El municipio de Tejeda, en lo alto de Gran Canaria, es uno de los pueblos más bonitos de España por sus casas blancas y tejados de arquitectura tradicional isleña, la vista a los peñascos del Nublo y Bentayga, las calles serenas y la pureza del aire. En este municipio, con una superficie de unos 103 kilómetros cuadrados, conviven apenas 1.865 habitantes. Y aunque no lo parezca, la matriculación masiva de coches que registra cada año nos condena a registrar la huella de carbono per cápita más alto de todo el archipiélago.

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El Gobierno de Canarias ha publicado recientemente un mapa interactivo detalle de las emisiones anuales de gases contaminantes por municipio. Los datos, con fecha de 2019, sitúan a Las Palmas de Gran Canaria como la región que más dióxido de carbono (CO2) expulsa, con un total de 1,64 millones de toneladas, en segundo lugar Santa Cruz de Tenerife (910.000 toneladas) y San Cristóbal de La Laguna el tercero (678.500 toneladas).

Entonces, en bruto, las cifras no dicen mucho sobre Tejeda. Pero dividiendo las emisiones municipales por el número de personas empadronadas, esta ciudad grancanaria destaca por encima de cualquier otra. En Tejeda, el ejecutivo autonómico registra unas emisiones anuales de 30,7 toneladas de CO2 por habitante, muy por encima de Betancuria (9,8 toneladas), segunda consecutiva, y de la media regional (4,7 toneladas).

La razón de esto está dentro. la naturaleza del cálculo del autogobierno, elaborado por el Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Para estimar la expulsión de gases de efecto invernadero, los técnicos midieron el consumo de electricidad, la instalación de energías renovables, el tratamiento de residuos y el consumo de edificios, plantas y vehículos.

El ITC ha establecido una relación entre el uso total de cada tipo de combustible (gasolina, gasóleo y GLP) y el número de turismos en cada localidad. Por cada litro de gasolina consumido, un vehículo emite una media de 2,35 kilogramos de CO2. Y por cada litro de diésel, alrededor de 2,64 kg de CO2, según información del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA).

Pero la metodología mencionada no incluye las rutas que recorrieron los autos ni en qué barrio o comuna expulsaron más CO2. El ITC asigna las emisiones de dióxido de carbono de cada coche al municipio de matriculación. Y en estas condiciones Tejeda tiene todas las de perder.

Esta localidad, ubicada a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una flota de 31.500 automóviles. O lo que es lo mismo: 17.380 vehículos por cada 1.000 habitantes, el valor más alto de todo el archipiélago. Vilaflor de Chasna (1.543 por 1.000 habitantes), en Tenerife, y Artenara (1.349 por 1.000 habitantes), en Gran Canaria, completan las tres primeras posiciones del ranking. Pero es evidente que ninguna región le hace sombra.

Tejeda comenzó a incrementar significativamente su flota a partir de 2013, un año antes de que el Ayuntamiento aprobara una nueva ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Propulsión Mecánica (IVTM), un gravamen directo que grava la titularidad de los automóviles, gestionados exclusivamente desde las entidades locales y que en 2018 ascendió a 2.398 millones de euros para el erario público.

La legislación de este impuesto define una tabla de tasas en función de la potencia y clase del automóvil. Sin embargo, permite que los consistorios aumenten las cuotas predeterminadas al doble y luego aumenten más por cada inscripción. Lo normal es que los ayuntamientos suban las bases imponibles. Pero el consistorio de Tejeda prefirió pasar de 2014 al tipo más bajo posible y también establecer descuentos del 40% para vehículos eléctricos o híbridos, algunas clasificaciones específicas del IDAE y del 100% para coches considerados “históricos”.

De esta forma, una tasa turística de entre 12 y 15,99 caballos paga 119,42 euros al año en Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la isla, por el IVTM, mientras que en Tejeda paga solo 71,94 euros. El alcalde del último municipio en cuestión, Francisco Perera (Asociación de Votantes por Tejeda), reconoce que le paga al consistorio por seguir esta lógica por la masiva matrícula que están viviendo. De 2021 a 2022, Tejeda matriculó más de 7.000 coches nuevos.

“Llegamos a la conclusión de que podríamos haber bajado el impuesto municipal y habríamos recuperado la diferencia con el mayor número de unidades de vehículos matriculados”, apunta Perera en Canarias Ahora.

Esa «curación» de la que habla Perera no llega por arte de magia. El concejal confiesa que antes de bajar el IVTM negoció con las empresas de alquiler de coches para llegar a un acuerdo. “Estas empresas también están tratando de mejorar su economía”, agrega.

Al instalarse en Tejeda y no en la capital grancanaria, por ejemplo, los comerciantes de alquilar un coche podrían ahorrar entre ocho y 70 euros al año por cada coche, dependiendo de la capacidad fiscal de cada uno. La clave es que los ahorros ahora se cuentan por miles y miles. Perera asegura que podría haber más de 20 empresas alquilar con domicilio fiscal en el municipio.

“Aquí se da lo que llamamos “cacería de contribuyentes”. Muchos municipios de España realizan una acción comercial, es decir, buscan empresas de alquiler de coches porque saben que en sus calles no hay vehículos. [pero sí ganan dinero por ello]. En Tejeda, evidentemente, los 30.000 coches de la flota no la utilizan», explica Mario Arnaldo, presidente de Asociados de automovilistas europeos (EEA).

