario público proceden de contratos de empresa que Seguridad Integral aplicó a su personal tras la «baja» del contrato nacional del sector de la seguridad privada.

Los dos convenios de empresa fueron anulados por el Tribunal Supremo, dictando sentencias que Seguridad Integral Canaria tendría que pagar a sus trabajadores de acuerdo con el convenio sectorial a partir del 1 de marzo de 2012.

Al no aplicar el convenio sectorial, subraya la fiscalía, Seguridad Integral Canaria ha mantenido a sus trabajadores en una «situación precaria» que les ha permitido no pagar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que ni siquiera han pagado impuestos. prórroga EFE