EL Fiscal Anticorrupción pidió al juez del caso Menas que investigara la empresa propietaria de la propiedad donde se encuentra el centro de menores no acompañados de Acorán, en el barrio de Tafira. La diligencia estará encaminada a esclarecer si, como pretende el fiscal, ha habido «facturación sobredimensionada» de 505.685 euros por el alquiler de la casa.
Búsquedas anteriores han encontrado que el Fundación para la Respuesta Social del Siglo XXI – quien gestionaba el centro – pagaba al dueño del inmueble – al comerciante – con dinero público Punto de pino SL– 605.000 euros por alquilar una casa a «estado deficitario» por un año, nueve meses y 18 días.
Sin embargo, en lugar de esos 605.000 euros, en cuentas bancarias solo se contabilizaron pagos de 99.315 euros «en el concepto de asignación de vivienda». En este escenario, el fiscal quiere saber dónde están los 505.685 euros restantes.
Siglo XXI pagó la renta «un recargo notorio», seis veces más de lo que cuesta enajenar al comerciante»
Según la denuncia Anticorrupción, la fundación investigada pagó con dinero público a Alquiler «obsceno» de 35.000 euros al mes por el alquiler del edificio Tafira que albergaba el centro. Una cifra que habría dado para comprar el inmueble: “Es más rentable”, describió el fiscal Javier Ródenas.
Entre las otras etapas, Anticorrupción involucró al magistrado de la Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria a cargo del caso que «se concluye la investigación relativa a Pine Point SL» por la existencia de indicios de «desvío fraudulento de fondos públicos a una empresa privada» en los contratos de arrendamiento por ellos suscritos «para el desarrollo del servicio encomendado a los centros de menores extranjeros».
El análisis realizado por los agentes del Grupo I de Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de los contratos firmados entre Siglo XXI y Pine Point SL, según la tesis del fiscal, arroja más sombras que luces.
Por un lado, especificar el precio mensual que pagaron 35.000 euros se fueron totalmente fuera de lo que otras ONG dedicadas a la misma actividad en las islas pagaron por el alquiler.
El fiscal describe que esta cantidad no podía ser «comparada con otros centros ubicados en dicho entorno, con mucha más superficie y mucho mejores instalaciones» y que venían a pagar “entre 5.000 y 6.000 euros”como pudieron comprobar en las distintas visitas de inspección que realizaron.
Analizando las cuentas de Pine Point SL, los agentes constataron que desde el 2 de junio de 2021 hasta el 20 de marzo de 2023, o sea en un año, nueve meses y 18 días, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI transfirió un total de 605.000 euros al propietario de la vivienda situada en la calle Marzagán en alquiler.
Pero también encontraron en las cuentas inspeccionadas «pagos por el traspaso de esta casa, es decir el pago a los propietarios de los mismos, de 99.315 euros».
Esto, según Anticorrupción, significa que «hay indicios» de que la diferencia entre lo que cobraba Pine Point SL a la fundación en concepto de alquiler y lo que cobra este comerciante pagado a sus propietarios ascendió a 505.685 euros. Supone, sostiene la denuncia, que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI pagaría el alquiler de este inmueble, «un recargo notorio, seis veces lo que le cuesta al comerciante disponer»para determinar.
Serrano dijo que fue inspeccionado y examinado a pesar de los informes negativos.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, dijo a los micrófonos del programa De la noche al día de Radio Canarias que había sido «supervisada» y había «control» en la gestión de los cinco centros de menores no acompañados gestionados en las islas por la Fundación Respuesta SocialSiglo XXI. Todo ello a pesar de la existencia de cinco informes negativos realizados por cuatro niveles diferentes de estos espacios.
Serrano declaró a las preguntas del periodista Miguel Ángel Daswani que estaba «igualmente sorprendida por todo lo que se publica estos días», pese a que su organismo está al tanto de la investigación y agregó que «desde este consejo mantendremos toda la colaboración con la Fiscalía». como lo hemos hecho hasta ahora».
«Si realmente fue así, es un escándalo, por lo que la Justicia debe tomar su curso y aclarar esto. En el caso de que no sea así, que alguien en determinado momento pueda cantar el mea culpa porque a veces se hace tanto daño y no se puede reparar”, explicó. “En ocasiones hemos detectado cosas que podrían ser más que mejoradas, por esta y otras entidades”, dijo. “Pagamos 95 euros al menor porque entendimos que con esa cantidad podían cubrir los gastos globales de su tratamiento. Si la institución lo ha malversado, debe pagarlo ante la Justicia, pero la función de la Comunidad Autónoma es comprobar que el dinero se paga para el número de plazas que hay. En todo caso, corresponde al Servicio de Gestión y Planificación de esta Dirección General verificar que el gasto se destine al bienestar de los niños. La auditoría depende de ellos».
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