El juzgado de instrucción núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la empresa Petróleos de Canarias SAsubsidiario de cepsapor presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La investigación se centra en la importación y posterior venta de gasóleo en el puerto de Las Palmas como si fuera fuel oil, cuya tributación es menor. También indica dos funcionarios de la Agencia Tributaria de Canarias (ATC).
Como habrás aprendido Atlántico hoyLa investigación -que está a cargo del juez Rafael Passaro y el fiscal Tomás Fernández de Páiz- parte de una denuncia presentada por un empresario el 11 de marzo de 2021. La dinámica del fraude supuestamente consiste en que la empresa (Cepsa) importó un determinado combustible (diesel), pero en el Documento Único Administrativo de Importación se le asignó un código TARIC (código arancelario) para el fuel oil.
Una vez llegado el producto a Canarias, se comercializó bajo la denominación comercial de gasóleo industrial/DO Industrial, considerándolo a efectos fiscales de aplicación, recaudación, repercusión y liquidación del impuesto como fuelóleo, en lugar de lo que era. : diésel. El objetivo era pagar menos impuestos, dado que el tipo impositivo del fuel oil es de 0,56 euros/tonelada y del gasóleo de 222 euros/1000 litros. Las investigaciones de la fiscalía lo establecen en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2021 Cepsa pudo haber cometido un presunto fraude de 7.773.298,38 euros. Cualquier establecimiento en el que se haya producido dicho fraude constituiría un delito contra la Hacienda Pública.
Dos funcionarios bajo investigación
Cepsa espera que “la actuación de los tribunales resuelva con prontitud la denuncia presentada por un competidor que se considera perjudicado por la tributación” que la compañía aplica al producto gasóleo para uso industrial. «Cepsa aplica correctamente este impuesto de acuerdo con la legislación vigente, y estamos convencidos de que el proceso judicial demostrará esta circunstancia», explicó la compañía en declaraciones a Atlántico hoy. El martes, los representantes legales de Cepsa y Petróleos de Canarias declararon ante el juez, como investigados.
Petróleos de Canarias SA (Petrocan) es una filial de Cepsa, propietaria del 100% de las acciones, dedicada a la recepción, almacenamiento y suministro de combustibles marinos en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz. En 2021, la empresa registró una facturación de 25,5 millones de euros y un beneficio después de impuestos de 9,9 millones. A fines del año pasado contaba con 62 trabajadores en el archipiélago.
Medidas de precaución
Dada la gravedad de los hechos, En mayo, el juez adoptó medidas cautelares y de interdicción inmediata, todas las ventas del producto Gasóleo Industrial/DO Industrial que la sociedad Cepsa pudiera realizar a terceros en las que no se aplicara y trasladara el tipo impositivo especial sobre los carburantes derivados del petróleo correspondiente al gasóleo. Dicho esto, el 5 de octubre Cepsa dejó de responder a los pedidos de gasóleo industrial alegando fuerza mayor.
Todo ello en beneficio de la empresa, que además adquirió una posición dominante en el mercado al ofrecer el gasóleo a un precio mucho más competitivo que cualquier competidor que lo gravaba conforme a la ley, así como compradores que se ahorraban prácticamente la totalidad de la carga fiscal. del precio del producto. Naturalmente, los investigadores señalan que el mayor perjuicio lo habría sufrido la Agencia Tributaria de Canarias.
