Dos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria han abierto una grieta en el esquema legal por el que muchos saharauis son devueltos a la misma frontera cuando intentan entrar en España a través de un aeropuerto, ordenándoles permanecer en el país mientras proceden como apátridas.
Brahim y Mohamed (nombres presuntos) se enfrentaron al limbo legal que retrató Steven Spielberg en 2004 en la película «La Terminal» en el aeropuerto de Gran Canaria: el del viajero que permanece atrapado durante semanas en la sala de rechazos de un aeropuerto, literalmente en el suelo cualquiera, porque las autoridades del estado donde llegaron (España) no reconocen como tal al país que expide sus documentos (República Árabe Saharaui Democrática).
Al crecer en el exilio en Argelia, estos dos jóvenes, de 25 y 27 años, habían decidido que ya no podían soportar las condiciones cada vez más precarias de los campos de refugiados de Tinduf y que preferían emigrar a España, donde habían pasado varios veranos. de niños, con el programa Vacaciones en Paz, y donde tienen una familia, cuenta a Efe su abogada, la abogada canaria Loueila Mint El Mamy.
Al desembarcar en Gran Canaria del vuelo de Mauritania Airlines que les llevaba desde Nouakchott, los dos descubrieron que les denegaban la entrada a España, les denegaban sus solicitudes de refugio (en sus tres modalidades: asilo, protección subsidiaria y por razones humanitarias). se inició la cuenta regresiva para obligarlos a emprender un vuelo de regreso al punto de partida.
Los dos estuvieron varados durante dos semanas en la habitación denegada del aeropuerto de Gran Canaria, Brahim del 8 al 24 de mayo y Mohamed del 31 de mayo al 14 de junio, hasta que su abogado, saharaui como ellos, activó la última opción: advertir formalmente al Asylum. y Refugiarse de que sus clientes son apátridas ante los ojos de la ley, ya que España no reconoce la RASD.
“Latebjlili chi”, le dijo el padre del primero de ellos a Mint El Mamy en Hassanía, quien se sintió abrumado por unas palabras que un saharaui solo pronuncia cuando sabe que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo: “No No dejes de hacer todo lo que puedas por mí».
“Para mí, ya me he puesto presión… imagínate”. Esta abogada saharaui comparte un pasado con los dos chicos a los que atendió: nació en campos de refugiados, también siguió el programa Vacaciones en Paz y sabe lo que significa luchar contra el muro legal con el que luchan los saharauis en España.
Hasta hace unos meses España le negaba la ciudadanía a pesar de vivir en Canarias 23 de sus 31 años (desde los 8) y ejercía como abogada en los tribunales españoles desde que se graduó alegando que no ha acreditado estar integrada en sociedad española. Ganó esa batalla el 13 de enero, pero todavía está luchando por la difícil situación de sus hermanos.
En el caso de uno de los chicos del aeropuerto, tuvo que acudir al juez de guardia de Telde, el pueblo más cercano, porque ya estaba haciendo cola para embarcar en el vuelo a Mauritania con la policía. Con esta prórroga en el último segundo logró convencer a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que ordenara, como medida cautelar, autorizar su entrada en España y suspender «cualquier actuación material que prevea la devolución del demandante».
La tesis de ese tribunal, a la que luego se añadió otra, es nueva, hasta donde sabe Mint El Mamy: no se puede devolver simplemente al solicitante de apatridia, porque si la solicitud se resolviera entonces a su favor, el daño sería irremediable.
En realidad, estos dos tribunales dan un paso más en el camino trazado por el Tribunal de Casación el 23 de julio de 2020, incluso con un saharaui: la Oficina de Asilo está obligada a abrir de oficio un expediente de apatridia cuando tiene conocimiento de que una persona puede sufrir de esta situación, protegidos por convenios internacionales, aunque no hayan cruzado la frontera y aún no se encuentren en España. En ese caso, lo sabía porque ACNUR lo reflejó en su informe sobre el solicitante de asilo en el aeropuerto.
Lo mismo sucedió con Brahim y Mohamed. Las ordenanzas que les protegen por ahora no garantizan que el Ministerio del Interior, en primera instancia, y la Audiencia Nacional, en caso de apelación, les reconozcan como apátridas, pero mientras tanto son libres de circular con España y ya están con sus familiares en Madrid y Canarias. EFE
