El incidente en el que Carmelo Batista, magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, expulsó el pasado 10 de abril al abogado Tomás Valdivielso de un juicio por un conflicto laboral, podría llegar al Consejo General del Poder Judicial.

En un comunicado al que accedió Atlántico hoy, Él Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas deroga algunos de los artículos del Estatuto General de la Abogacía 2021 para defender la dignidad de sus miembros.

Independencia y dignidad

Dicho estatuto establece en su artículo 58, en el cual se salvaguarda la protección de la libertad e independencia de la abogacía, establece en su numeral 2 que “si el abogado cree que la autoridad, juez o tribunal restringe la independencia y la libertad necesarias para el ejercicio de los deberes profesionales, o quien no retenga la contraprestación en razón de su función, podrá declararla ante la propia autoridad judicial e informar a la Junta Directiva. Si la Junta estima fundada la denuncia, adoptará medidas activas para proteger la libertad, la independencia y la dignidad profesional”, se lee en el escrito.

En el punto 3, los detalles de la declaración, se explica que “Los Colegios notificarán las amparos concedidos a las autoridades, jueces o tribunales que hayan restringido su libertad o independencia de los profesionales del Derecho y denunciará tales conductas, en su caso, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones competentes”.

respeto mutuo

Los abogados de Las Palmas también recurren el código deontológico que exige “Mantener el respeto por todos los que intervienen en la Administración de Justicia pidiendo un mismo y recíproco comportamiento”.

Asimismo, informan que en el estatuto vigente se señala en su artículo 45, denominado vulneración de los derechos profesionales, que: “si el procurador considera que la autoridad, juzgado o tribunal limita la independencia y libertad necesarias para el ejercicio de su profesión deberes o que no respeta por el prestigio de su profesión, Podrá inscribirlos de esta forma ante la propia autoridad judicial e informar a la Junta Directiva del Colegio. Si la Junta estimare fundada la denuncia, adoptará las medidas adecuadas para proteger la libertad e independencia y el prestigio profesional”.

Los abogados de Las Palmas explican que entre los deberes y obligaciones del Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados, son la defensa y tutela de los abogados y procuradores que apoyan en la administración de justicia.

Podría llegar al CGPJ

También advierten que tienen derecho a denunciar hechos que consideren lesivos al respeto debido al abogado, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las instituciones competentes.

“También se ha manifestado públicamente, en diversos medios de comunicación y redes sociales, que nuestra institución colegiada ha difundido el video de la audiencia en la que ocurrieron los hechos denunciados, el cual ha trascendido por su amplia difusión entre las profesiones jurídicas, lo cual es absolutamente incierto y porque supone un desprestigio inmerecidose ejercerán las acciones legales correspondientes para su esclarecimiento definitivo”, concluyen.