A lo largo de las últimas décadas, Canarias ha logrado construir un modelo turístico exitoso que ha sabido combinar la iniciativa empresarial con la estabilidad y la calidad que exige un destino maduro y competitivo. En este modelo, la unidad de explotación ha sido una herramienta eficaz para ordenar y profesionalizar la gestión de los complejos de apartamentos turísticos, garantizando una experiencia satisfactoria para los visitantes y manteniendo un nivel de servicio acorde con la reputación internacional de las Islas.
La unidad de explotación ha sido fundamental para la supervivencia de muchos complejos extrahoteleros, permitiendo que inmuebles destinados al uso turístico se gestionen de manera empresarial, asegurando la coordinación de servicios esenciales como recepción, limpieza, mantenimiento, entre otros. Esta fórmula ha beneficiado tanto a los gestores como a los propietarios individuales, así como al interés general.
Sin embargo, en la actualidad, es necesario revisar las herramientas que han regido el sector turístico en Canarias. Los avances tecnológicos han transformado la forma en que se comercializan los alojamientos, y la demanda turística requiere nuevas fórmulas, algunas de las cuales implican mayor flexibilidad. Es por ello que los empresarios del sector extrahotelero en la isla de Gran Canaria apoyan la voluntad reformista expresada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.
Es fundamental adaptar la normativa a la realidad actual, manteniendo siempre el principio de preservar la calidad y sostenibilidad del destino turístico. Además, es necesario adoptar garantías para evitar la litigiosidad en el sector, ya que esta situación perjudica a todos los operadores por igual. Los propietarios deben poder comercializar sus apartamentos turísticos de forma independiente, siempre y cuando contribuyan proporcionalmente a los costes comunes que hacen posible la explotación turística.
La participación en los costes comunes es una cuestión de equidad y corresponsabilidad, ya que todos los operadores del sector, tanto empresas gestoras como propietarios individuales, se benefician de la buena gestión de los complejos turísticos. La falta de contribución a estos costes comunes puede llevar al deterioro de las instalaciones, la pérdida de calidad, la reducción de precios y, en última instancia, la pérdida de empleo y competitividad.
La fragmentación en la gestión de los complejos turísticos ha provocado la desaparición de miles de plazas extrahoteleras y puestos de trabajo en Canarias. Además, esta situación afecta la conectividad aérea de las Islas, ya que los touroperadores necesitan contratar bloques de plazas homogéneas dentro de un mismo complejo. La residencialización progresiva de los complejos turísticos también genera conflictos y daña la imagen del sector.
Por tanto, es crucial reformar la unidad de explotación para garantizar la calidad y la buena gestión de los complejos turísticos. Se debe buscar un equilibrio entre la libertad de comercialización y la obligación de participar en los costes comunes de manera transparente y proporcional. Proteger lo que funciona, adaptar lo que sea necesario y actuar con visión de futuro son las claves para mantener el liderazgo turístico de Canarias.
En resumen, la unidad de explotación no es un privilegio empresarial, sino una garantía de calidad, orden y justicia en el sector turístico de las Islas Canarias. La reforma propuesta por el Gobierno de Canarias busca asegurar la sostenibilidad y equidad en el sector, promoviendo un modelo turístico moderno, justo y sostenible basado en la corresponsabilidad económica.
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