El juicio contra el empresario Miguel Ángel Ramírez ha comenzado este martes en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llegó Ramírez, lo esperaba una manifestación alentada por la Unión Sindical Obrera (USO), el gremio que ejerce la acusación particular.
El día fue largo, muy largo. Casi cinco horas y media de juicio donde lo más importante fue la lucha entre las defensas, que han pedido la cancelación del ensayo en ediciones anteriores y la oficina del fiscal y el Abogado del Estado quien pidió su destitución.
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nazis
el magistrado Miguel Ángel Parramón decidió, tras una breve suspensión, que las cuestiones anteriores serán resueltas en la sentencia. Posteriormente, ex empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) de Ramírez comenzaron a declarar como testigos. El primero de ellos, claudio ferrerdejaron a toda la habitación asombrada. «Funcionaba como en la época de los nazis, mandan y te quitan la piel. O te ibas por tus propios medios o morías estallando en el servicio»aseguró.
Con puntualidad inglesa había comenzado el primer día de este juicio. En su discurso inaugural, el abogado evangelina rios levanta la recusación del magistrado Mónica Herrera, pero no prosperó. Posteriormente, el sindicato USO renunció a la responsabilidad penal de la SIC, por no tener ningún interés después de su extinción, pero pidió mantener la responsabilidad civil.
Amanecer
Y fue el turno del abogado estrellado, José Antonio Choclán defendiendo a Ramírez. “No hubo prórroga formal del procedimiento, que inicialmente se limitó a los años 2008 y 2009; no se respetó la garantía preventiva de que el sospechoso fue informado de los cambios del objeto del proceso”, afirmó también el magistrado.
Para Choclán, el juicio está viciado por el ex juez Salvador Alba. “Tomó posesión de ella el 3 de noviembre de 2015 y ese mismo día citó a declarar a los imputados para el 30 de noviembre”, puntiagudo. Choclan encuentra increíble que Alba haya podido descubrir en tan poco tiempo lo que estaba haciendo. Por ello, dado que no aprecia un delito contra la Seguridad Social y dado que los delitos fueron denunciados tardíamente, ha solicitado su nulidad. Evangelina Ríos, la fiscal, trató de desmontar los argumentos de las defensas y pidió que se cerraran los números anterioresCalle.
exceso de horas
Pasadas las 14:00 horas (el juicio comenzó a las 10:00 horas), declaró el primer testigo. Claudio Ferrer explicó los problemas que tendrían con las horas extras. «Hasta que pediste un dial escrito y te sentaste en tu asiento, la calidad de vida era cero». “Allí trabajabas horas extras forzadas sí o sí, quisieras o no”, agregó. Trabajó como alcaide en cárceles de menores, en hospitales, en centros de salud, en estadios… «Al principio hacía todo en la capital y cuando yo empecé a pedir mis derechos, iba a donde ellos querían», cuenta. . .
“Funcionaba como en la época de los nazis, están a cargo y te quitan la piel. O te vas por tus propios medios o mueres estallando en el servicio. Era como el partido nazi, todo era sistemático. Exigí el pago de las dietas y me dieron de sobra», ha declarado. Agregó que cuando trató de reclamarlo, le respondieron que “es lo que es, si te interesa pues, y si no, tráelo”.
Extrabajador de Miguel Ángel Ramírez en el juicio / ATLÁNTICO HOY – G. DÍAZ MEDINA
Los siguientes testigos, algunos de ellos mayores y con algunos lapsus de memoria, coincidieron en sus declaraciones. Trabajabas por toda la isla y podías hacer más de doscientas horas al mes.
21 años de prisión
El empresario y presidente de la UD Las Palmas ha sido denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. El Ministerio Público, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) acusan a Ramírez y Héctor de Armas a recurrir sistemáticamente a una serie de «precepciones» en el pago de las nóminas a sus empleados que se articulaban con la excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas reemplazó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez, con el 91,4% de las acciones de la empresa, presumiblemente ha seguido administrándola.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez ha cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y pide 21 años y medio de prisión y 105 millones de multa. El Ministerio Público acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y Pide una pena total de 14 años de prisión y una multa de 79,32 millones.