El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la resolución del contrato de obras para la reforma del edificio Royal, donde estaba ubicado el antiguo multicines en Las Palmas de Gran Canaria, destinado a albergar la Delegación de la Agencia Tributaria Canaria, así como la incautación de 338.954,90 euros en concepto de garantías a la empresa adjudicataria, Levantina Ingeniería y Construcción SL. La sentencia concluye que la obra fue abandonada de forma injustificada y que el incumplimiento del contrato es imputable a la constructora.
Levantina, Ingeniería y Construcción SL, empresa liderada por José Ruz Martínez, fue la adjudicataria en 2022 de la reforma de este edificio por 6,5 millones de euros. Ruz Martínez es conocido por haberse reunido con Koldo García, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en un encuentro que ha sido objeto de investigación por presunta corrupción. En la reunión también participó el agente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, señalado como clave en la trama Koldo.
Según la investigación, Víctor Gonzalo de Aldama habría utilizado empresas, incluida una de Ruz Martínez, para cobrar comisiones ilegales. A pesar de estas conexiones, José Ruz Martínez no figura como investigado en el caso.
La sentencia del TSJC, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, confirma la resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución y la incautación de las garantías depositadas. El litigio se originó en el contrato adjudicado en junio de 2022, en el que se detectaron retrasos relevantes en la ejecución. La obra quedó prácticamente paralizada a finales de 2023, lo que llevó a la rescisión del contrato en 2024.
Levantina Ingeniería y Construcción solicitó la nulidad de la resolución contractual y la devolución parcial de las cantidades incautadas, pero la Sala rechazó estos argumentos. La sentencia destaca que los retrasos y el abandono de la obra son responsabilidad de la contratista, y que la rescisión del contrato fue la medida adecuada dada la gravedad del incumplimiento.
La resolución también desestimó la reclamación económica adicional de la empresa, señalando que en casos de incumplimiento culpable del contratista, la normativa prevé la indemnización de daños a favor de la Administración. En consecuencia, el Tribunal confirmó la actuación de la Agencia Tributaria Canaria y la incautación de las garantías, imponiendo costas a la parte recurrente.
En resumen, la sentencia del TSJC ratifica la resolución del contrato de obras para la reforma del edificio Royal y la incautación de garantías a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción SL, en un caso que involucra a empresarios y agentes públicos en presuntas actividades corruptas.
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