La fiscalía ve indicios de que Aproximadamente 47.500 euros de fondos públicos destinados al mantenimiento de los centros de menores que gestionan y a la asistencia integral y formación de sus reclusos fueron desviados a las cuentas personales de los cuatro directores acusados. Pero además de esto, también detecta transferencias y pagos que, a priori, no tendrían nada que ver con las funciones de estos recursos de alojamiento. Se gastan en productos farmacéuticos como viagra o métodos para dejar de fumar, en restaurantes o en tratamientos de belleza. Y entre ellos, un «gasto inusual de combustible» en los núcleos de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, y La Santa, Arrecife.

Según la denuncia presentada por el fiscal Javier Ródenas, a la que tuvo acceso este diario, Entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021, la tarjeta bancaria de la cuenta asociada a la gestión diaria del centro juvenil Acorán facturó hasta 20.288,46 euros de gasolina, tal como se refleja en la justificación de gastos semanal que presenta su director, quien anteriormente fue director del recurso de emergencia de Puerto Bello, Puerto Rico. Esto supone una media de 3.385 euros al mes, o 99,22 euros al día. Un desembolso que supondría recorrer cada día unos 1.200 kilómetros con el vehículo. Una cifra que parece muy complicada teniendo en cuenta el tamaño de la isla y las actividades diarias que realiza un centro como este.

Varios suministros diarios

El fiscal también señala que, la mayoría de los días, hay múltiples repostajes de diferente importe sin que en las facturas aparezca la matrícula del vehículo o vehículos que han ido a gasolineras. Algunos días reflejan hasta doce suministros. Una actitud que también se vería en el caso del dispositivo de emergencia para menores de La Santa, donde hay hasta siete u ocho cargas distintas. Aquí el gasto medio de combustible es de 47 euros al día, equivalente a unos 580 kilómetros recorridos al día.

Además del gasto «desproporcionado» en este concepto, el foco está puesto en la justificación del gasto en términos de bonos de transporte que también presenta el director de Akoran. En este sentido, En los seis meses de estudio se esperan facturas de ‘bonoguaguas’ por un importe total de 6.129,90 euros. Se trata de una media de más de 1.000 euros al mes sólo por el traslado de menores residentes. Esto hace, “si cabe, aún más irreal el elevado coste del combustible que se da como justificación”, subraya Ródenas.

Aproximadamente 9.000 euros «apropiados».

El alto costo del combustible no es la única irregularidad que Anticorrupción señala en su denuncia, en la que reconoce indicios de la posible comisión de los delitos de falsificación de escrituras comerciales, administración indebida y/o malversación de caudales públicos. El director de este centro de emergencia para la acogida de menores migrantes no acompañados de Tafira, Fernando PR podría haber desviado 8.816,85 euros para su aprovechamiento económico ilícito, porque no se contabilizaron en el informe de gastos semanal del recurso.

Es por ello que, entre las diligencias que el fiscal le solicita al juzgado se encuentra la llevar a cabo una auditoría contable integral para estudiar en profundidad cómo se asignaban los fondos 12,5 millones de euros de dinero público que el Gobierno de Canarias adjudicó entre 2020 y 2022 a la Fundación demandada. Un examen que es «imprescindible» para completar la instrucción del procedimiento debido a la mala justificación de los gastos y al gran volumen de recibos sin numerar o mal identificados.