Canarias abre su séptimo año judicial a la sombra del caso Alba, con el exmagistrado en libertad 300 días después de su condena

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Alba fue condenado con pena firme a seis años y medio de prisión y 18 años de interdicción por los delitos de prevaricación judicial, corrupción y falsedad en documento oficial. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre de 2021 la sentencia dictada por el TSJC dos años antes, en septiembre de 2019.

Según esta resolución, Alba ha torcido un procedimiento judicial contra un empresario por defraudación fiscal con fines ajenos a los hechos investigados. Su finalidad era vulnerar la carrera profesional y política de la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, que había sustituido al frente de ese juzgado, Educación 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando la magistrada solicitó la excedencia como titular. candidato a las elecciones generales de finales de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La falsa noticia preparada por Alba favorecía la denuncia (finalmente archivada) que había presentado José Manuel Soria contra Rosell, por entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, presidente del PP de Canarias y rival de Rosell en las elecciones.

El exmagistrado recibió la notificación sobre las 17.00 horas de este jueves en su domicilio, por lo que deberá ingresar al penal antes de la misma hora del viernes. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tardó once meses en ejecutar la sentencia firme dictada contra Salvador Alba.

El plazo para el ingreso voluntario en prisión del exjuez se paralizó desde el 15 de febrero, fecha en la que su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que afirmaba que su cliente padecía una grave enfermedad que le impedía viajar en avión. y acudir a alguno de los cinco centros penitenciarios -todos de la Península- que cuentan con formularios de alta seguridad para las autoridades vinculadas a la persecución de los delitos. Así que solo quedaba un día hasta que expirara ese período. Es decir, las 24 horas que ahora, ocho meses después, la Sala de lo Penal ha concedido a Alba para entrar en uno de estos centros penitenciarios, que se encuentran en Madrid (Extremera), Sevilla (Sevilla 1), Albocasser (Castellón 2) , Lugo (Monterroso) y Logroño.

En este periodo, hasta tres informes forenses (dos de los cuales anulados después de que el detenido hubiera recusado a sus autores) concluyeron que las enfermedades denunciadas por Alba no eran incompatibles con su estancia en prisión y podían ser tratadas en estos centros, por lo que no había motivo. no ejecutar la sentencia.

La última estratagema de la defensa del exjuez fue inhabilitar al presidente del TSJC por responder a una pregunta de un diputado del grupo Sí Podemos sobre el retraso en la ejecución de su pena de prisión en una comisión del parlamento regional. En esta comparecencia, Juan Luis Lorenzo Bragado defendió la «limpieza» con la que actuó la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en este «y en todos los procedimientos» para la ejecución de la sentencia y negó que haya habido trato diferenciado o privilegiado a los caso de Salvador Alba.

El fiscal ya ha advertido del «evidente espíritu dilatador» de esta maniobra del exjuez, que desde febrero ha desplegado multitud de recursos para intentar evitar o retrasar la ejecución de la sentencia.

Seis años y medio del caso Alba

El caso Alba se inició en mayo de 2016, luego de que el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, aportara ante los tribunales una grabación que realizó en el entonces despacho del juez de la sexta sección del juzgado provincial de palmas. En el audio de esa reunión clandestina organizada por el propio magistrado (según los hechos probados de la sentencia) se escucha una conspiración contra Victoria Rosell.

En esa cita Alba pidió al empresario, al que estaba investigando por presunto fraude fiscal, que aportara pruebas que pudieran dañar la reputación de Rosell y, a cambio, se comprometió a demandarle. “Tú lo acreditas, lo hacemos así, lo llevamos a trámite y luego arrancamos la maquinaria”, le dijo a su interlocutor. «¿Y el fiscal?» preguntó Ramírez. “El fiscal tendrá que joder”, respondió el ahora condenado.

En la grabación íntegra de esa conversación, que apareció en la cesta del aparato que utilizó el empresario para grabarla, aparece el nombre de José Manuel Soria:

Ramírez:¿Crees que es bueno para José Manuel por la causa que tiene?

Amanecer: A ver, la causa que tiene, creo que prospera si o si, como sea, pero claro esto…

Ramírez: Sí eso es todo, admitirlo a trámite.

Amanecer: Sí, claro, pero esto ya…

Alba siguió ejerciendo hasta julio de 2018. También presidió juicios como el caso de corrupción Faycán en el municipio de Telde, Gran Canaria, que derivó en la condena del Partido Popular (PP) como responsabilidad civil subsidiaria a pesar de que el juez primero, ex suspendido de su cargo, trató de evitarlo con una votación particular en la que abogó por la absolución de esta formación. El auto de apertura del juicio apartó a Alba de la judicatura como medida cautelar. El juicio tuvo lugar en julio de 2019 y dos meses después el TSJC dictó sentencia que le condenaba a seis años y medio de prisión y 18 años de interdicción, además de imponerle una multa de 12.150 euros y el pago de una indemnización de 60.000 euros. a la víctima de sus crímenes, Victoria Rosell, por el daño moral causado.