La ley permite que empresas de este tipo registren sus autos en un lugar específico y luego operen la flota en cualquier otro lugar. un coche de alquilar un coche podría usarse a miles de millas de donde está registrado. Y no hay nada ilegal en eso. Lo único, eso sí, es que se están creando los llamados «paraísos fiscales del automóvil», argumenta Arnaldo, que surgen en toda España a raíz de la eliminación de los códigos provinciales en las matrículas a principios de este siglo.

“Antes alquilabas un coche en Barcelona y querías que tuviera matrícula de Barcelona y no de Madrid. Pero al eliminar estas denominaciones, ya no sabemos de dónde viene el vehículo”, añade Arnaldo.

En algunos municipios madrileños de menos de 1.000 habitantes, como Rozas de Puerto Real o Patones, se matriculan cada año miles de coches gracias al trato fiscal privilegiado que ofrecen. La AEMA estima que el ahorro en un paraíso fiscal podría ser del 365%. Y afirma que muchos de ellos inflan mucho sus cuentas por eso.

A Tejeda, sin ir más lejos, La recaudación del IVTM alcanzó los 470.500 euros en 2018, más de la mitad de todo lo que se embolsa el Ayuntamiento a través de los impuestos directos y cerca del 13% del dinero que inyecta anualmente el Ayuntamiento (3,75 millones de euros). El municipio puede presumir de tener cuentas sanas. Ni siquiera un euro de deuda, según la última actualización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El problema para las mencionadas demarcaciones y muchas otras es que cada vez son más las críticas a los paraísos fiscales automotores. La Asociación Nacional de Inspectores Locales de las Finanzas Públicas (ANIHPL) denunció recientemente la ficticia «reubicación» de vehículos de alquilar a regiones con impuestos más bajos, donde supuestamente abren tiendas fantasmas como tapadera.

La ANIHPL asume que se trata de una práctica «lícita y legítima», pero critica que algunos municipios no aumenten la base tarifaria del IVTM y, al mismo tiempo, apliquen bonificaciones de hasta el 75%, lo que explica que existan localidades con más de 100 autos por habitante, pero en la práctica no hay “ni rastro” de ellos.

“Esto es arbitraje fiscal. Y es una ineficiencia porque significa que las empresas se establecen no sobre la base del valor de la productividad del territorio, sino sobre la ventaja fiscal. Si no quieres que eso suceda, hay que normalizar, pero para eso no se debe repercutir este impuesto a las empresas locales”, razona Guillem López-Casasnovas, exdirector del Banco de España y uno de los autores del el Documento Blanco de Reforma Tributaria.

Por otro lado, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), que agrupa a decenas de organizaciones no gubernamentales especializadas en esta materia, ha pedido la «ecologización» del IVTM, antes conocido como impuesto de circulación. que ésta no depende sólo de la potencia del vehículo, sino también de las emisiones de CO2 y de aquellas “con un impacto más local, que afectan a la contaminación ambiental (calidad del aire y salud de las personas) y al nivel de ruido”.

“El impuesto de circulación, tal como está concebido actualmente, no refleja los impactos ambientales que generan los combustibles fósiles. Y también debe haber un cambio”, dice Carlos Bravo, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro del equipo de T&E en España.

El Libro Blanco de la Reforma Fiscal propone rediseñar el IVTM con un tipo impositivo creciente en función del nivel de emisiones de CO2 de los automóviles. El documento considera que «España tiene un parque automovilístico obsoleto y dieselizadofuente de daños ambientales considerables y otros costes externos» y conviene «fomentar la sustitución de las unidades más contaminantes por alternativas limpias».

El nuevo impuesto ideado por los expertos propone cinco bandas de emisión, desde los vehículos que emiten a la atmósfera igual o menos de 55 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, hasta los que emiten más de 175 gramos. Cuanta más contaminación, mayor es la proporción. Y en total la recaudación podría alcanzar los 2.110 millones de euros.

En este sentido el a relación elaborado en coordinación con asociaciones ecologistas, explora este tema y subraya que “las bonificaciones [actuales del IVTM] no parecen suficientes para desincentivar la titularidad de vehículos más contaminantes”, por lo que es necesaria una “reconversión”, señala Ignasi Puig Ventosa, doctor en Ciencias Ambientales y coordinador de las áreas de Economía, Medio Ambiente y Residuos de la Fundación ORL.

“Creo que en este caso estamos ante un problema de diseño fiscal, porque estamos privilegiando un medio de transporte [la del renting] que probablemente esté sobreofertado en comparación con alternativas de movilidad más sostenibles. (…) Una posible solución sería que el Estado diera menos espacio a la modulación de las cuantías a nivel municipal”, razona Puig.

Pero para ello habría que modificar la Ley Reguladora de Hacienda Local, algo que por el momento no parece estar sobre la mesa del Gobierno nacional.

Tejeda tendrá entonces que seguir conviviendo con las dos principales consecuencias de haberse convertido en un pequeño paraíso fiscal para el automovilismo: los ingresos económicos derivados de los vehículos que no circulan por sus vías y el destino de las emisiones de gases contaminantes, según el método utilizado por el ‘TIC.

El alcalde de la ciudad, Francisco Perera, dice que es solo «una fórmula matemática». Y anima a los curiosos “a venir aquí, a Tejeda, y medir el aire que tenemos. Ahora que uno es un hecho real, y no el otro, que es puramente ficticio.