los
tensión en el departamento de bomberos se intensifica y tiene como objetivo tener cada vez más visibilidad en la carretera, con
demostraciones como los que este viernes recorrerán la distancia entre el parque de San Telmo y la plaza de Santa Ana, y más presencia en los juzgados. La reciente ordenanza que presentó la denuncia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra nueve bomberos por pintadas y vandalismo en los parques está a punto de convertirse en una
larga batalla judicial.

Por un lado, el Ayuntamiento ya ha impugnado el sobreseimiento de la causa. El recurso fue anunciado este miércoles por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo. “Ya ha sido impugnado.
Estas son situaciones reprobables y despreciables.No se puede permitir el acoso a los compañeros, no se puede presionar a nadie, más allá de la ley.
Estamos protegiendo a los trabajadoresen este caso a los controles… No sé el resultado, pero nuestro trabajo es que todos los trabajadores estén protegidos”, explicó.

Los Servicios Jurídicos denunciaron a nueve agentes por la presunta comisión de delitos de coacciones, calumnias con publicidad, injurias y daños a cosas de dominio público, como presuntos grafiteros, ataques a las taquillas y vehículos de algunos agentes, y unas expresiones proferidas en un twitter cuenta.

Sin embargo,
el auto ahora impugnado desmantela el cargo municipal por falta de concreción. Así, en el caso de las coacciones, se advierte que “ni siquiera se acreditan e identifican individualmente a los efectos de su evaluación”; En cuanto a las calumnias, cabe señalar que “las expresiones dadas no constituyen esta tipología penal, en relación con el conflicto sindical ‘Interpartidario’”; lo mismo se aplica a los insultos; y, por último, en cuanto a los daños a los bienes públicos, “no existen datos individualizados sobre la participación concreta de los imputados”.

El expediente de denuncia que acaba de impugnar también sirve como munición para los agentes en conflicto con la administración. Así, el vocero de la Unión de Policías y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, entiende que “
esta cacería de brujas del alcalde es una tontería cuyo fin es coartar la libertad sindical y silenciar las protestas de la plantilla por las condiciones laborales en las que nos ha puesto este grupo de gobierno».

Ojeda lo entendió como “un abuso del alcalde”, ya que “utilizó los recursos del Municipio y el dinero del pueblo para perseguirnos, intimidarnos y poner en crisis a las familias,
pide hasta siete años de prisión«.

Por ello la URSS anuncia que “iniciaremos las correspondientes diligencias lesivas para denunciar este acoso, este atentado a la libertad sindical y al honor, presentando todas las solicitudes necesarias para que el alcalde no se salga con la suya en este crimen mafioso”.

También pidieron al grupo de gobierno que retirara el recurso. “No empleéis el dinero de la ciudad sino para mejorarla del abandono en que está sumergida, etc.
dotarnos de los medios necesarios que los ciudadanos merecenÉl concluyó.

Según el portavoz de Comisiones Obreras (CC OO), Víctor Monzón, la denuncia del Ayuntamiento «no se guió por el deber de llevar ante la justicia los hechos delictivos, sino que se limitó a presentar un documento plagado de insinuaciones, rumores y acusaciones vagas».

Para ello pide al alcalde que acepte negociar con los sindicatos “la forma en que se realiza el servicio en la ciudad, que claramente es mejorable dada la precariedad con la que se sigue realizando a día de hoy”.

Desde UGT, Ángel Sánchez estima que «se ha iniciado una querella para intentar intimidarnos y que no sigamos con nuestras declaraciones». Para él la denuncia fue infundada porque “solo estábamos defendiendo el interés del grupo, que está sufriendo un atropello por parte de la administración, con dispositivos de protección de intervención vencidos, contratos bloqueados, sin agua potable en los parques e instalaciones de Miller. Antihigiénico bajo, con sanitarios rotos y mohosos, camas en mal estado…».

Nos asegura que todas estas carencias ya fueron denunciadas ante la Inspección de Trabajo. Pero también anuncia que “los sindicatos emprenderán acciones legales porque
se ha violado el derecho de sindicación y defensa de los trabajadores«.

Pese a estas diferencias y al establecimiento de parte del conflicto en el Poder Judicial, el alcalde dijo que el Gobierno está abierto a la negociación. «Un conflicto colectivo no existe por regulación, es una situación que se genera fuera de los cauces legales, pero
esperamos que la situación se normalice con la negociación», explicó, «la tensión es normal en los procesos de negociación».

Augusto Hidalgo subrayó que «en las condiciones de trabajo se puede avanzar más» porque «desde el punto de vista salarial, en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria los trabajadores están muy bien pagados».

En cualquier caso, entiende que estos problemas “no deben ensombrecer el trabajo diario de los bomberos”.