El Ejecutivo acuerda también subastar un local de su propiedad en Madrid que se encuentra en desuso

El Consejo de Administración autorizó hoy el gasto por el arrendamiento -por diez años- con opción de compra del edificio Urbis, en Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 12,8 millones de euros.

El convenio viene motivado por la necesidad de trasladar las oficinas de algunos centros de negocios del edificio Multiusos V a esta nueva ubicación y que no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad y habitabilidad.

El edificio alberga actualmente los servicios del CECOES 112 y la ZEC, que ocupan alrededor de un tercio de la superficie del edificio. El resto pertenece a oficinas del sector privado, que abandonarían el edificio si se formalizara la opción de compra.

Asimismo, a este edificio se trasladará el Instituto Canario para el Desarrollo Cultural (ICDC) y el Tribunal de Cuentas. Este último se ubicará en el antiguo despacho de abogados, pero, debido a la necesidad de reformarlo, se instalará temporalmente en él hasta la finalización de las obras.

Asimismo, se creará la Dirección General de Promoción Económica; la Dirección General para África; la Viceconsejería de Economía y Gestión de los Servicios de Seguridad y Salud de Canarias.

El pleno aprovechamiento del edificio permitirá también al CECOES 112 -que actualmente ocupa la 5ª planta del edificio- cubrir el incremento de plantilla previsto.

El estudio de mercado realizado por la empresa Actúa Valoraciones, SA, aprobado por la Dirección General de Bienes y Contratos el pasado 2 de marzo, indica que el Edificio Urbis es el único que reúne las condiciones óptimas para el uso al que está destinado. Otras seis propiedades fueron tomadas como testigos.

En cuanto a la opción de compra, la operación se cierra en trece millones quinientos mil euros, 13,5 millones de euros. Si la opción se ejerce en los primeros cinco años del arrendamiento, se deducirá del mismo el treinta por ciento de la renta neta pagada hasta la fecha, menos el quince por ciento (15%) de la renta neta pagada hasta la fecha, en caso de que la compra la opción se ejerce entre el sexto y el décimo año del plazo del arrendamiento.

Por otro lado, el Gobierno autorizó la subasta pública, mediante procedimiento abierto, de un inmueble de su propiedad situado en la calle Jovellanos, en Madrid, que actualmente se encuentra en desuso.