JAVIER DARRIBA Las palmeras de Gran Canaria

viernes 27 enero 2023, 01:00

El planeamiento de la zona de San Lázaro y la lucha permanente por instalar dos gasolineras en la zona tendrá un coste económico, cuyo importe dependerá de la perspectiva que se adopte. Así, el Ayuntamiento reduce la operación a la expropiación de los terrenos de Petróleo Pedruzcos, mientras que esta empresa entiende que el Ayuntamiento acabará pagando unos 7,4 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ya había ofrecido un cálculo del esfuerzo económico que supondrá la adquisición del terreno de 6.600 metros cuadrados en el que Aceite Pedruzcos quiere construir una estación de servicio y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento se ve obligado a expropiar porque quiere colocar un aparcamiento que dará servicio al cementerio y al resto de las nuevas estructuras (comedor, tanatorio…) que se quieren construir en la zona. El alcalde había esbozado que la cifra no sería muy elevada, sobre todo si se toma como referencia
los 2,8 millones de euros que desembolsó el Consistorio para la adquisición de los 100.000 m2.

Sin embargo, esta aproximación no tiene en cuenta que el territorio petrolero de Pedruzcos pasará de rural a urbano y, por tanto, su precio de expropiación se disparará. La valoración que el Ayuntamiento da por buena de la finca de 2.472 metros cuadrados que se entrega a Disa para construir su estación de servicio y que está situada justo al lado de la gasolinera de Pedruzcos es la referencia. En este caso, el paquete entregado estaba valorado en 1,73 millones de euros.

Con estas cesterías, Aceite Pedruzcos entiende esto
la expropiación de sus tierras podría alcanzar los 4,62 millones de euros.

Si a esto le sumamos el valor de las modificaciones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto a Disa para adquirir parte del terreno donde se ubica su estación de servicio detrás del cementerio de Vegueta, Petróleos Pedruzcos cree que la operación costará aproximadamente 7,34 millones de euros a la ciudad, sin contar el lucro cesante que le exigirán para impedirle abrir su gasolinera.

“Si la operación de dación en pago y cesión de terrenos municipales a Disa (estación de servicio Obispo Romo y remodelación de uso y aumento de edificabilidad de los solares de Eufemiano Jurado y Avenida Alcalde Díaz Saaavedra Navarro”, los cuales están valorados en 4,41 millones de euros, “culminando con la adición de la venta de los terrenos situados en la rotonda Doctor Luis Navarro Pérez” (1,73 millones de euros) “y, simultáneamente, a esta cantidad se suma el valor de expropiación por el que debe indemnizarse a Petruzcos Oil” , que se fija en 4,62 millones de euros, el importe final de la operación queda fijado en los citados 7,34 millones.

Este cálculo es el que realiza Pedruzcos Oil en el pliego de conclusiones presentado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 por el que se solicita la declaración de nulidad del contrato de expropiación de 2015.

Sin embargo, el Ayuntamiento defiende que el cambio de solar propuesto a la Disa preserva el interés general porque las valoraciones son equilibradas, porque se ganará una nueva vía por detrás del cementerio de Vegueta (es el origen de la operación y se planteó, en 2015, urgencia que aún no se ha materializado) y porque se están retirando las gasolineras del centro de la ciudad.

El planteamiento municipal es que la expropiación de 1.225 metros cuadrados para conectar la Ciudad de la Justicia con Mayor Díaz Saavedra, a la espalda del cementerio de Vegueta, costaría 3,31 millones de euros. A cambio de quitarle parte de los terrenos a Disa, el Ayuntamiento le entregó un solar municipal de 499 metros cuadrados en Obispo Romo -que Petróleos Pedruzcos afirma que se hizo directamente y sin subasta previa-, por un valor de unos 939.000 euros; cedió otros 712 metros cuadrados en la calle Alicante para otra estación de servicio, por valor de 1,68 millones de euros; y restó el valor de los nuevos usos que la empresa obtendría en los lotes Alcalde Díaz Saavedra y Eufemiano Jurado. A ello hay que sumar el pago por parte de Disa de 830.000 euros como diferencia entre el valor de lo vendido y lo recibido.

Sin embargo, el sitio de Vega de San José nunca se pudo construir porque la Ciudad necesitaba ese espacio para MetroGuagua. Así, le ofreció la parcela de 2.472 metros cuadrados en San Lázaro, cuyo precio alcanzó los 1,73 millones de euros, por lo que Disa tuvo que aportar la cantidad extra de 53.305 euros.

Estas modificaciones son consideradas por Petróleo Pedruzcos, en el escrito de defensa que constituye el proceso judicial abierto, como un “caso manifiesto de desviación de poder por falta de rigor e inconsistencia de las valoraciones formuladas y aceptadas por el Municipio; los convenios para la reurbanización y aumento de la edificabilidad de los lotes propiedad de Disa; la transmisión de bienes municipales sin respetar el procedimiento establecido para ello; la mera cesión de uso de un trozo de vía, también cristalizada en nada y ni siquiera prevista por el planeamiento; y el recurso a la expropiación cuando el urbanismo instituyera el régimen de ejecución privada para la obtención voluntaria y gratuita de los terrenos de que se trate por la Unidad de Actuación”.

Además, Petróleos Pedruzcos asegura que “no se trata de obtener la cesión obligatoria y gratuita del espacio afectado por el sistema viario y el espacio libre. Ya no se trata de desarraigar una gasolinera del abarrotado centro de la ciudad. Mediante la firma de un convenio urbanístico, injustificado por incomodidad e inadecuación, se trata de aumentar los usos previstos, cambiar los usos previstos y ceder lotes de propiedad municipal, a favor de una entidad privada, a cambio de 876.586,63 euros y la cesión de uso, no de propiedad, de una vía que ni siquiera está incluida en el proyecto”.

La modificación del Plan General se aprueba este viernes en el Pleno. Entonces se abrirá un nuevo período de exposición pública en el que se podrán presentar cargos. Paralelamente, se sustanciarán las tres diligencias judiciales que giran en torno a esta operación urbanística en el entorno de San Lázaro.