El gobierno y los afectados por la segunda moratoria aún no han negociado una compensación. /
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Esta cantidad se entregó en consideración a las numerosas reclamaciones derivadas de sentencias por limitación de usos turísticos
Él
Departamento de Transición Ecológica ha proporcionado una ‘bolsa’ de
468 millones de euros
en previsión que tienes que pagar el
pagar una compensación de las sentencias relativas a la limitación de usos turísticos por parte de la
segunda moratoria.
Esta cantidad, asignada en 2021, representa la
85% del importe total dotado por el Gobierno de Canarias para cubrir
contingenciasque asciende a 548 millones.
Estos recursos se enumeran como
reserva presupuestariapara cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante la ejecución del presupuesto.
En este caso, Transición Ecológica ha entregado esta cantidad a
cascada de frases especificando que la comunidad autónoma debe indemnizar o expropiar a los propietarios cuyo uso haya sido restringido por la
Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio para la dinamización y ordenación sectorial del turismo. Hasta ahora, tampoco ha sucedido.
«Mención especial» del Auditorio de Cuentas
Esta partida presupuestaria merece una «mención especial» por parte del
Audiencia de las cuentas de Canarias en su informe de
Revisión de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2021ya que -precisa- no se había previsto ninguna provisión relativa a esta materia hasta 2020, y al año siguiente la cantidad ascendía a 468,2 millones.
Al final de Mayo,
la Junta Directiva aprobó 26 decretos respetar la
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) relativa a la aplicación de la ley de turismo por parte de la
«daño causado» en muchas otras parcelas ubicadas en
San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Yaiza y Pájara.
Los dueños de estas tierras reclaman una
indemnización de 650 millones de euros En noviembre, el Ejecutivo aprobó otros
siete decretos relativo a siete expedientes en
Mogán y San Bartolomé. En este caso, los demandantes creen que deberían ser indemnizados con
80,5 millones.
sin embargo, el
evaluación ejecutiva está lejos de estas cifras y cree que la cantidad a pagar por los primeros 26 lotes está entre
tres y cinco millonespues entiende que sólo fueron perjudicados durante los cinco años que no pudieron usar esas tierras, y no durante los 50 años como pretenden los propietarios.
años de litigio
La verdad es que después de un
«largo proceso judicial» que ha llegado a las más altas instancias -el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional-, según explicó en su momento
El portavoz del Gobierno, Julio Pérezla comunidad autónoma tuvo que ejecutar las sentencias, aunque aún queda por definir la valoración de los daños.
Algunas empresas afectadas han indicado que «siguen esperando» que se determina el valor exacto para que, una vez definido, se pueda cerrar un trato «si estamos satisfechos con la estimación».
Los decretos gubernamentales lo incluyen
ayuntamientos debe proceder, en seis meses, a una
cambia tus planes modificar los usos previstos y reclasificarlos como suelo rústico. En caso contrario, el Ejecutivo lo hará de oficio. Al final de este proceso de reclasificación,
algunas parcelas podrían ser expropiadas.
Queja
A fines de 2021, el Departamento de Transición Ecológica había incorporado poco más
856 millones fondo de riesgo por las sumas reclamadas por los propietarios de los terrenos en cuestión.
Una cifra superior a la inicialmente reclamada por los demandantes, que asciende a
652 millones. De esta cantidad, 157 corresponden a solares situados en Pájara, 425 en San Bartolomé de Tirajana, 51 millones en Mogán y otros 18 millones en Yaiza.
Segundo
Viceministerio de Servicios Legalesel departamento que preside José Antonio Valbuena no había determinado el monto que corresponde al pago de los trámites abiertos, aunque “en casi todos ellos existen requerimientos recientes que instan a esta administración para la
pronta ejecucion de la sentencia y fijando, en su caso, la indemnización correspondiente» y una provisión estimada de 856 millones.
Este importe fue ajustado y reducido en 204 millones, entendiéndose que se habían incorporado partidas que no debían incluirse y que se referían a terrenos en Gran Canaria y Fuerteventura.
En todo caso, y al no existir indemnización exigida por la jurisdicción, la administración ha optado por la
«estimación segura calculada» y vuelve a rebajar la cuantía en 184 millones,
hasta 468 que finalmente aparecen entregados
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