Mientras continúe el paro de los Abogados de la Administración de Justicia, el caso conocido como ‘caso Romina’ seguirá paralizado

La Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) indicó, en relación con la audiencia de apelación del auto de ediciones anteriores del denominado ‘caso Romina’, que mientras persiste la huelga de los Abogados de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala, la el caso se encuentra «paralizado, impidiendo la continuación de las actuaciones por parte de la Audiencia Provincial».

En un comunicado del TSJC, se explica que la Sala de lo Penal recibió de la Audiencia Provincial de Las Palmas el recurso contra el auto de cuestiones anteriores el 12 de enero de 2023, fecha en la que se inició el procedimiento y el plazo para la personificación. de las partes

Posteriormente, una vez formadas todas las partes dentro del plazo legal, la LAJ de la Sala, Isabel Moralesinformó a la presidenta el 26 de enero que podía estar presente aunque estuviera en huelga, dado que había pedido licencia por su propio trabajo hasta el martes 7 de febrero «y quien la reemplazó no estaba en huelga, todo ello con el fin de evitar demoras y en la atención del caso y del asunto (violencia contra la mujer)”.

Límite de la prisión preventiva

Agrega que, si bien era un hecho notorio por su trascendencia y reacción mediática, el imputado había sido excarcelado por exceder el límite máximo de la prisión preventiva, razón por la cual la “causa no fue incluida en la resolución del Secretario General del Ministerio de Justicia de 19 de enero de 2023″.

Luego, incluye carta del TSJC, 27 de enero Diputado LAJ, Francisco Rodríguez Morilladicta auto señalando la audiencia de apelación de las 11:30 horas del 31 de enero de 2023, día en que se le confirió al presidente una comisión de servicio, por lo que la propia LAJ, con el trámite de esa fecha, solicita a la Secretaría de Gobierno el nombramiento de un magistrado para completar la Sala, «que se completa de inmediato, estableciéndose una nueva configuración de la Sala bajo la presidencia del magistrado antonio doreste como magistrado de más antigüedad, según las normas aprobadas por la Casa de Gobierno».

Agrega que esta diligencia fue notificada al Ministerio Público ya las partes, invitándose a dos de ellas a intervenir vía enlace electrónico, lo cual fue acordado con auto de 27 de enero. Sin embargo, el pasado 28 de enero, el titular de la Cámara de la LAJ comunicó vía WhatsApp al Portavoz y a los magistrados de la Cámara que, por motivos personales, “estaba a punto de proceder a la cancelación del permiso por motivos personales que había solicitado y que, por tanto, el martes me declararía en huelga».

Servicios mínimos

Por su parte, la LAJ de reposición en servicios mínimos, Francisco José Rodríguez Morillasestablece en una resolución procesal de fecha 31 de enero que registra e informa “a todas las partes que en el día de hoy sólo se realizarán en este Tribunal los servicios mínimos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias, siendo la LAJ la cabeza de este órgano en ejercicio de su legítimo derecho a huelga.

Añade que en virtud de la resolución del Secretario General de la Administración de Justicia, por la que se fijan los servicios mínimos para la huelga convocada a partir del 24 de enero de 2023, con lo que se considerarán servicios esenciales “únicamente las pruebas orales de la ordenanza penal”. o cualquier acto o comparecencia en juicios con un detenido, con el fin de no retrasar la resolución de situaciones de privación de libertad, certifico que este abogado, además de no intervenir en la audiencia prevista para el día, no garantizará la autenticidad y integridad” de los consignados o reproducidos en tal escritura con “todos” los perjuicios que ello pueda acarrear para las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la LEC y el artículo 241 de la LOPJ.

La vista del ‘caso Romina’ no está incluida en los servicios mínimos

Las actuaciones fueron notificadas a las partes pero «ni las actuaciones ni su notificación entran dentro del ámbito de los servicios mínimos establecidos por la citada resolución del Secretario General de la Administración de Justicia».

Por ello, el día de la designación, 31 de enero, a las 11:30 horas, el Juez Antonio Doreste, en su calidad de presidente encargado de la Sala, informó a las partes y al Ministerio Público que la LAJ saliente se encontraba en huelga y que la celebración de la audiencia no formaba parte de los servicios mínimos.

Dicho esto, tanto el Ministerio Fiscal como las partes solicitaron la celebración de la audiencia y «expresaron que no afectaba en nada a sus derechos procesales, por lo que no habrían planteado la nulidad de las actuaciones». Es por ello que el presidente interino decidió realizar la audiencia, la cual quedó registrada en el sistema Arconte-Áurea aunque “no existe certificación de la LAJ en virtud de la cual se considere incorporada” en el sistema de gestión procesal.